La coalición “En Común” ha prometido luchar en las instituciones por hacer efectivas las peticiones en defensa del medioambiente y el medio rural de la agrupación Stop Biogás.
Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, agrupados en la coalición “En Común”, han firmado este miércoles un compromiso con la plataforma Stop Biogás. En el encuentro, la organización rural ha trasladado la creciente preocupación social ante la proliferación de plantas de biogás y biometano en medio rural. Representantes de la coalición se han comprometido a “continuar la lucha en las instituciones”.
Juan Gascón, candidato de Izquierda Unida por la coalición “En Común” a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Marina Sáenz, candidata segunda por Movimiento Sumar, y el diputado provincial de IU, Julio Pereda, han firmado un documento de compromiso en el que han asumido formalmente reivindicar las principales demandas trasladadas por Stop Biogás.
Los miembros de la plataforma han denunciado la falta de participación ciudadana en las concesiones de la Junta para la construcción de empresas de biogás. Susana Barrera, de Stop biogás Machacón, en Salamanca, ha defendido el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y su modelo de desarrollo.
La plataforma ha manifestado su rechazo a la implantación de macro industrias energéticas que, a su juicio, pueden poner en riesgo la economía local, el medioambiente y la cohesión social de los municipios afectados.
Los acuerdos con la plataforma Stop Biogás
A lo largo del encuentro, los miembros de la plataforma de Stop Biogás han denunciado la inoperancia de las instituciones ante los recursos presentados por la ciudadanía. En algunos municipios de apenas 200 habitantes, tal y como han trasladado, hay más de 400 recursos presentados. “La administración no está haciendo caso porque no hay voluntad política”, ha denunciado Gascón.
Representantes de la coalición se han comprometido a trasladar las demandas de la plataforma a las instituciones tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Entre ellas figuran el impulso de medidas para frenar la concesión de nuevas licencias a macrogranjas y plantas asociadas. También promover cambios normativos que refuercen las distancias de seguridad y las exigencias técnicas de las instalaciones, defender la elaboración de estudios de impacto social obligatorios o apoyar las alegaciones y recursos administrativos presentados por la ciudadanía.
“Esto no se acaba en las elecciones, esto es a largo plazo. Tendremos que recibiros en las oficinas, redactar documentación y dar toda la guerra que podamos”, ha defendido Sáenz. Desde la coalición “En Común” se ha trasladado el compromiso de acompañar este proceso con todos los medios políticos y legales disponibles. Para ello, sus representantes han defendido un modelo energético que respete el medio rural, el agua, el empleo local y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
