IUCyL-Equo ha presentado una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda con el objetivo de solicitar al ejecutivo autonómico que inste al Gobierno de España en funciones, en el marco del Consejo Europeo, a no autorizar la conclusión y firma del Acuerdo Económico y Comercial Global -AECG, CETA por sus siglas en inglés-.
Del mismo modo, requiere que se solicite un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo con los Tratados Europeos, a fin de evitar un acuerdo incompatible.
CETA es un tratado negociado recientemente por Canadá y la Unión Europea -26 de septiembre de 2014- que tiene como propósito facilitar los negocios con el país norteamericano. Eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones a inversores y contribuirá a prevenir la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE.
Para IUCyL-Equo el Acuerdo vulnera todos los principios encaminados a la defensa, fortalecimiento y mejora los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales existentes.
“Comercio internacional está contribuyendo al aumento del desempleo, las desigualdades, los conflictos socio-ambientales y la precariedad de las relaciones laborales”, ha puntualizado el procurador de IUCyL-Equo. Además, las normas, tratados comerciales y acuerdos de inversión de la Unión Europea con terceros países “han puesto en peligro la justicia social y ambiental, la salud pública, los intereses de los consumidores y los trabajadores; y, una menor cooperación para impedir el fraude y/ o la evasión fiscal”.
Asimismo, Sarrión recuerda que el CETA no puede saltarse la Resolución del Parlamento Europeo, del 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea. Así como, la recomendación relativa a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.
El Acuerdo omite el “Principio de Precaución” como base del ordenamiento jurídico europeo, poniendo en peligro la salud humana o el medio ambiente. Además, prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados y la posibilidad para inversores de recurrir a tribunales privados de arbitraje; limitado, alterando la arquitectura y arquitectura jurídica de la UE y, por ende, amenaza amenazan la soberanía de los Estados y las competencias de los parlamentos nacionales y autonómicos
En el ámbito autonómico, el Acuerdo “restringe” la capacidad de los gobiernos para apoyar a proveedores locales y sin fines de lucro, “provoca” la externalización del sector público y “amenaza” las competencias en los servicios sociales y la sanidad pública.
A este respecto, el procurador de IUCyL demanda al ejecutivo autonómico
velar “para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular, cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, laborales, sociales y normas medioambientales vinculantes; así como, cumplir con la protección y promoción de la diversidad cultural”.
Considerando que el CETA es un acuerdo integral, de carácter mixto, y que afecta a competencias exclusivas de la Unión Europea, nacionales y regionales, IUCyL demanda su calificación “exacta” como acuerdo mixto, por parte de la Comisión Europea, para que pueda ratificarse por los parlamentos europeos y, celebrar así, un debate en las Cámaras nacional y autonómicas.
Asimismo, solicita que el Gobierno de España en funciones rechace cualquier aplicación provisional del CETA, hasta que todos los Estados miembros lleven a cabo su procedimiento de ratificación.
