Las personas que trabajan en el reparto a domicilio en Castilla y León tendrán que ser contratadas como trabajadoras por cuenta ajena por las empresas sin necesidad de ir a juicio al ser consideradas falsas autónomas. La ley, que será aprobada en Consejo de Ministros, es una consecuencia de las plataformas de riders, del trabajo sindical, de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de las numerosas sentencias existentes en Castilla y León y en España y de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo que falló hace unos meses contra Glovo que incurría en una relación laboral encubierta.
CCOO y UGT, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han llegado a un acuerdo por el que se reconoce la condición de asalariadas a todas las personas que hacen tareas de reparto de cualquier producto de consumo o mercancías a través de las plataformas digitales (riders).
Además, se modifica el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores para ampliar los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras con el fin de poder tener control de las tecnologías que se utilizan en todo tipo empresas y que tienen una incidencia directa en el empleo y las condiciones de trabajo.
Para Izquierda Unida de Castilla y León este acuerdo supone un paso muy importante para acabar con la precariedad en la que se viene prestando estos servicios, carente de derechos laborales y de protección social y buscando la huida del derecho del trabajo.
Otro aspecto importante del acuerdo es que se reconozca a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras el derecho de acceso a la información sobre los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que utilizan las empresas y que determinan las condiciones laborales.
Tras el octavo pacto alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales Ceoe y Cepyme, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado: «Miles de trabajadores serán laborales, gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores en el ámbito de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen, por ejemplo, si sufren un accidente laboral».
IUCyL valora positivamente este paso dado por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales que hará que las empresas que utilizan este personal tengan que regularizar su situación en nuestra Comunidad. Un paso más para regularizar esta situación que se daba antes del Coronavirus pero que se agudizó tras el confinamiento domiciliario donde estas personas trabajadoras contratadas como falsas autónomas crecieron de manera exponencial para prestar este servicio hasta los domicilios.