El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha presentado diez enmiendas de adición a la Moción relativa a política general en materia de educación de Podemos, destinadas a concretar las medidas y actuaciones propuestas y, restablecer los niveles de inversión educativa a antes del inicio de la crisis.
En este sentido, aboga por recuperar, al menos, el nivel de inversión media en Educación de las regiones de la Unión Europea, llegando al 6,4% del PIB en Castilla y León. Para ello, se propone incrementar los recursos económicos, materiales y personales destinados a la formación permanente del profesorado, dotando a cada provincia con centros de formación del profesorado, uno por cada zona provincial hasta tener al menos los mismos que en el período 2006/2010.
Reducir la tasa de interinidad, al menos, al 5% a través de ofertas de empleo docente amplias y de calidad. Recuperar las tasas que había antes del modelo de grados, con el modelo de licenciaturas.
Además, el procurador de IU-Equo propone que en el reconocimiento del carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil se cubran todas las necesidades en la red de titularidad y gestión pública de Castilla y León.
Asimismo, apuesta por dotar a los centros públicos de los libros, recursos y materiales didácticos de uso libre (licencia creative commons) que deba utilizar el alumnado y el profesorado, poniendo a disposición de los centros y del profesorado plataformas online con materiales curriculares desarrollados por docentes, para su uso en las aulas, contribuyendo así a eliminar los libros de texto.
Y exige, una vez más, tomar las medidas necesarias para eliminar los conciertos educativos, “avanzando hacia la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, incorporando de forma inmediata a los colegios privados que ocupan suelo público”.
Finalmente, el procurador de IU-Equo solicita la derogación de la LOMCE y la apertura un proceso de negociación, “para aprobar una Ley Educativa que dé estabilidad al sistema educativo de nuestro país basada en el documento “Por otra política educativa”, elaborado con la comunidad educativa”. Así como, adoptar medidas necesarias para derogar los acuerdos con el Vaticano y otras confesiones religiosas “para sacar cualquier religión y sus símbolos fuera de la escuela”.
