Varias de las empresas contratadas por la Junta de Castilla y León para la prevención y extinción de incendios no cumplen la normativa básica en derecho laboral. IU presenta una denuncia frente a la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla y León solicitando sanciones a varias de las empresas con licitaciones vigentes con la Junta. Señala insuficiencia de equipos de protección, incumplimiento de horarios laborales y falta de avituallamiento.
Las empresas que incumplen derechos laborales
Hemos tenido constancia de varios incumplimientos a la normativa en materia de derechos laborales por parte de las empresas contratadas para la extinción de los incendios por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Estos se detallan en una denuncia que lideramos frente a la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla y León. Las condiciones serán detalladas en una reunión con el director general de inspección de Castilla y León. La organización ha señalado en numerosas ocasiones las consecuencias negativas de la privatización del operativo de prevención y extinción de incendios. Ahora, pedimos sanciones a varias de las empresas con licitaciones con la Junta.
TAHER, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina Técnica Demontes, IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental, UTE Matinsa, FORESA, DEMONTES, INFOSA, ORTHEM, Hozono Global, ACCIONA, EULEN y TRAGSA son algunas de las empresas señaladas por la organización. Las acusamos de incumplimiento de las condiciones sociolaborales en lo referente a la jornada, descanso, EPIS, salud laboral y prevención de riesgos sociolaborales.
Violación de derechos laborales
Izquierda Unida afirma tener constancia de jornadas de veinte horas seguidas, falta de equipos y avituallamiento tardío y escaso. Como ejemplo, la denuncia señala que “una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día”. También aseguran el empleo en ocasiones de “Equipos de Protección Individual usados en un incendio del día anterior”. En consecuencia, la organización denuncia la existencia de trabajadores deshidratados y con calambres por el sobre esfuerzo realizado en las tareas de extinción.
En la denuncia se describen también las carencias de las “bases” desde las que operan los profesionales de extinción, que no cumplirían “los requisitos mínimos exigidos a todo lugar de trabajo por la ley de prevención de riesgos laborales”. Izquierda Unida señala ausencia de vestuarios suficientes, botiquines de primeros auxilios o una ventilación adecuada. “No son, desde luego, lugares adecuados para que alguien que viene de extinguir un incendio pueda darse una ducha, curarse pequeñas heridas y descansar”, afirma el escrito.
Un servicio 100% público
Izquierda Unida finaliza el documento solicitando el levantamiento de Actas de Infracción a las empresas y la imposición de las sanciones legales pertinentes. Ello se suma a las denuncias a la privatización del sector que la organización viene realizando en los últimos años, en las que exigen la reforma del operativo de extinción de incendios hacia un servicio cien por cien público.
