IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León ha propuesto, mediante Proposición No de Ley, instar a los grupos parlamentarios del Congreso a que soliciten y apoyen la apertura de una Comisión de Investigación en sede parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas, en el accidente ferroviario de alta velocidad de 24 de julio de 2013, en Angrois (Santiago de Compostela)
El procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, tal y como anunció el pasado 17 de febrero de 2016, solicita que el Gobierno de la Nación encargue a una comisión de expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido. Así como, el recibimiento a la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, por parte de la Junta de Castilla y León, para conocer sus demandas y reivindicaciones.
“El mayor accidente ferroviario de la alta velocidad y de la historia de la democracia”, califica Sarrión, con la trágica consecuencia de más de 145 heridos y de 81 fallecidos, ocho de ellos ciudadanos de Castilla y León. Francisco Javier García Liras (Segovia, 27 años), Manuel Sierra Morán (Valladolid, 40 años), Juan Manuel de Diego Bajón (Valladolid, 55 años), Enrique Beotas López (Ávila, 58 años), María Esperanza Moriñigo Gregorio (Salamanca, 66 años), Juana Arganda Fernández, (Navaluenga, 69 años), María Andrea Hernández Miguel (El Perdigón, 76 años) y Manuel Nieto Coscarón (Zamora, 79 años).
“No podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, ni podemos hacer justicia, pero sí ayudar a que resplandezca la verdad sobre lo ocurrido y contribuir a reconocer y dignificar a las víctimas, apoyándolas en su tenaz búsqueda de verdad, justicia y reparación. Ese es el objetivo de la iniciativa”, apunta el procurador IUCyL-Equo.
La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 se constituyó dos meses después del accidente con el objetivo de reivindicar la verdad y la justicia y exigir responsabilidades políticas.
Desde su constitución, la Plataforma ha denunciado la laxitud y el maltrato de las instituciones públicas y los responsables políticos, que han condenado al olvido el accidente, sin indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de la tragedia ferroviaria. Así como una la falta de sensibilidad y una incomprensible situación de desamparo “que viola sus derechos más básicos, como víctimas y familiares del accidente ferroviario más grave nuestro país desde la etapa democrática”, apunta Sarrión.
Además, “no podemos olvidar la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)”. El procurador de IUyCyL-Equo recuerda que el informe final de ese organismo reconoce que de las tres personas integrantes del equipo investigador, el Director de Seguridad de RENFE y el Director de Seguridad de ADIF, estuvieron involucrados en el accidente y dependían del Ministerio de Fomento.
Asimismo, la Plataforma ha reivindicado la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas.
En su búsqueda de la verdad sobre lo acontecido, la Plataforma consiguió, mediante suscripción popular (crowdfunding), financiar la película documental “Frankenstein 04155”, que relata las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente y denuncia la existencia de responsabilidades profesionales y políticas que necesitan ser esclarecidas.
Además, los principales responsables políticos de la obra y puesta en marcha de la línea ferroviaria del AVE a Galicia, encabezados por el ex-ministro José Blanco, nunca han dado explicaciones sobre de la ausencia de medidas de seguridad en la parte del trazado donde se produjo el accidente y las deficiencias técnicas del tren, recuerda el procurador de IUCyL-Equo.
“Como tampoco se ha asumido responsabilidades y explicaciones políticas por parte de los responsables de la seguridad de las vías cuando se produjo el accidente”, momento en el que ya era Ministra de Fomento Ana Pastor.
El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, en la pasada legislatura, solicitó en varias ocasiones la creación de una comisión de investigación para depurar en sede parlamentaria las responsabilidades políticas que puedan derivarse de estos hechos. Sin embargo, fue sistemáticamente bloqueada por el Partido Popular, el Partido Socialista, CIU y el PNV, impidiendo de esta forma que José Blanco y Ana Pastor dieran explicaciones en sede parlamentaria sobre lo acontecido aquél fatídico 24 de julio.
