Propuesta de Declaración Institucional, realizada por el procurador de IUCyL-Equo Convergencia por Castilla y León, José Sarrión, en apoyo a los trabajadores de TRAGSA, para su lectura y apoyo en la primera Sesión Plenaria del 2016. Dicha Declaración Institucional ha sido enviada a los portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León.
TRAGSA es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene a nivel nacional una plantilla de 3.800 trabajadores fijos, y unos 2.900 eventuales, de los que unos 1.300 corresponden a Castilla y León.
La mayor parte de su actividad está vinculada con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.
A finales del año 2015, la empresa TRAGSA aplicó un Procedimiento de Despido Colectivo, que afectaba a 1.336 trabajadores en el conjunto del Estado, siendo ya efectivos desde el 4 de enero de 2016, 555 despidos en el conjunto de España, de los cuales 59 corresponden a trabajadores de Castilla y León.
La importancia de esta empresa en la Comunidad es de sobra conocida y reconocida, por la labor que desarrolla en el medio rural y los puestos de trabajo que genera.
En un momento de crisis económica como la que atraviesa Castilla y León, con una especial pérdida de empleo, y una creciente precarización y temporalidad en los puestos de trabajo, las Cortes de Castilla y León no pueden mantenerse al margen de la situación que sufren los empleados de TRAGSA en nuestra Comunidad, y muestran su plena solidaridad y apoyo a los trabajadores que, en protesta por la situación, mantienen un encierro permanente y solidario desde el pasado 31 de diciembre de 2015 en la sede de la empresa en Valladolid, en un claro gesto de defensa de sus puestos de trabajo y con la exigencia de la retirada del ERE, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la reincorporación de las personas despedidas.
Aunque el pasado 21 de enero, la empresa TRAGSA dio por finalizado el Procedimiento de Despido Colectivo, las Cortes de Castilla y León y todos los Grupos que la integran muestran su apoyo a los trabajadores afectados, y reclaman de la Junta de Castilla y León, la intervención necesaria para que realicen todos los esfuerzos posibles para que se restablezca la situación en la empresa y se readmitan a todos los trabajadores despedidos, demostrando así su compromiso con el mantenimiento del empleo y con la labor tan necesaria e importante que esta empresa desarrolla en nuestra Comunidad.
Del mismo modo, las Cortes de Castilla y León y todos los Grupos que la integran ponen de manifiesto que la empresa TRAGSA nació con dinero público, por lo que la Junta de Castilla y León debe presionar al Gobierno de España para que la dirección de la empresa suspenda definitivamente el Procedimiento de Despido Colectivo y readmita a todos los trabajadores despedidos, tanto en Castilla y León como en el resto de España.
