El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha criticado la actuación del ejecutivo autonómico durante la construcción del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Ante los retrasos de la obra, la Junta no sancionó a la concesionaria de la construcción que, a dos meses de la fecha de entrega del complejo existía un déficit de inversión del 50 por ciento. Sarrión ha apuntado que la obra tenía un “importante y fundamental” retraso que habría supuesto una sanción por el incumplimiento del plazo e incluso la rescisión del contrato, que era una de las ventajas del modelo de concesión público privado. “En lugar de hacer uso de la sanción, la Consejería de Sanidad aprobó un modificado del contrato que oportunamente salvó a la empresa”.
Asimismo, el procurador de IUCyL-Equo ha criticado que el primer modificado se planteó en un momento “muy curioso” puesto que la empresa encargada de la construcción y equipamiento del Hospital de Burgos debía concluir la obra en un plazo de 42 meses, a contar desde mayo de 2006 para una entrega del complejo en noviembre de 2009. “A dos meses de cumplir ese plazo, se planteó un modificado de obra que libró a la concesionaria de una sanción y provocó que la administración pagara el aumento más la indemnización”, ha manifestado.
En su opinión, cada vez que hubo un cambio en la obra, el “gran beneficiado” fue la empresa concesionaria. Finalmente, ha apuntado, que la entrega parcial de la obra fue en diciembre de 2011 aunque quedaban pendientes trabajos como en las zonas de exploración digestiva.
Cuestiones que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no ha aclarado pese a la reiteración de Sarrión, hasta en tres intervenciones, sobre las razones por las que, ante el retraso de las obras, la Junta accedió a realizar un modificado del proyecto y sus plazos en lugar de aplicar el contrato, que preveía la posibilidad de sancionar a la concesionaria Eficanza.
Del mismo modo, Sarrión ha cuestionado al jefe del ejecutivo autonómico por qué no se elaboró un informe previo de las ventajas del modelo de colaboración público privado que no se ha vuelto a utilizar en ningún otro hospital de la Comunidad como el de Palencia. “Esa fórmula no era buena para los intereses públicos mientras fue positiva para la empresa, porque se revisan las tarifas y no se atiende al interés público, además de suponer una reducción del plazo de explotación”.
