La pandemia mundial por COVID-19, con 158 millones de personas infectadas y 3,8 millones de muertos según las últimas estadísticas, es una de las crisis de mayor impacto sanitario y social del último siglo. Sin embargo, la vacunación avanza, aunque de forma desigual en función de la capacidad económica de los países, estableciendo una clara dicotomía entre el Norte y el Sur.
Existe una grave falta de vacunación en los países empobrecidos, fruto de la utilización de las vacunas como una mercancía más. Países de renta baja o en conflicto que ni siquiera tienen la capacidad de realizar contratos con las farmacéuticas para disponer de las vacunas, produciéndose así una discriminación en el acceso a la sanidad y a los medicamentos, marcada por su capacidad económica y no por la necesidad o afectación de la pandemia. E por ello que apostamos por el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones como un derecho prioritario, anteponiendo su garantía al beneficio privado; por lo que las vacunas y los tratamientos contra las pandemias deben considerarse un bien público de acceso universal, por lo que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, y el control de suministros de las materias primas, no deben dificultar la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier vacuna o tratamiento para el COVID-19.
Esta cuestión ya estaba en la mesa de la Unión Europea en junio de 2020, cuando el Grupo de la Izquierda Europea comenzó con una campaña a favor de la liberación de patentes, pero no ha sido hasta la propuesta de Estados Unidos cuando la UE ha empezado a tener en cuenta a las personas del sur como objetivo prioritario. Entendemos en este sentido que es importante la elaboración de una Ley Europea para la suspensión de patentes en caso de catástrofes epidemiológicas.
Ahora bien, la liberación de las patentes por sí misma, sin tener en cuenta otros factores, como los suministros y la puesta en común de la información que tienen en su poder los laboratorios para poner en práctica una fabricación masiva, no funcionará. Por ello, desde IUCyL, entendemos que se deben establecer mecanismos para tener un mayor control sobre los ensayos clínicos y procesos de fabricación por parte de los organismos oficiales de los que depende su aprobación.
En nuestro país, por otra parte, aunque el acceso a las vacunas es, en principio, universal, los grandes centros de vacunación, que pueden ser de utilidad para llegar a una parte importante de la población, suponen dificultades de acceso a determinado tipo de población como las personas mayores o a quienes viven en las zonas rurales, si carecen de medios de trasporte. Por ello IUCyL entiende que la Junta de Castilla y León debe facilitar el acceso a los habitantes del medio rural, fomentando la vacunación en sus centros de salud cercanos y consultorios, o en su domicilio cuando no sea posible movilizar a la persona mediante la contratación de personal suficiente para garantizar la campaña de vacunación sin saturar al personal sanitario.
