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IU-Equo pregunta a la Junta de Castilla y León por su tibieza en la prestación pública del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad

Izquierda Unida- Equo ha realizado una batería de preguntas a la Junta de Castilla y León en relación con la Salud Sexual Reproductiva (S.S.R.), al considerar que la Junta no la tiene entre sus prioridades, como muestra la ausencia de referencia a la misma en el IV plan de salud.

Según ha declarado José Sarrión “en Castilla y León no se realizan Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en hospitales públicos de la Comunidad; ni en la solicitud de intervenciones en casos graves de salud, el sistema no ha dado respuesta a tiempo, teniendo que remitirse las interesadas a centros privados.”

No en todas las provincias de Castilla y León hay clínicas que realicen abortos, lo que incrementa las desigualdades y supone barreras y costes a las mujeres que tienen que desplazarse a otras provincias e incluso comunidades; con ello se quiebra el principio de igualdad de derechos recogidos en nuestra legislación.

La ausencia de consultas específicas para atender IVE dificulta la accesibilidad. El número de mujeres que acuden a centros públicos para recibir información es de un 55,87%, el otro 44,17% tienen que recurrir a medios privados, familiares o redes sociales.

En Castilla y León la objeción de conciencia por parte del personal sanitario se realiza derivando a los centros concertados privados, sacando IVE de la red pública.

Existe un factor condicionante de la libertad profesional del personal sanitario público a la hora de mostrar pro-actividad para la realización de abortos en su centro de salud y es la actuación de los grupos anti-elección, que ganan fuerza como agentes de opinión y de presión social, manteniendo y defendiendo la imagen del aborto como algo “inmoral”.

“Grave es que una organización como REDMADRE que en todo el territorio del estado presta servicios asistencialistas para promover que las mujeres lleven adelante la gestación, esté “legitimada” en nuestra comunidad mediante la firma de convenio en materia de atención a la salud sexual y reproductiva y reciba subvención para la realización de sus actividades” concluye Sarrión.

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