Comunicado de la Red ante el Anteproyecto de ley de regulación de los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública
Reconociendo el importante avance que se ha conseguido en materia de recuperación de las pensiones públicas gracias al trabajo de los sindicatos de clase en la mesa de diálogo social y al de Unidas Podemos en el Gobierno y en el Parlamento, es nuestra obligación mostrar nuestro rechazo al Anteproyecto de ley que desarrolla la recomendación 16ª del Pacto de Toledo 2020
SE CREA UN FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO DE PROMOCIÓN PÚBLICA, GESTIONADO POR EL SECTOR PRIVADO.
Rechazamos el impulso de los planes de pensiones sean de suscripción individual o colectiva. Esta medida contempla mejorar los beneficios fiscales de los planes de empresa. Estamos en contra porque supone detraer ingresos de la hacienda pública y del salario directo de los y las trabajadoras.
No aceptamos como argumento el que son beneficiosos porque vienen a complementar la pensión pública, pues si el sistema público de pensiones mantuviese prestaciones dignas, las generaciones futuras no necesitarían planes privados de pensiones, que de momento tal y como están las rentabilidades de los mismos y la situación del mundo laboral, sólo sería un ingreso apreciable para aquellas personas trabajadoras con altos ingresos, pertenecientes a grandes empresas o al sector público, que pondría las cantidades para suscribir esos planes
Este tipo de medidas que hace años vienen “sugeridas “ por diferentes instituciones, envían una señal muy peligrosa y preocupante porque implica que están más preocupadas por mejorar el negocio privado que por mejorar el sistema público. No interpretamos ningún sistema complementario como instrumento de protección social, sino, como un mecanismo de acumulación de capitales.
Hay varias razones que nos enfrentan abiertamente con este Anteproyecto:
1.- AYUDAS FISCALES
Cada cual puede destinar su ahorro privado al activo que prefiera. Lo que no se entiende es que existan bonificaciones fiscales en los planes privados de pensiones que restan recursos al sistema tributario y sólo benefician a contribuyentes de elevada capacidad económica.
Esta medida contempla mejorar los beneficios fiscales de los planes de empleo. Nos oponemos porque supone detraer ingresos de la hacienda pública y del salario directo de los y las trabajadoras.
La contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo será un máximo de 301 euros al año por trabajador. Se realizará una reducción en la base de cotización de los trabajadores que reciban la aportación.
2.- IMPACTO DE GENERO NEGATIVO
Es sabido que las pensiones públicas percibidas por mujeres son bastante inferiores a las percibidas por los hombres, un 31% menos en 2020. Más de la mitad de las mujeres pensionistas reciben una prestación que no supera los 750 euros, en los hombres ese corte se establece en 1100 euros.
El impacto de género en las pensiones era superior a 26.000 millones en 2018 (un 2,2% del PIB)
Siendo ya escandalosa la brecha de género en pensiones, la promoción de este tipo de planes no viene más que a agrandar la brecha existente en las mismas.
De los fondos privados suscritos el 57% corresponde a hombres y el 43% a mujeres.
La aportación media anual es inferior a la que realizan los hombres; la brecha en salarios y el tipo de contratos no permiten a la mayoría de mujeres trabajadoras ahorrar para suscribir ningún plan de pensiones.
La prestación media percibida por las mujeres en este tipo de planes es claramente inferior
3.- ELIMINACIÓN DE LÍMITES A LOS COBROS POR PARTE DE LAS GESTORAS.
“La promoción de los fondos de pensiones de empleo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones y contribuciones.”
Es decir, es público, pero sin garantía. Si la gente pierde dinero con estos productos, la responsabilidad teóricamente no será del Estado, pero políticamente recaerá en el Estado.
¿Por qué no un fondo de promoción pública y de gestión pública?
Conclusión: más recursos para el sistema público de pensiones
Este Anteproyecto sólo puede beneficiar a trabajadores y trabajadoras con salarios altos, y a largo plazo tienen consecuencias negativas para el conjunto de la clase trabajadora. Ya que se detraen ingresos por cotizaciones y se detraen ingresos por los beneficios fiscales concedidos a empresas y a suscriptores de los planes.
Tanto desde el punto de vista individual como colectivo, lo mejor es que ese dinero que la empresa y el trabajador van a dedicar a un fondo privado de empresa se transforme en un incremento de los salarios y de las cotizaciones sociales, y, en una consecuente mejora de la pensión futura.
Nuestra apuesta sigue siendo eliminar el tope máximo de las bases de cotización y establecer como tope mínimo las establecidas para el SMI vigente en cada momento.
Todas las medidas deben tener como objetivo aumentar los ingresos del sistema para garantizar la sostenibilidad financiera, por lo que las rentas más altas deben contribuir en mayor medida con sus aportaciones.
Esperamos que durante la tramitación parlamentaria se acepten las enmiendas que desde este espacio político consideramos pueden mejorar notablemente el texto.
Seguiremos defendiendo el Sistema Público de Pensiones
Red de activistas por la defensa del SPP en CyL
