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Izquierda Unida Castilla y León rechaza la implantación de peajes generalizados a partir del año 2024.

El pasado 29 de abril, el coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, remitía una solicitud de reunión al Ministerio de Fomento para hablar sobre la propuesta remitida a Bruselas del pago por utilización de autovías que todavía no ha tenido contestación.

IUCyL considera que la construcción y mantenimiento de las carreteras estatales debería financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario salga de los impuestos directos de los ciudadanos.

Esta medida afecta más a quienes tienen menor poder adquisitivo, que serán perjudicados por utilizar vías que son de titularidad pública y que se han construido y mantenido mediante los impuestos que todas y todos pagamos.

IU siempre se ha mostrado favorables a la progresividad fiscal y esta tiene que llevarse a cabo en función de los ingresos que tenga la ciudadanía y la implantación de este peaje supone un pago igual para todo tipo de usuarios sin tener en cuenta los criterios de renta, de capacidad o el tipo de coche que utilice.

La medida penaliza muy especialmente aquello que se ha venido a llamar la España vaciada y de la que Castilla y León forma una buena parte, ya que muchos pueblos de nuestra Comunidad no tienen otra posibilidad más que la utilización del vehículo privado ya que el transporte público es prácticamente inexistente.

IUCyL ha sido partidaria de nacionalizar las autopistas en Castilla y León, pero no como forma de rescatar la ineficiente gestión de las grandes empresas que se han dedicado a su explotación, sino para evitar agravios comparativos entre poblaciones que tienen un tipo de vía pública y otros cuya concesión es pública pero que tienen que pagar por su utilización la empresa concesionaria. La liberalización de la A-1 de Burgos a Miranda de Ebro o la lucha contra el peaje en la AP-6 en Ávila, o la AP-71 León -Astorga han sido respaldadas por IU en sus municipios y llevadas a todas las instituciones del Estado para conseguir liberalizarlas.

La organización califica como relevante que haya apuesta por el transporte público pero la realidad es que no es posible utilizarlo entre muchos municipios, no hablamos de pueblos sino de ciudades con varios miles de habitantes, porque es prácticamente inexistente o con horarios que hacen muy complicada su utilización. Para que la gente pueda utilizar medios de transporte público alternativos tiene que existir esa posibilidad y a unos precios razonables, porque es imposible apostar por un transporte público que, en Castilla y León, en muchas de las combinaciones de viajes, no existe.

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