Imputan a catorce integrantes del Consejo de Administración de Caja España ar aiz de una denuncia de Izquierda Unida de Castilla y León
El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha imputado a catorce integrantes del Consejo de Administración de Caja España en 2009 para analizar su supuesta implicación en la concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la caja en aquel momento, Santos Llamas.
Entre los imputados, según el auto judicial, figuran el actual presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, el procurador autonómico Javier García-Prieto o el alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez González, todos ellos del PP. Entre los imputados socialistas figuran la diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández. También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida de Castilla y León y la organización Ecologistas en Acción, por administración desleal de los fondos de la entidad financiera que habría causado un quebranto en sus cuentas de unos 47 millones de euros.
La declaración de los imputados está prevista para después de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, en concreto para las mañanas de los días 26 y 29 de mayo.
A raíz de estos acontecimientos, el Coordinador General de IUCyL ha pedido a los partidos que no lleven imputados en la causa como candidatos y asegura que Herrera “tiene que hacer frente a una fuerte responsabilidad política”.
Asimismo, González ha insistido en que la Junta “tiene responsabilidades claras” en el proceso abierto contra la antigua dirección de Caja España por los créditos concedidos a su ex presidente Santos Llamas. En este sentido sostiene que los imputados conocidos podrán utilizar el argumento de que el Gobierno regional “posiblemente dio conformidad a los autocréditos de Santos Llamas y porque tenía que haber velado por los ahorros de los castellanos y leoneses y no cumplió con su obligación”.
Además, el Coordinador considera “ilegal” el nombramiento de Santos Llamas porque “tenía deudas” con la caja y recuerda que Izquierda Unida de Castilla y León no apoyó en aquel momento su nombramiento: “No queríamos a zorras cuidando las gallinas; pues bien, la zorra se comió a las gallinas y a la Junta se le van a atragantar las plumas”, ha indicado.
El abogado que ha llevado la causa, Gorka Esparza, habla de “alivio” por el desbloqueo del proceso y ha detallado que IUCyL se personó en el mismo porque “no podemos tolerar que la administración pública permaneciera inactiva mientras se dilapidaban intereses públicos a través de entidades públicas de ahorro y las consejerías miraban para otro lado”.
Además, ha apuntado, “en 2009 se produjo un contraste intolerable entre la casta financiera y empresarial, que velaba por sus intereses arruinando toda una caja, al tiempo que colocaba productos financieros tóxicos a miles de ahorradores”.
