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Vetan el debate en las Cortes el texto de IUCyL para reconocer a las víctimas de la dictadura franquista

Dolor, falta de voluntad política y chiste macabro. Con estas palabras, el procurador de IUCyL, José María González ha calificado la decisión negativa de la Junta de Castilla y León a debatir en Sesión Plenaria de la proposición de ley planteada por el Grupo Mixto (IUCyL y UPL) para la recuperación de la Memoria Democrática en la Comunidad Autónoma. “Es un chiste macabro que se aplique la tijera también a los muertos”, censuró González al conocer que el Ejecutivo alega aumento de créditos presupuestarios de aceptar la iniciativa.

Las razones que argumenta la Junta para oponerse a la ley que plantea IUCyL no son sólo económicas, sino también la existencia de una normativa estatal que no precisa de desarrollo en la Comunidad y que se estime insuficiente la exposición de motivos. “No es suficiente los miles de desaparecidos y las ciento de tumbas anónimas en los caminos de Castilla y León”.

González ha recordado que Chile, Argentina y Uruguay han investigado el destino de las víctimas de sus dictaduras y, que otras Comunidades, como la Navarra ha aprobado por unanimidad una ley de foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra asesinadas a raíz del golpe militar de 1936.

El procurador de IUCyL ha acusado a la Junta y al PP de “falta de voluntad política” para debatir el texto en la Cámara. “Estaba firmemente convencido de que la ley llegaría a pleno e incluso de que podría aprobarse, aunque hemos sido ingenuos por creer en el Grupo Popular. “No deduje que alguien en nombre del PP iba a vetar la discusión”

Finalmente, González ha agradecido el debate se pueda producir en las Cortes, antes de que finalice la legislatura, a través de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, tras señalar que en su momento no entendió la iniciativa que registró el grupo mayoritario de la oposición. “No es lo mismo una ley que una proposición no de ley”, ha recalcado, en el sentido de que la segunda no obliga y, en caso de aprobarse, no se ejecutará, como ha ocurrido con otras tantas de esas propuestas.

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