IUCyL pide el Gobierno de España que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y, en particular, que garantice la protección de la activista saharaui Sultana Jaya y su familia y que exija al gobierno de Marruecos el respeto de los derechos Humanos.
Sultana Jaya es una de las caras más visibles de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental por su confrontación directa contra las autoridades de ocupación marroquíes. Ella y su familia están siendo sometidas a maltratos físicos y psicológicos para que cesen sus reivindicaciones pacíficas a favor de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.
Sultana, defensora de los derechos humanos, así como su familia, están bajo arresto domiciliario impuesto por las fuerzas paramilitares marroquíes desde hace más de 300 días. La entrada a su vivienda está bloqueada, impidiendo cualquier visita de saharauis a su domicilio.
El régimen marroquí está aprovechando la situación de guerra y el cierre de fronteras por la pandemia para instaurar un clima de miedo y represión contra los civiles saharauis de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización y cuya potencia administradora sigue siendo España.
Izquierda Unida de Castilla y León se suma a la petición de otras instituciones y organizaciones españolas para exigir a Naciones Unidas, a la Unión Europea y al Gobierno de España que actúen con carácter de urgencia y protejan a la activista saharaui Sultana y a su familia, en serio peligro y que siguen viviendo asediadas, aisladas y confinadas por las fuerzas de ocupación marroquíes y exigimos al Consejo de Seguridad de la ONU que acelere la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, según lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas.
De la misma manera y como en anteriores ocasiones, pedimos al Gobierno de España que cumpla con sus responsabilidades como potencia y, en particular, que garantice la protección de la activista saharaui Sultana Jaya y su familia y que exija al gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
