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Unidas Podemos propone apoyar pequeños parques de renovables sobre grandes macroproyectos.

La candidatura de Unidas Podemos en Burgos, ha mantenido una reunión con la plataforma contra los macroparques eólicos. En el marco de la preocupación social por la puesta en marcha de estos proyectos Juan Gascón y Marga Arroyo han recogido su valoración para trasladar una propuesta “sostenible y respetuosa con el territorio”.

Desde Unidas Podemos, manifiestan el firme apoyo a la energía renovable en las condiciones más beneficiosas para las comarcas donde se instalan.

Por ambas partes se destaca que la ocupación del espacio que llevan a cabo estas instalaciones perjudica tanto a la vida de los habitantes como a otros sectores económicos como el del turismo rural. Por ello, señala Gascón “es necesario hacer un balance y garantizar que las comarcas rurales no se vean afectadas”.

Entre las propuestas destacadas en materia de eólica, consideran necesario establecer legislación que limite la altura de las turbinas (Burgos está instalando las más altas del mundo), la potencia de los propios parques, la densidad de parques, que se concentran en las mismas comarcas, y la distancia a zonas habitadas.

Ambos coinciden en que estos modelos de desarrollo no generan apenas puestos de trabajo más allá de la instalación inicial (personal de mantenimiento mínimo). Tampoco creen que fijen población, sino “que expulsan aún más a la gente de los territorios”.

Sobre la energía fotovoltaica, genera menos impactos sobre personas y medio que la eólica, también se valora necesario establecer límites en superficie. Así, se debería apostar por las pequeñas instalaciones (que pueden empoderar a ciudadanos particulares, pymes y administraciones locales) que favorezcan el autoconsumo.

Desde Unidas Podemos proponen que las subvenciones públicas deben ir dirigidas por tanto a estos proyectos más repartidos, que poseen un impacto ambiental nulo.
Reclaman, además, que se compense a quienes sufren el impacto de estas instalaciones en sus municipios. “Es necesario impulsar una normativa que ponga en el centro el consentimiento previo libre e informado, como garantía a la hora de plantear estas instalaciones”.

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