Las Cortes de Castilla y León han rechazado la iniciativa presentada por IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León que analizaba la situación del sistema educativo escolar en la Comunidad; en concreto, el referido a la educación inclusiva. Así como, una propuesta, esgrimida en nueve puntos.
Durante su intervención, el procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, ha vuelto a recordad que, el Procurador del Común de Castilla y León, en su informe señala, “la escasez de oferta de plazas escolares adecuadas, insuficientes efectivos de personal especializado, deficiencias de las instalaciones, problemas de funcionamiento de los servicios complementarios, falta de atención de alumnado con discapacidad auditiva”.
Hoy, ha señalado Sarrión, la realidad inclusiva de nuestros centros educativos “no parece haber mejorado, más, bien parece haber empeorado sustancialmente con la política de recortes educativos y la legislación conservadora que los ha amparado y justificado, con el eufemismo demagogo de reordenar y utilizar eficientemente”.
En este sentido, y con el objetivo de mejorar el II Plan de Atención a la Diversidad, y dotarlo de financiación, IUCyL-Equo ha presentado un conjunto de propuestas, que, pasarían por: garantizar el derecho a la educación y a obtener aprendizajes relevantes con éxito en la enseñanza obligatoria; favorecer la diversidad del alumnado (cultural, funcional, étnica, lingüística, de género, socioeconómica), entendiéndola como valor y motor de la educación; garantizar que se ofrezcan programas adaptados a la diversidad del alumnado, sin establecer clasificaciones entre el alumnado ni itinerarios predeterminados; desarrollar Programas de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar.
Asimismo, se propone promover planes de acogida para atender a todo el alumnado nuevo que se incorpora, prestando atención especial al alumnado de minorías o de familias inmigrantes; establecer la atención tutorial como prioritaria en la educación obligatoria, dotar de departamentos de orientación a todos y cada uno de los centros públicos de Primaria y Secundaria; extender los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo a todos los centros públicos, para apoyar al alumnado que lo necesite; y, velar porque no aparezcan ni se propicien centros educativos “gueto” en Castilla y León.
