Como cada año, y ya van cuatro, Izquierda Unida de Castilla y León se ha encontrado con un “no” a las 1.135 enmiendas presentadas a los Proyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2015; y de Medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
Las enmiendas desglosadas de la siguiente forma: 1.095 al texto de Presupuesto, 15 al articulado del Proyecto de Ley y 25 al documento de Medidas
Por Consejerías, se han presentado 55 enmiendas a Presidencia, 44 a Hacienda, 16 a Agricultura y Ganadería, 109 a Fomento y Medio Ambiente, 25 a Sanidad, 322 a Educación, 57 a Economía y Empleo; 38 a Cultura y Turismo y 198 a Familia e Igualdad de Oportunidades. Unas enmiendas que suponen una dotación de minoración de 2.488.614.630 euros, siendo la dotación de estas enmiendas de 614.731.286 euros.
Tildadas de inapropiadas, por no constituir una alternativa para la Comunidad, el “rodillo popular” ha desestimado las propuestas de IUCyL, encaminadas a una justicia social desde una justicia fiscal.
El portavoz de IU en las Cortes, José María González, arremetió contra el mensaje de «falso optimismo y fé» de la Junta, cuando fía sus cuentas para 2015, a una recuperación progresiva de la economía. González criticó que mientras el Ejecutivo defiende unos prespuestos que definió como del «quiero y no puedo», reclama el apoyo a una ciudadanía «reducida a la pobreza», mientras «sigue vaciando su cartera por medio del crecimiento de los impuestos indirectos y soporta todo el peso de los impuestos directos».
González defendió las enmiendas presentadas a la cartera de Presidencia, donde reclamó la eliminación de las diputaciones provinciales, a las que calificó de instituciones de generar “caciques”, y reclamó un partida de fondos específica para recuperar la “memoria histórica a la Comunidad”.
A su vez, también pidió más fondos para la cooperación al desarrollo, para las ayudas urgentes a países en el extranjero y para la Federación Regional de Municipios y Provincias.
Y defendió las medidas “provocativas”, propuestas en materia económica, que buscan generar empleo de calidad a tiempo completo e indefinido porque, “el que se crea en la actualidad es precario”. Además, también pidió nueve planes de empleo y una especial atención en el mundo rural.
En Familia e Igualdad de Oportunidades el PP desestimo las 198 enmiendas, entre las que se encontraba una enmienda presentada a instancias del sindicato Comisiones Obreras, que solicitaba un cambio en la normativa de concesión de la Renta. El cambio trataba de permitir que los trabajadores y trabajadoras con un subsidio parcial, generado por contratos a tiempo parcial, pudieran acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Sanidad tampoco se quedaba atrás. González pedía más personal al servicio de la sanidad de Castilla y León en una comunidad envejecida, más medios de transporte sanitario en un territorio extenso y disperso, más recursos para los hospitales públicos y nuevos hospitales comarcales y más profesionales para la atención sociosanitaria; y obtenía de nuevo el “no”.
Educación González también se refirió a la educación concertada afirmando que “ni la educación privada, ni la sanidad privada deben recibir leche de la vaca pública”, y tildó a la educación concertada de instrumento ideológico.
También criticó que en Castilla y León los alumnos del medio rural se encuentran discriminados y argumentó que sus enmiendas contemplan destinar 224 millones para acabar con el “déficit educativa” que acumula la Comunidad en los últimos años.
Las enmiendas presentadas en Agricultura y Ganadería reclamaban un sistema de sanidad animal público, mientras que en Fomento y Medio Ambiente se exigía un mayor apoyo a la vivienda en alquiler, también en el medio rural, así como un incremento de los medios de extinción de incendios, asegurando que los fuegos “se apagan durante todo el año”.
También se rechazaron las enmiendas de Cultura y Turismo destinadas a crear un modelo cultural distinto “para todos” y no para gastar muchos recursos públicos en “maravillosos monasterios” para que se conviertan en hoteles de lujo.
González concluyó enumerando varias peticiones, dirigidas a revisar las previsiones de crecimiento, un modelo fiscal progresivo, la recuperación del empleo público perdido, la eliminación de copagos, igualar las partidas para servicios sociales previas a la crisis, y depurar a los cargos de libre designación, entre otras.
