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IU acusa a Mañueco de dejar sin tramitar el 40% de las denuncias medioambientales en Castilla y León


Izquierda Unida denuncia que la Junta de Castilla y León ha dejado sin tramitar o ha permitido la caducidad de casi el 40% de las denuncias medioambientales entre 2023 y 2025. La formación critica la gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y exige medidas urgentes para evitar la impunidad en infracciones ambientales.


Casi el 40% de las denuncias medioambientales quedan sin sanción

La Consejería de Medio Ambiente ha admitido no haber iniciado 4.318 expedientes y haber dejado prescribir o caducar otros 1.440 entre 2023 y 2025, lo que representa cerca del 40% de las denuncias presentadas por los agentes medioambientales en ese periodo.

Izquierda Unida de Castilla y León ha denunciado la “grave dejadez” del Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco ante las infracciones medioambientales. Según la formación, la propia Consejería reconoce haber dejado sin tramitar o caducar cuatro de cada diez denuncias registradas entre enero de 2023 y diciembre de 2025.

De acuerdo con los datos conocidos a través de elDiario.es y trasladados al Procurador del Común, de las 14.898 denuncias interpuestas, 4.318 no llegaron a iniciar su procedimiento y 1.440 prescribieron o caducaron. En total, el 38,6% de las infracciones ambientales —principalmente en caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales— quedarían sin sanción debido a la inacción administrativa.


El Procurador del Común alerta de “desconfianza” en los agentes

El informe del Procurador del Común advierte de las consecuencias de esta situación, señalando que la falta de actuación administrativa genera “desconfianza” entre los agentes de la autoridad encargados de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha criticado estos datos y ha asegurado que “Mañueco presume de defender el medio rural y el medio ambiente, pero la realidad demuestra lo contrario: entierra cuatro de cada diez denuncias por falta de voluntad política y de recursos”.

Además, Gascón ha insistido en que “no es un problema de financiación, sino de permisividad con los incumplimientos de la ley”, y ha advertido de que esta situación favorece la repetición de conductas ilegales como la caza o pesca furtiva y resta autoridad a los agentes medioambientales.


Burgos y Salamanca: falta de personal y colapso administrativo

Izquierda Unida ha puesto el foco en la situación de Burgos y Salamanca, que considera “insostenible”.

En Burgos, un único instructor jurídico asume toda la tramitación de expedientes, lo que ha provocado la prescripción de 869 casos en los últimos dos años.

En Salamanca, IU denuncia un déficit estructural de personal, ya que es la única provincia con solo dos instructores jurídicos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), frente a los tres existentes en el resto de provincias de Castilla y León.


IU exige un plan urgente para evitar la prescripción de expedientes

Ante esta situación, IU ha anunciado el registro de varias iniciativas dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente. Entre sus principales demandas, reclama un plan de choque para desbloquear los expedientes paralizados y evitar nuevas prescripciones.

Asimismo, exige la convocatoria urgente para cubrir todas las plazas vacantes de instructores jurídicos en los servicios territoriales, así como el refuerzo de personal en todas las provincias.

La formación también plantea modificar la RPT para equiparar Salamanca al resto de territorios, incorporando un tercer instructor jurídico, y reclama garantizar la transparencia informativa, incluyendo la exención de tasas a los medios de comunicación.


IU denuncia recortes en Medio Ambiente: “Es una decisión política”

Finalmente, Izquierda Unida ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber “recortado y vaciado” durante años las plantillas de los servicios periféricos de Medio Ambiente.

“Es imprescindible dotar de recursos adecuados a este servicio y evitar que los expedientes sancionadores no se tramiten en tiempo y forma. La Consejería debe respaldar la labor de los agentes medioambientales, no desautorizarla permitiendo que sus denuncias acaben en la papelera”, ha concluido Juan Gascón.


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