IU-Equo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Diálogo Civil al considerar que “no pasa de la mera buena voluntad para construir, en el seno de las instituciones, espacios para el diálogo, sin otra consecuencia que la mera exposición de puntos de vista, pero careciendo de la capacidad de ir más allá de la sola opinión sin más relevancia”, señala el procurador de IU-Equo, José Sarrión.
“Se pervierte la participación con foros y otros espacios que no son vinculantes ni tienen capacidad decisoria, ni van a aportar nada. Es puro postureo para colgarse la medalla de la participación. Es una burla y una mala ley, con un objetivo electoralista”, ha denunciado.
IU-Equo argumenta en la motivación de devolución del texto, que el Proyecto adolece de una carencia vital para ser una ley para la participación de la ciudadanía. Así, en su exposición de motivos, de forma demagógica, se explica que las consultas populares no pueden ser llevadas a cabo mediante el procedimiento de sufragio universal, ni con el gesto de depositar un voto en una urna, esta posición demuestra el verdadero motivo formal de este proyecto que está muy lejos de querer una verdadera implicación de la ciudadanía castellano y leonesa en los asuntos públicos.
La propuesta de IU pasa por una participación social en todos los ámbitos, “no sólo autonómico sino provincial, local e incluso comarcal; por dar un sentido más profundo con la consulta popular -realizada como un referéndum aunque no sea vinculante, conforme dice la ley-; por eliminar el veto en las iniciativas ciudadanas; por recoger los presupuestos participativos en todas las escalas ; por los procesos de participación locales; y por educar y formar en participación”.
“Se trata de institucionalizar la consulta referendaria para defender que será un ayuntamiento, una diputación y la Junta los que la tendría que organizar y subrayar su valor, aunque no sea vinculante; al igual que las resoluciones del Procurador del Común, que tienen una legitimidad moral aunque no se pueda forzar una decisión”.
Estas consultas, se pueden pedir por 10.000 firmas de personas empadronadas en la Comunidad en el caso del ámbito autonómico y de un 10 por ciento en municipios de hasta 5.000 habitantes. El número de firmas sube en función de la población, que en el caso de municipios de más de 100.000 habitantes se fija en 6.150 más el 3 por ciento de los que excedan de 100.000 y hasta un límite máximo de 40.000 firmas.
Igualmente, reduce a 16 años la participación y hasta los 14 años cuando la consulta sea de temas relacionados con juventud u ocio, ya que, quiere educar también en participación.
