Apostamos por una planificación pública que siguiendo criterios racionales, objetivos y transparentes, sea a un su vez respetuosa con la población la cual debe poder participar de las decisiones públicas que les afecten, así como preservar la biodiversidad y los usos del territorio donde se instalan.
IU muestra su “rotundo rechazo” a que se exima de evaluación ambiental a los proyectos de energías renovables y exige que la norma se tramite como proyecto de ley
Esa eximente no aporta ningún beneficio y va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se despliegan miles de proyectos, en ocasiones especulativos, sin el respaldo social necesario y sin tener el acuerdo de los municipios a los que afectan”, destaca Sira Rego, portavoz federal de IU, sobre el punto incluido en el Real Decreto Ley 20/2022 aprobado el 27 de diciembre.
IUCyL rechaza que se exima de evaluación ambiental a los proyectos renovables. Izquierda Unida distingue claramente que “una cosa son las iniciativas para flexibilizar los trámites que cuenten con amplio respaldo y otra bien distinta que algunas administraciones, grupos o personas vean cómo se aprueban proyectos en sus territorios y que les afectan muy directamente en nombre del ‘interés general’ sin que puedan intervenir en ningún momento”.
Desde IU son conscientes de que la lucha contra el cambio climático “es una prioridad absoluta” y estamos comprometidos con la construcción de un nuevo modelo energético 100% renovable para el año 2050. Apuestan por una verdadera revolución energética en nuestro país con enormes retos técnicos y tecnológicos. “El ahorro y la eficiencia forman la base primordial e imprescindible de una transición energética que abandone definitivamente los combustibles fósiles y suponga un proceso real de descarbonización de la sociedad de un modo auténticamente justo.” han destacado.
Tras la urgencia de actuar, la organización entiende la necesidad de resolver los problemas actuales de retrasos en la tramitación de los proyectos renovables. Pero dicha necesidad no puede ser a costa de generar inseguridad respecto al impacto que dichos proyectos pueden tener en los territorios donde se instalen.
Defensa de una necesaria evaluación ambiental.
Consideran que la evaluación ambiental es una herramienta, “en ocasiones imperfecta, pero siempre imprescindible para el desarrollo de proyectos”. Herramienta que garantiza no solo que el impacto de una actividad industrial no dañe de manera irreversible el espacio en el que se desarrolla, sino que indica también qué medidas correctoras son necesarias para minimizar los impactos incluso cuando estos no resulten alarmantes.
Desde IU exigen la tramitación como proyecto del ley del RDL 20/2022 para eliminar esta exención que no aporta ningún beneficio y va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se están desplegando miles de proyectos de energías renovables, en ocasiones especulativos, sin el respaldo social necesario ni, lamentablemente, con el acuerdo de los municipios implicados que, fruto de las iniciativas para flexibilizar los trámites, ven cómo se aprueban en nombre del “interés general” proyectos en sus territorios sin poder intervenir en ningún momento.
Las energías renovables son imprescindibles para reducir la dependencia del petróleo y del gas natural, fortalecer la autonomía energética. Así como, reducir las emisiones y avanzar en la rápida descarbonización económica y social que exige la Emergencia Climática en la que nos encontramos. “También deben contribuir en la necesaria democratización del sector energético en beneficio de toda la población y no sólo de un oligopolio empresarial que controle su producción y se beneficie de su rendimiento económico”, han señalado.
Planificación pública, respetuosa y por el interés general.
Por ello, destacan que su implantación debe establecerse a partir de una planificación pública que siguiendo criterios racionales, objetivos y transparentes. Planificación respetuosa con la población la cual debe poder participar de las decisiones públicas que les afecten, así como preservar la biodiversidad y los usos del territorio donde se instalan.
Por ello también, volvemos a insistir desde IU, los fondos públicos deben, en primer lugar, destinarse con criterios de protección ambiental claros, suficientes y firmes. Favorecer el empleo de calidad y generar un tejido productivo local estable, revirtiendo en toda la sociedad sus beneficios y no limitarse a las colaboraciones público-privadas, donde ser terminan privatizando los beneficios y socializando las pérdidas.
