El pasado 17 de marzo de 2017 los peritos del Banco de España han declarado ante el Juez en el marco de la investigación judicial realizada sobre la documentación remitida a la Fiscalía en el caso de Caja España y Caja Duero.
El Coordinador de IUCyL, José Sarrión, recuerda que las operaciones se realizaron con el apoyo, en la mayoría de las veces unánime, del Consejo de Administración de las Cajas –con representación del Partido Popular y PSOE- y la autorización de la Consejería de Economía; con lo cual PP, PSOE y el ejecutivo autonómico son, a juicio de Sarrión, “los responsables últimos del fraude de las Cajas de Ahorro”.
Asimismo, recuerda que en 2010, Caja España y Caja Duero solicitaron, y les fue concedida, una ayuda del FROB por valor de 525 millones de euros para llevar a cabo su fusión.
Las operaciones analizadas revelan que “los consejeros autorizaron préstamos a empresas del Presidente de Caja España que, en condiciones muy ventajosas y sin apenas garantías, no se habrían concedido a cualquier otro ciudadano o empresario”, recuerda el Coordinador de IUCyL. La investigación judicial además revela que los propios analistas de riesgos aconsejaron no conceder dichos préstamos, “advertencia que fue desoída por los consejeros de las Cajas, tanto del PP como del PSOE”. Los peritos en su informe indican que no se observa el máximo cuidado y diligencia en la política de riesgo de la entidad; que la operación de restructuración de deuda de 8 de enero de 2009 no se adapta a la Circular del Banco de España 4/2004, en cuanto a la interrupción de la morosidad de las operaciones afectadas; que las operaciones realizadas a partir de 16 de abril de 2009 no se adaptan a la normativa vigente, al conceder un préstamo personal destinado a pagar cuotas pendientes de los riesgos del acreditado en la entidad; que se realizaron pagos innecesarios y exigidos de intereses de demora de créditos anteriores para obtener créditos nuevos, pero unos días después se anulaba el pago adelantado en Caja.
Las declaraciones de los peritos “arrojan luz” a la denuncia de IUCyl, presentada en 2011 contra los diferentes consejeros de las Cajas de Ahorros (Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila Caja Segovia) por intervenir de forma decisiva en los Consejos de Administración a fin de obtener bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados, o bien condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos –con fuerza de ley-.
“Las Cajas de Ahorro fueron creadas para gestionar e incentivar los ahorros de los ciudadanos”, recuerda Sarrión; y su Presidente “debía cumplir con la función de administración, no de lucro personal”. “Concederse préstamos por un valor superior a los 70 millones de euros en la época de crisis urbanística, sin garantías de devolución, y con el beneplácito de PP, PSOE y la Consejería de Economía, vienen a demostrar que la gestión de la presidencia de Santos Llamas en Caja España fue a favor de sus empresas constructoras en lugar de la ciudadanía”. “Una vez más el dinero público se usa en beneficio y salvaguarda de empresas privadas en lugar del ciudadano”.
Para llevar a cabo las conclusiones, los peritos del Banco España han analizado 29 operaciones de Caja España por valor de 67,9 millones de euros, con un riesgo vivo de 55 millones de euros; y 17 de Caja Duero, por 8,8 millones de euros, con un riesgo vivo de 3 millones de euros.
