Proponen trasladar a Europa directrices comunes de vivienda.
Sumar trabajará desde el Parlamento Europeo para poner en el centro de la política el derecho a la vivienda en Castilla y León. Para la candidatura, la comunidad tiene un serio problema de vivienda y la Junta de Castilla y León no está ejerciendo sus competencias como administración. Señalan que su única política de vivienda es confrontar con el Gobierno central.
La Junta ha optado por dejar todo en manos del mercado y utilizar la ley de vivienda para criticar al Gobierno de España en lugar de aplicarla para mejorar la vida de la gente de nuestra Comunidad. Gente, en su mayoría jóvenes, que tiene que vivir de alquiler en algunas zonas que están tensionadas y que no han sido reconocidas como tal por parte de PP y VOX.
“Están más preocupados por las propiedades de los grandes fondos de inversión extranjeros que por la vida concreta de quienes tienen problemas para pagar el alquiler en nuestros pueblos y ciudades”.
Apuesta por un plan de vivienda adaptado al territorio para garantizar el derecho básico.
Desde Sumar se destacan los problemas que hay en muchos pueblos y comarcas de Castilla y León, en los que falta oferta de vivienda para alquilar, o la hay con precios inasumibles. Por ello se proponen planes de vivienda rural que permitan que nuestros pueblos se repueblen. “No podemos criticar la despoblación que padecemos sin poner sobre la mesa alternativas habitacionales para la gente que quiere ir a vivir a los pueblos y no tiene donde”
Por ello la propuesta concreta es la puesta en marcha de un plan de vivienda social con financiación europea para que toda la UE tenga los mismos niveles de vivienda social que Dinamarca, Austria u Holanda, es decir, más del 20% frente al 3% actual en España.
Además, se propone regular a nivel europeo la vivienda de alquiler: limitación y una regulación europea de la vivienda turística que “meta mano” a las actividades de plataformas que nos están expulsando de algunas ciudades y pueblos de Castilla y León. Para facilitarlo, eximir a los fondos públicos destinados a vivienda social del cumplimiento de las normas del déficit, del mercado interno y de competencia.
“En Castilla y León padecemos dos males, la falta de vivienda en pequeños pueblos y comarcas. Además, unos alquileres en nuestras ciudades que les cuesta la mitad de la renta a la juventud de la comunidad. Por ello, frente a quienes están empeñados en dedicar el 2% del PIB a gasto militar, nosotras y nosotros queremos destinarlo a políticas de vivienda.” ha apuntado Juan Gascón.