La Plataforma Stop Uranio se ha reunido con la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, compromiso adquirido tras la celebración del pleno de presentación del Procurador del Común, para trasladarle “el mal estar de la zona, y la situación de conflictividad social que vive la provincia de Salamanca, motivado por la instalación de una mina de uranio en el municipio de Retortillo (salamanca)».
El portavoz de la Plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, ha advertido hoy de la posibilidad de que la multinacional Berkeley Minera busque indemnizaciones alegando retrasos en la tramitación de los permisos para la apertura de la mina de uranio en la provincia de Salamanca.
“Existe una gran preocupación por los perjuicios para el turismo, el medio ambiente y la ganadería de esta zona salmantina regada por el río Yeltes”, recuerda el portavoz de la Plataforma, José Ramón Barrueco. Además, recuerda la gran preocupación por los nuevos permisos para la instalación de nuevas minas, planteados por Berkeley. “La Zona 7, como se denomina, está próxima a Villavieja de Yeltes. Aunque la concesión de explotación se solicitó en 2016, estamos esperando a que someta a información pública para presentar alegaciones”.
“El proyecto, tal y como informa la Web de Bekeley, generará más riqueza de mineral, puesto que la producción se duplicará en un espacio con menor hectáreas. ¿En qué estado se encuentra?, esto es lo que queremos que la Presidenta nos informe.
Barrueco recuerda que “Berkeley es la única responsable de las dilaciones en el procedimiento pero sigue la estrategia de no completar los informes para que se produzcan retrasos y poder reclamar indemnizaciones. Las administraciones han requerido a la empresa aclaraciones sobre diversos informes pero deja agotar los plazos, sirva de ejemplo la tramitación de la licencia urbanística, que Berkeley ha achacado a retrasos en el Ayuntamiento de Retortillo, cuando es debido a que no ha presentado el proyecto visado por un colegio profesional”.
También ha achacado a la empresa el retraso en los permisos para el desvío de una carretera próxima debido a que la compañía minera no ha iniciado la compra de los terrenos necesarios mediante un procedimiento de expropiación para la construcción de una variante.
