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IU apoya a los pueblos contra el cierre de oficinas de banca

Denuncia que, con el acceso bancario, a la España Vaciada le vuelve a “tocar la peor parte” debido a cierre de oficinas.

Hasta 11 pueblos de Valladolid han constituido una protesta contra el cierre de oficinas de Unicaja. Se concentran este viernes, 1 de abril, a las 12,00 horas frente a la oficina central de la entidad bancaria en la vallisoletana Plaza Zorrilla.

Los habitantes de estas localidades se han quedado sin posibilidad de obtener dinero ni en la oficina bancaria ni en el cajero automático que también se ha cerrado. El alcalde de Villanueva de IU, Edilberto Ruíz, señala que “con esta protesta exigimos que la entidad reabra las sedes que tenía en estos pueblos y, sobre todo, mantenga los cajeros que nos permitían tener efectivo”.

Las localidades que se han sumado a este bloque son, además de Villanueva de Duero, Becilla de Valderaduey, Fuensaldaña, Montemayor de Pililla, Mucientes, Santovenia de Pisuerga, La Seca, Traspinedo, La Parrilla, Sardón de Duero y Santibañez de Valcorba. En muchos casos municipios pequeños, donde solo existía una oficina de Unicaja, antes Caja España. Se trata de municipios con una población, en muchos casos, envejecida y con problemas de transporte a las localidades vecinas.

Informe del Banco de España

Según el informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’ del Banco de España que reconoce que el proceso de fusiones en la banca «ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable» en las zonas rurales del país. En el mismo se especificaba que la mitad de las sucursales bancarias en España han desaparecido desde la crisis de 2008 y con ello miles de cajeros.

IU Castilla y León recuerda que Castilla y León la comunidad autónoma con la cobertura menos amplia. Con Zamora (27,8% de la población sin acceso sobre el total), Ávila (21%), Segovia (19,9%) y Palencia (18,2%) como las provincias que presentan menores puntos de acceso a efectivo.

IU denuncia un proceso precipitado y acelerado, por el cierre de las cajas de ahorro tras una gestión nefasta y relacionada con innumerables casos de corrupción, y por las sucesivas fusiones bancarias que buscan concentrar la propiedad y maximizar beneficios a costa de deteriorar el servicio. A ello se añade, además, los innumerables despidos producto de todo el proceso de fusiones y reorganizaciones.

Desde el Ministerio de Consumo y se solicitó a los bancos sus planes de reestructuración para proteger a los usuarios vulnerables. Ello debe seguirse de una apuesta decidida desde el gobierno central para garantizar los derechos de los consumidores, dotándose de competencias sancionadoras y voluntad política para actuar.

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