El aumento de los datos del paro en noviembre tiene rostro de mujer, por cada nuevo parado hubo 24 paradas, estos datos reflejan la situación general del país, en nuestra comunidad los datos también son alarmantes, del número de personas registradas en las oficinas de empleo de nuestra comunidad en el mes de noviembre 69.129 han sido hombres y 94.727 mujeres.
La explicación oficial achaca estas cifras a los sectores en el que la mayoría de mujeres trabajamos, sobre todo el de servicios, que fue al parecer el único en que aumentó el paro en noviembre. Dichos datos ponen de manifiesto que las discriminaciones y desigualdades en el mercado laboral se consolidan en la mal llamada recuperación económica, vitoreada por el gobierno de Juan Vicente Herrera y por la patronal de nuestra comunidad; teniendo una repercusión directa sobre la vida de las mujeres en términos de desigualdad y pobreza.
El incremento de la brecha de género en el mercado laboral, con un mayor número de mujeres en paro y con peores empleos-temporales, precarios y con salarios mas bajos-, pone de manifiesto que las políticas de recortes y austeridad recaen y se ceban sobre las mujeres.
Perdemos derechos laborales a pasos agigantados y se reduce nuestro espacio social y vital, consolidándose el patriarcado en todas las esferas de nuestra vida, recluyéndonos nuevamente al espacio de lo domestico, a la responsabilidad de los cuidados y dejándonos como alternativa laboral la economía sumergida. Todo ello nos sitúa a las puertas del umbral de la pobreza y en una posición subsidiaria en el mercado laboral, tal y como constatan los siguientes datos:
-Cerca del 50% de las desempleadas registradas en los servicios públicos de empleo no reciben ninguna prestación económica, y de las, qué si perciben, solo una de cada tres es contributiva.
-En Castilla y León 114.395 mujeres perciben una pensión de viudedad, no superando la mayoría el salario mínimo interprofesional
-El 75,7% de la población en el sector agropecuario de nuestra comunidad está formado por varones, después alguien se extraña del exilio de las mujeres a las ciudades o a otras comunidades autonómicas.
-En Castilla y León la cantidad percibida por hora trabajada para los hombres es de 14,88 euros y por las mujeres 12,80 euros, lo que afecta de forma directa a la hora de percibir prestaciones o de la jubilación.
-De las 50.537 excedencias por cuidados a familiar en nuestra comunidad 45.952 han sido solicitantes mujeres y 4.558 hombres.
-Mas del 50% de las mujeres al frente de una familia monoparental se encuentran en situación de desempleo o trabajan en la economía sumergida.
Las empresas de nuestra comunidad siguen optando por una contratación basada en estereotipos que nos conducen a las mujeres a los servicios, a los que hay que añadir la precariedad en forma de temporalidad y parcialidad lo que lleva también a la persistencia en la brecha salarial.
La precariedad es inaceptable con condiciones de contratación y de trabajos propias del esclavismo, diferentes luchas de mujeres han puesto de manifiesto esta situación, Las Kellis, las dependientas de la “empresa de Amancio Ortega” famoso por sus llamadas obras de caridad, las tele-operadoras, todas ellas han sacado a la luz situaciones que en poco parecen reguladas por una normativa laboral de un “país avanzado”.
La brecha salarial de género refleja la realidad de una comunidad endémicamente machista, donde la tasa de desempleo de las mujeres es estructuralmente mas elevada que la de los hombres un 17,90 por ciento para las mujeres frente a un 14,12 por ciento para los hombres; llegando en algunas provincias como Burgos a ser alarmante un 9,03 por ciento de paro masculino frente a un 15,14 de paro femenino.
Esta brecha salarial repercute drásticamente en la cuantía de las pensiones de jubilación y todo ello nos introduce en una espiral de precariedad, desigualdad y feminización de la pobreza.
Por todo ello urge poner en marcha medidas para paliar esta desigualdad estructural que de forma especial sufren las mujeres en el ámbito laboral, pero también en el social, y en el de sus derechos fundamentales:
-Son urgentes medidas para acabar con la brecha salarial, para que la máxima “A igual trabajo, igual salario” sea una realidad.
-El gobierno de Castilla y León tiene que exigir al gobierno español que ratifique el Convenio 189 de la OIT de 2011, de reconocimiento del trabajo de empleadas de hogar y la consiguiente equiparación del régimen de empleadas de hogar al régimen general.
-La Junta de Castilla y León deberá implementar medidas para garantizar los planes de igualdad en las empresas, favoreciendo su implantación en empresas menores de 250 trabajadoras/es , que son la mayoría de las existentes en nuestra comunidad.
Es necesaria la igualdad real entre hombres y mujeres, porque es una causa justa, y porque tiene que ser el reconocimiento básico de los derechos fundamentales de las mujeres
