Exigimos “justicia real” para las familias de los seis mineros fallecidos y llamamos a reforzar la protección laboral en la minería
Izquierda Unida Castilla y León ha manifestado su “profunda decepción” ante la sentencia que absuelve a los 16 imputado en el accidente del Pozo Emilio del Valle. La resolución del Juzgado de lo Penal de León del 18 de noviembre elimina toda responsabilidad penal y civil sobre el equipo directivo y técnico, la compañía y sus aseguradoras. El mensaje detrás de la sentencia muestra una “desigualdad real en el acceso a la justicia social”.
La justicia favorece al poder económico en el caso del Pozo Emilio
La resolución sobre el caso del Pozo Emilio del Valle refuerza la idea de que la justicia muchas veces favorece a quienes tienen poder económico La Audiencia Provincial de León ha hecho pública el 18 de noviembre la sentencia que absuelve a los 16 imputados por el accidente minero ocurrido en el municipio de La Pola de Gordón en 2013. Prevalece un mensaje de desprotección de la clase trabajadora frente a la justicia.
El fallo absuelve a los directivos, ingenieros, vigilantes de seguridad y responsables de la compañía de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. También exonera de responsabilidad civil directa a las compañías aseguradoras y a la empresa Hullera Vasco-Leonesa, propietaria del Pozo Emilio del Valle. Con esta sentencia se envía un mensaje muy preocupante sobre la desigualdad real en el acceso a la justicia social.
La lentitud de la justicia en el caso del Pozo Emilio
También criticamos la lentitud del proceso. Este tipo de demoras contribuyen a aumentar el dolor y la desconfianza de las familias afectadas. El accidente ocurrió hace más de doce años, mientras que el juicio no se ha celebrado hasta 2023, tras una “baja prolongada” de la jueza.
El accidente se produjo por una repentina y prolongada emisión de metano en el taller de la plata séptima Este de la mina alrededor de las 13.24 horas del 28 de octubre de 2013. El gas desplazó el oxígeno del aire hasta niveles mínimos y provocó la muerte inmediata por asfixia de los mineros presentes y de quienes se acercaron a intentar rescatarlos.
La justicia social exige que el poder responda
Esta absolución es un flagrante error del sistema y da la sensación de que la justicia está del lado de las grandes empresas, no de los mineros ni de sus familiares. Izquierda Unida ha puesto en tela de juicio la equidad del proceso. A los trabajadores se les exige sacrificio y compromiso diario mientras que quienes ostentan las posiciones de poder parecen eludir consecuencias reales incluso ante tragedias tan graves.
Concluimos nuestro posicionamiento con un llamamiento a la solidaridad con las familias de las víctimas y la clase trabajadora. No podemos tolerar que tragedias como esta terminen en un archivo sin consecuencias reales para quienes tomaron decisiones que pusieron vidas en riesgo, la justicia social exige que el poder responda.
