Tras la Sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nula la congelación de las tarifas de Inspecciones técnicas de vehículos para 2012 por parte de la administración autonómica, la Junta tendrá que abonar 10 millones de euros a las concesionarias del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por las sentencias de 2012, 2013 y 2014 -las dos últimas pendientes de conocerse – .
Sobre las consecuencias e impacto económico para la Comunidad, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha señalado que “la situación venia advirtiéndose desde hacia tiempo”, recalcando que “ni el Gobierno Central ni la Junta debieron externalizar este servicio”.
Como consecuencia, ha apuntado el procurador, Castilla y León se encuentra entre las comunidades autónomas con las tarifas más elevadas y “antisociales, donde la empresa inentó que los trabajadores asumieran la bajada de las tarifas a través de sus salarios y su carga de trabajo, algo que finalmente los trabajadores lograron parar gracias a su lucha».
“El problema no solo radica en el error de la privatización, también en que la concesión administrativa hasta 2029 que condiciona y ata al ejecutivo autonómico”.
En este sentido, Sarrión ha defendido que “cualquier servicio prestado por la administración debe ser público”, recalcando que en el caso de Castilla y León, la empresa concesionaria es próxima al gobierno autonómico y con capital extranjero, “sin interés en velar por los intereses de la sociedad castellano y leonesa”.
“Tomen nota en materia de externalización y privatización”, ha concluido.
