COMISIÓN DE CONTROL SOBRE LA ACTUACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO QUE TENÍAN SU DOMICILIO SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO LA POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LA OFERTA DE SUS DIFERENTES PRODUCTOS
CONCLUSIONES
Las Cajas de Ahorro surgieron en España y en Castilla y León a partir de la década de los treinta del siglo XIX como entidades benéfico-sociales, intentando llevar la posibilidad de acceder al crédito y desarrollo económico a las clases más desfavorecidas, en lo que en una terminología actual se denominaría como tratar de evitar la “exclusión financiera”, a la vez que pusieron en marcha una importante obra social con los beneficios obtenidos.
Fueron fundadas por instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones provinciales y en algunos casos por filántropos de la nobleza con inquietudes sociales, así como por parte del clero con vocación caritativa.
A lo largo de los siglos XIX y XX, y bajo una escasa regulación legal, las Cajas se fueron desenvolviendo con acierto en el mundo financiero, aunque lo cierto es que la falta de control externo en un país donde apenas existía una democracia formal, incluso con largos periodos de tiempo de ausencia de ésta, puede hacer que se dude de todas las bondades que se les achaca durante ese largo periodo de tiempo desde su constitución hasta la llegada de los años 80 del siglo XX, cuando se produce lo que desde la óptica conservadora y liberal se llama despectivamente su “politización”, cuando en realidad lo que se produjo fue su “democratización”.
Esta democratización en Castilla y León supuso que entraran en los Consejos de Administración de las Cajas y concretamente en sus puestos clave como las presidencias y organismos de control, personas ultraconservadoras sin ninguna preparación en el ámbito financiero, en lugar de nombrar a personas de sobrada y reconocida solvencia. Eso sí, de confianza política de los diferentes grupos políticos dominantes en Castilla y León, principalmente del PP y el PSOE, con el objeto de tener la última palabra en la toma de importantísimas decisiones, que a la postre llevaron al fracaso a la práctica totalidad de las Cajas que existieron en nuestra comunidad.
En las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, así como en los primeros años del presente siglo, las Cajas de Ahorro en Castilla y León eran acreedoras de la confianza de la mayoría de la población de nuestra comunidad, teniendo cotas de depositantes abrumadoras, llegando al 95% de la población en provincias como Ávila.
Llevados sus inexpertos y profanos administradores por un desarrollo frenético basado en el “boom” inmobiliario, las Cajas de Ahorro en nuestra comunidad crecieron de forma aparente y desmesurada, pues como ha dicho algún compareciente en esta Comisión de Investigación, eran gigantes con pies de barro, y cuando se saturó el mercado inmobiliario, circunstancia que nadie advirtió en el seno de las Cajas, el desplome y fracaso fueron inevitables.
Pasando a analizar las causas y responsables del desplome y fracaso aludidos, se puede comenzar concluyendo, junto con la opinión de varios comparecientes en la Comisión, que fue determinante la excesiva exposición al mercado inmobiliario y el modo en que se hizo. Este sector llegó a suponer un 25% del PIB nacional en algún momento álgido, y la inversión que se hizo en él se afrontó de una forma absolutamente irracional e irresponsable. Tal y como concluye más de un compareciente, se acometían promociones inmobiliarias fuera de Castilla y León: en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en el Corredor del Henares, etc. Se invirtió en promociones rechazadas por los bancos y cajas de sus respectivas comunidades, debido a su insolvencia y poca fiabilidad, por lo que se puede decir que el fracaso estaba casi asegurado, aunque ello no impedía que se abrieran sucursales en esas regiones alejadas de Castilla y León, incluso en Portugal. Hubo un expansionismo mal calculado, excesivamente arriesgado y condenado al fracaso de antemano, propio de los delirios de grandeza de los gobernantes más ineptos que podamos imaginarnos y que amarraron las Cajas a sus negocios inmobiliarios tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Además en muchos casos dejaron grandes deudas con las caja que presidían, como en los casos de los presidentes de Caja España, Santos Llamas, y José María Arribas en la Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Los mencionados delirios de grandeza de los gobernantes de las Cajas de Ahorros de Castilla y León (aunque ahora alguno de ellos, como el expresidente de Caja Segovia, digan que no eran cargos ejecutivos) les llevaron a adquirir navieras, compañías de aerolíneas o edificios de precios millonarios sin justificación aparente. Quizá uno de los casos más sorprendentes fuera la incalificable constitución de una sociedad de inversión de capitales con domicilio en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, en el caso de Caja España, sociedad que ni un solo compareciente ha querido aclarar.
Pero los días de vino y rosas llegaron a su fin, y como cantaba Carlos Puebla: “se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar”. El comandante fue la crisis económica surgida en los Estados Unidos de Norteamérica, con la caída de Lethman Brothers (14 de septiembre de 2008) y los créditos del sector inmobiliario en dicho país, que pronto se contagió al resto del mundo y que sufrieron en mayor medida las entidades y compañías más débiles, entre las que se encontraban las Cajas de Ahorros de Castilla y León. Y esta debilidad no venía dada por su estructura ni por su sistema de gobernanza, ni por su condición de fundación sin capacidad de acudir a mercados externos de recapitalización, ni por su imposibilidad de efectuar ampliaciones de capital al no tener acciones, pues todas estas circunstancias concurrían en otras Cajas que han soportado la crisis. No, lo que cabe concluir es que fue la excesiva apuesta por el “ladrillo” la causa del derrumbe, así como las formas de apostar apuntadas con anterioridad.
La consecuencia final es que Caja España y Duero han sido absorbidas por Unicaja, Cajas de Segovia y de Ávila por Bankia, Caja del Círculo Católico por Ibercaja y Caja de Burgos por Caixabank, bajo la apariencia de fusiones, y de hecho han desaparecido las Cajas de Ahorro de la faz de la comunidad autónoma dejando un rastro de desolación, sobre todo por la gran pérdida de la obra social, y la localización del poder político fuera de la Comunidad Autónoma, en manos de entes bancarizados ajenos y a veces lejanos de Castilla y León.
Ante todo lo expuesto, resultaría imprescindible, ante la irreversibilidad de lo acontecido, al menos, inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos, a todo aquel o aquella que fueran miembros de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros de Castilla y León que llevaron con su incompetencia e imprudencia, a su ruina y desaparición, creando un agujero en las arcas del Estado, por las necesarias inversiones con fondos públicos destinados a diferentes rescates que pagaremos con intereses durante décadas.
La vorágine especuladora en la que se habían inmiscuido la mayoría de las Cajas de Castilla y León había sido favorecida por la Ley del Suelo autonómica, liberalizadora y desreguladora, así como por la ineficacia de todos los sistemas de control. Las auditorías, internas y externas, sólo reflejaban la imagen fiel de la contabilidad de las Cajas, fuera ésta buena o mala. Las Comisiones de Control eran órganos meramente decorativos presididos por personas sin preparación ni recursos (como nos explicó la representante de Cáritas en el Consejo de Administración en el caso de Caja Segovia), sin tener cualificación alguna para tal menester. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España se encontraban en un marco normativo propio de un neoliberalismo abrazado por los gobernantes de la época, y no tenían por lo tanto posibilidades de evitar cualquier deriva indeseable. En cuanto a la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, estaba infradotada cualitativa y cuantitativamente, según ha reconocido el ponente de este organismo en la Comisión.Como ha afirmado un compareciente con acierto, nunca se vio un supervisado por tantos supervisores y con tan poco éxito. Asistimos, sin duda, a un auténtico fracaso del sistema económico neoliberal, sus fundamentos no intervencionistas y la economía de libre mercado en general.
Advierte la compareciente D ª María Eugenia Fernández Villarán que los criterios contables que se utilizan en un proceso de integración no son los mismos que se utilizan en una entidad en gestión continuada. De este modo se pueden volatilizar millones de euros por la perversión de una normativa contable carente de la más mínima lógica y rigor. Como reconoce el compareciente D. Bernardo Rescalvo Santiago (auditor de Delloitte ), “ poner 900 millones o 920, no supone verdaderamente que la imagen fiel se distorsione por esos 20 millones de diferencia. Como decimos, verdaderamente perverso.
Con la crisis económica internacional encima, y con la mayoría de los activos de las Cajas de Castilla y León situados en inmuebles vacíos y con una devaluación irreversible, a las autoridades autonómicas se les ocurre impulsar una integración de las Cajas con domicilio en Castilla y León. Tal y como han expuesto los comparecientes en esta Comisión, desde la Presidencia de la Junta y desde la Consejería de Economía se recomendó a los Presidentes de las Cajas un despacho jurídico de Madrid (Uría Menéndez) para que les asesorara en un futuro proceso de fusión. Además de “berlanguesco” fue un fracaso, puesto que como se ha reconocido por diversos comparecientes, los poderes locales, coloquialmente llamados caciques, impidieron que la idea de una integración regional de las Cajas llegara a término, debido a recelos en los repartos de cargos en los órganos de gobierno, aunque en la propia Comisión se pronosticaba un fracaso financiero de un SIP regional, pues hubiera unido diferentes Cajas con situaciones financieras a cual peor.
Todas las Cajas de Ahorro de Castilla y León habían incurrido en el inconcebible error de no diversificar los riesgos, estando la gran mayoría en el sector inmobiliario que con la crisis vieron desplomarse valores de la noche a la mañana, cuando la diversificación de dichos riesgos es considerada unánimemente un principio básico en las finanzas y en la banca.
Se ha dicho en esta Comisión por parte de D. Emilio Ontiveros Baeza, presidente de la Escuela de Finanzas de Madrid, que la naturaleza social de las Cajas no fue un obstáculo para sobrevivir a la crisis y se pone como ejemplo a Ibercaja, Unicaja y Cajas vascas, que igualmente politizadas (democratizadas) o más, han sobrevivido de forma solvente. Hoy en día todavía sobreviven perfectamente las Cajas Pollença y de Onteniente, pues nunca se apartaron de sus fines y objetivos, constituyendo un ejemplo de seriedad, rigor y eficacia, a diferencia de lo que ocurrió con las Cajas domiciliadas en nuestra meseta y operadoras por todo el mundo con los resultados conocidos.
La solución inmediata, cortoplacista y denominada como una “huida hacia adelante” por parte de diversos comparecientes de la Comisión de Investigación, fue la emisión de participaciones preferentes, (que según Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, debieron haberse llamado “deuda perpetua ultrasubordinada“) unánimemente calificada como estafa a día de hoy, consistente en privar a los ahorradores más humildes de la Comunidad de todos sus depósitos, que en la mayoría de los casos se trataba de los ahorros de toda una vida, a sabiendas de que eran activos tóxicos, con el objeto de recapitalizar momentáneamente unas Cajas arruinadas, siempre pensando de un modo ingenuo, al igual que el propio Banco de España, que la crisis inmobiliaria tan sólo duraría tres años y que a partir del año 2011 se reanudaría la fiesta de la construcción. Pero el mercado inmobiliario estaba saturado y lo estará durante décadas. De acuerdo con el compareciente D. Julio Segura Sánchez, entre el año 2000 y el 2008 se emitieron 11.700 millones en preferentes, 11.600 en 2009 y en 2010 no se emitieron. Se observa una plena coincidencia de los años más agudos de la crisis y la consiguiente necesidad de las Cajas de recapitalizarse a costa del dinero de sus clientes. A la crisis inmobiliaria le siguió la crisis de las deudas soberanas, y concretamente en España la segunda fue consecuencia de la primera. Las cantidades millonarias estafadas mediante el método de las preferentes, devueltas lentamente, muchas veces a los herederos de los suscriptores por el fallecimiento de estos, a golpe de demandas judiciales, es acometido por entidades rescatadas por un Estado, llamado España, también rescatado durante el gobierno de M. Rajoy, aunque sea negado. La deuda adquirida por España con los banqueros principalmente alemanes, se estará pagando durante décadas, como si hubiéramos perdido las dos guerras mundiales. En realidad lo que se perdió fue lo que se apostó por parte de los irreverentes gobernantes de las Cajas de Castilla y León en los mercados inversores internacionales, en los que siempre alguien pierde como afirma el Sr, Conthe ( expresidente de la CNMV ), siendo absolutamente lógico que perdieran los profanos, aficionados e ignorantes agentes financieros de nuestra Comunidad jugando a ser brokers.
Dilapidados cientos de millones de euros captados fraudulentamente por las Cajas de Ahorros entre sus clientes más humildes, que en opinión del compareciente economista de la agencia Intermoney, Sr. Trujillo del Valle, se invirtieron en activos tóxicos, opacos y sofisticados, con prácticas de inversión descontrolada, el 10 de octubre de 2008 el Estado creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros para proveer liquidez, antecesor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ( FROB ), creado en junio de 2009 con una terminología eufemística, pues en realidad era un fondo para el rescate de Cajas y Bancos arruinados por sus malas prácticas bancarias.
Estas malas prácticas bancarias han dado lugar a numerosos procedimientos judiciales penales por delitos de administración desleal de directivos y consejeros de las Cajas, y en concreto se han visto indicios claros de ese delito por el Ministerio Fiscal del Juzgado de Instrucción n º 5 de León, que con la acusación popular de Izquierda Unida, persiguen las reestructuraciones de créditos millonarias efectuadas por Caja España y Caja Duero a las empresas vinculadas al que fuera presidente de la primera y consejero del Banco CEIIS, Santos Llamas Llamas, habiéndose puesto de manifiesto en dicho procedimiento que los Consejos de Administración actuaban contraviniendo las buenas prácticas contables establecidas por el Banco de España, en opinión de los dictámenes de los peritos de esta entidad.
Igualmente están vivos los procedimientos penales, en los que también está personada Izquierda Unida como acusación popular, seguidos en dos Juzgados de Instrucción de Segovia, también por delitos de administración desleal apreciados indiciariamente por los tribunales, con ocasión del cobro de prejubilaciones millonarias por parte de directivos de Caja Segovia y por asumir injustificadamente deudas, también millonarias, que no le correspondía hacer frente, con el objetivo de salvaguardar la posible responsabilidad de administradores de la sociedad participada NAVICOAS ASTURIAS.
Aquí subyace, una vez más, un ruinoso negocio inmobiliario ubicado fuera de nuestra región, mientras Caja Asturias sobrevive de forma holgada a la crisis absteniéndose de financiar en su propio territorio a clientes indeseables.
Ante tan funesto panorama, se acometen fusiones “ a la defensiva” como afirmó el compareciente D. Javier Coronas Vida. De drama o tragedia trató D ª Ana Belén Casares Marcos ( otra de las comparecientes en esta Comisión ) la desaparición total de las Cajas de nuestra comunidad.
Dichas fusiones han sido verdaderas absorciones en las que las Cajas de Castilla y León han sido las entidades absorbidas, aportando el incalculable valor de su nutrida cartera de clientes castellanos y leoneses.
En resumen, nada positivo ha surgido de este proceso.
Valladolid, noviembre de 2018
JOSÉ SARRIÓN ANDALUZ
Portavoz del Grupo Mixto (IU-Equo) en la Comisión de Investigación
