El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León ha analizado la situación que atraviesa el sistema educativo escolar en la Comunidad; en concreto, el referido a la educación inclusiva.
Una situación que, el Procurador del Común de Castilla y León, en su informe ya señalaba, denunciando hace diez años “la escasez de oferta de plazas escolares adecuadas, insuficientes efectivos de personal especializado, deficiencias de las instalaciones, problemas de funcionamiento de los servicios complementarios, falta de atención de alumnado con discapacidad auditiva”, ha desgranado Sarrión durante su intervención, en sesión plenaria.
Hoy, apunta el procurador de IUCyL-Equo, la realidad inclusiva de nuestros centros educativos “no parece haber mejorado, más, bien parece haber empeorado sustancialmente con la política de recortes educativos y la legislación conservadora que los ha amparado y justificado, con el eufemismo demagogo de reordenar y utilizar eficientemente”.
Castilla y León ocupa el séptimo puesto en recortes de personal y es la tercera en recortes de presupuesto en el conjunto de las Comunidades Autónomas; y, que cifra su “tijera” en atención a la diversidad en el 13,5%.
El II Plan de Atención a la Diversidad, presentado por el ejecutivo autonómico, plantea un conjunto de objetivos correctos y loables, señala Sarrión, pero la pregunta es, “¿cómo desarrollar los propósitos sin financiación?”.
Un plan de atención a la diversidad realmente inclusivo exige un balance del plan anterior, planificar un mapa de recursos personales y materiales en la Comunidad y una reducción efectiva del número de alumnado y por profesorado por aula, “que permita metodologías que den cabida a la confluencia de las diferentes capacidades, actitudes y destrezas en proyectos comunes”, ha enumerado el procurador de IUCyL-Equo, durante su alocución.
Este, es un Plan de Propaganda, ha definido Sarrión. “Puesto que la Consejería de Educación lo desarrolla sin presupuesto, sin profesorado, sin medidas estructurales y asentado en el marco una Ley profundamente segregadora y, por tanto, contraria a la inclusión, como es la LOMCE”.
Es decir, “no basta con hablar de intención de trabajar con la diversidad del alumnado de forma inclusiva, sino que es necesario abordar la estructuración general del sistema educativo de Castilla y León para poder avanzar hacia la igualdad de oportunidades”.
IUCyL apuesta por realizar una defesa de la escuela pública, su total gratuidad, atender a la laicidad del sistema educativo y defender los medos necesarios cuando el alumno muestra alguna diversidad.
“Queremos un modelo intercultural, con docencias compartidas en el mismo aula, facilitar la autonomía pedagogía de los centros escolares, investigar cambios curriculares, metodológicos y organizativos, etc”, ha concluido.
