IU-Equo y la Plataforma Cinco Puntos ha exigido al ejecutivo autonómico garantizar la seguridad vial de los escolares e incluya en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de transporte escolar que los autobuses utilicen sistemas de retención homologados en vez de los actuales cinturones de dos puntos.
En una rueda de prensa, Sarrión junto a Rosario Gonález, representante de la Plataforma han presentado una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Educación instando a cumplir la normativa y que el ejecutivo autonómico ejerza sus competencias para un transporte escolar seguro. En la próxima sesión plenaria, prevista para el 12 y 13 de marzo de 2019 el procurador de IU-Equo preguntará al consejero de Educación.
“La legislación es ambigua, cicatera y cutre y la Junta se acoge a esa parte laxa por motivos económicos, sin la exigencia a las empresas para que tengan autobuses con sistemas de retención infantil homologados a su talla y peso y las butacas soporten un cinturón de tres puntos”, ha denunciado Sarrión.
Por su parte, Rosario González, ha recordado el motivo por qué surgió la Plataforma “tuvimos un susto con una menor y el cinturón en un autobús de la línea Portillo-Aldea de San Miguel (Valladolid). Enviamos un escrito al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común, quienes se han dirigido a la Consejería de Educación, que ha dicho que se adapta a la legislación y el transporte escolar es seguro”.
“Se juegan la vida. Con un cinturón de dos puntos un menor de 25 kilos de peso que viaje en un autobús a 50 kilómetros por hora en un choque moriría y muchos niños viajan cada día varios kilómetros por autovía hasta a cien kilómetros por hora”.
En la propuesta de resolución de la PNL se insta a la Junta a que solicite al Gobierno una modificación del Reglamento General de circulación para impedir que por la red viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda trasladar a menores sin un sistema de retención infantil homologado en aras a proteger su vida y la integridad física.
También, pide a la Junta que en base a sus competencias garantice que se utilizan en el transporte escolar ese tipo de cinturones, y adoptar las medidas necesarias para fomentar su instalación en vehículos de las rutas escolares que, por su antigüedad, puede circular de manera reglamentaria sin ellos. E insta a obligar e inspeccionar a las empresas concesionarias a la instalación de ese tipo de cinturones (SRI) tal y como marca la ley e incluso plantear rescindir contratos con empresas que no cumplan con la ley en materia de seguridad y en concreto en la seguridad interior de los autobuses de rutas escolares.
El Defensor del Pueblo argumenta que la inexistencia de cinturones y sistemas de retención tendrá una solución definitiva el 1 de septiembre de 2023, cuando finalmente dejen de circular los autobuses más antiguos y con esa carencia, pero considera que las administraciones competentes deben buscar una solución a la “mayor brevedad, no dejando que el problema se resuelva por el mero transcurrir del tiempo”.
En Castilla y León hay 1874 rutas escolares -no supone que sea el mismo número de vehículos- y 132 de los más de 300 inspeccionados fueron denunciados por incumplir la norma, detalló el procurador de IU.
Ante las cinco semanas que restan para el final del periodo hábil en las Cortes, Sarrión se comprometió a que la seguridad en el transporte escolar será la primera iniciativa que presentará IU en las nuevas Cortes que se configuren a partir del 26 de mayo.
