IU-Equo ha presentado una Proposición No de Ley para instar al ejecutivo autonómico a habilitar un proceso extraordinario que otorgue las acreditaciones profesionales a las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio de 55 y más años de forma directa, sin pasar por el proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vía no formales.
“Unas 300 personas, mayoritariamente mujeres, se podrían beneficiar de esta medida”, ha recordado. “Existe una resolución estatal del 3 de noviembre de 2015, que preveía otorgar la certificación para ejercer estas profesiones, que será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2017, a este grupo de edad si acreditaban una experiencia mínima de 2.000 horas en esa categoría profesional en los últimos diez años”.
El procurador de IU-Equo ha manifestado que otras autonomías como Andalucía, Castilla-La Macha y Asturias ya han regulado esta iniciativa, y ha señalado que el ejecutivo autonómico “está mostrando de nuevo, por su falta de sensibilidad y desidia, cuando Castilla y León es una autonomía altamente envejecida y es importante garantizar la atención a los mayores del medio rural”.
Asimismo, ha asegurado que escudarse en la espera de una normativa nacional que regule este procedimiento es equivocado porque esa regulación permite “a los que obtuvieran el reconocimiento trabajar en todo el territorio nacional, pero primero se puede establecer en la Comunidad”.
Sarrión ha reordado que el proceso general de acreditación de la experiencia, requiere haberse inscrito en la convocatoria que se abrió en 2015; someterse a una baremación con un número de plazas limitadas; pagar 30 euros en tasas y 40 por el título; recibir cuatro sesiones de asesoramiento y finalmente pasar por un proceso de evaluación que puede conllevar un examen. En total, más diez meses en obtener la acreditación que se exigirá a partir de 2018.
“Con la habilitación excepcional» de forma automática a este colectivo, si cumple los requisitos, se reduciría el plazo a 15 días; conseguirían el certificado todas, y no sólo las que se hubieran apuntado al proceso de evaluación y las que pasasen la baremación; se ahorrarían 70 euros y no tendría que sufrir la ansiedad de un examen. Es una medida absolutamente razonable y necesaria y no entendemos porque en Castilla y León, el Gobierno regional no tiene la sensibilidad de establecerla”.
