Izquierda Unida valora positivamente la reciente sentencia que ha avalado que el Ayuntamiento de Barcelona cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a una congregación de la Iglesia católica que alquilaba un edificio de su propiedad a una sociedad mercantil. Para IU, esta sentencia puede sentar un importante precedente para que los Ayuntamientos de todo el país, incluido CyL, empiecen a reclamar a todas las confesiones religiosas este impuesto que hasta ahora no se permitía cobrar.
Desde múltiples grupos municipales, Izquierda Unida ha demandado el control y aplicación de forma justa del IBI a los inmuebles de la Iglesia, en toda Castilla y León.
La organización regional recuerda que las confesiones religiosas disfrutan de una exención total de impuestos como los de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Impuestos Reales o de Producto, de la Renta y el Patrimonio, etc., a raíz de los acuerdos vigentes de España con la Santa Sede (1979).
Con relación al IBI, se benefician de exenciones totales o permanentes los templos y lugares de culto, edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Esta exención legal sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto o la asistencia social. Sin embargo, en las décadas precedentes esta ha alcanzado a bienes inmuebles no estipulados por la ley vigente (pisos, plazas de garaje, locales con actividad comercial…) no vinculados al culto, lo que ha tenido como consecuencia el establecimiento de facto por parte del Estado de unas ayudas indirectas
La sentencia de Barcelona supone que por primera vez la justicia se pronuncie a favor de la recaudación de impuestos municipales a la Iglesia por el hecho de recibir rendimientos económicos de su patrimonio. IU destaca lo que considera una situación de privilegio que no solo favorece al que no paga impuestos (en este caso la Iglesia y demás confesiones religiosas), sino que perjudica al conjunto de la ciudadanía al contar los ayuntamientos de Castilla y León con menos recursos de cara a inversiones necesarias para los vecinos y vecinas.
