La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por IU-Equo en materia de pobreza energética. En concreto, la iniciativa contaba con seis puntos con un objetivo común, “garantizar el bienestar de las personas sin acceso a la energía y a los suministros básicos como al agua”.
El Grupo parlamentario popular ha rechazado la iniciativa, mostrando su apoyo sólo a dos de los seis puntos demandados. Unas medidas que piden instan al Gobierno central a llevar a cabo actuaciones para poner en marcha la Tarifa Social; así como, la presentación de un Proyecto Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
Durante su intervención, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha recordado que “todas las personas deberían tener cubiertas estas necesidades básicas para poder hablar de vida digna”. En este sentido, ha criticado que “un hogar tenga que dedicar más del 10 % de sus ingresos para el gasto de suministros básicos”.
Por este motivo, IU-Equo ha reivindicado la elaboración de un plan urgente que garantice los suministros vitales básicos, y la modificación de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objetivo de establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.
Sarrión ha criticado la actitud de las compañías eléctricas, “mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social; y, concretamente, referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios”.
Además, ha recordado que esta situación tiene una infinidad de efectos sobre la salud, los consumidores más vulnerables, la calidad del aire y bienestar y el medio ambiente.
Para intentar paliar esta situación, IU-Equo ha propuesto generar un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, “priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad energética”.
Y, finalmente, encargar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública de distribución, “como paso indispensable para el avance de la soberanía energética y hacia la democratización de la producción y consumo de energía para el conjunto de la ciudadanía sin dependencia de las grandes multinacionales del sector”.
