“Tras dos semanas de comparecencias en esta Cámara, empezaba a dudar de mi estado de cordura. Su informe es un baño de realidad frente a la imagen edulcorada” presentada por los consejeros”. De esta forma, el procurador de IU-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha resumido y agradecido la presentación del Informe 2014 del Procurador de Común en el Parlamento autonómico.
“Ha sido una tarea ardua y larga; pero créame, gratificante”, ha reiterado. Aunque también ha lamentado el aumento de quejas en lo que va de año. “Esta mañana hemos conocido que en septiembre de 2015 el número de reclamaciones asciende a 3.835, frente a las 2.052 de 2014”.
El procurador de IU-Equo José Sarrión, ha centrado su intervención en destacar las quejas en contra de la fractura hidráulica, 216 en Burgos, que representan el total de las presentadas en esa provincia, “se trata de una pequeña muestra que quienes se preocupan por el medio ambiente son los ciudadanos frente al gobierno autonómico que lo tolera”, ha afirmado.
Los problemas derivados en los excesos en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, su demora e incompatibilidad con cualquier otra prestación también han sido objeto de análisis por el procurador de IU-Equo. “Nos sorprende el rechazo de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para compatibilizar y flexibilizar la valoración de los bienes inmuebles a efectos de agilizar los procedimientos”, ha valorado.
Sorpresa que también se extiende en materia sanitaria, al ver cómo las denuncias de IU-Equo en comisión son objeto de numerosas quejas. Reducción de plantillas, listas de espera, cierre de servicios en verano, las ayudas a los usuarios de la sanidad de CyL desplazados con fines asistenciales, etc.
Finalmente, Sarrion se detuvo en un aspecto digno en enmarcar, recogido en el Informe. La insuficiencia e ineficacia de los instrumentos de la administración para garantizar el acceso a la vivienda de forma asequible. Señala en su informe, ha destacado Sarrión, una afirmación llamativa “la actuación de los poderes público se alejó en gran medida de la finalidad última de las políticas de urbanismo… Las políticas llevadas a cabo en el pasado, centradas en favorecer el acceso a una vivienda en régimen de protección a grupos de rentas medias y altas, discriminando con ello a familias de menores ingresos, además de contribuir a crear una burbuja inmobiliaria cuyo estallido aún tiene graves efectos, han acarreado un peligroso acercamiento hacia una consideración casi exclusiva de la vivienda como mercado y no como derecho social de todos los ciudadanos”, para apuntar, “una definición exacta ha juicio de este procurador” ha concluido.
