El Procurador en las Cortes de Castilla y León por IUCyL-Equo, José Sarrión, ha presentado 17 enmiendas parciales al Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Enmiendas que tienen por objetivo que la investigación sea objeto del Procurador del Común en lugar de la propia Administración; la investigación de todos los tipos de delitos – trabajadores, abuso de poder o de superioridad-, no sólo contra la Administración pública, y sancionar con grado máximo a quienes repriman o traten de reprimir a informantes.
En referencia al objetivo de la Ley, el procurador de IUCyL señala que se debe ampliar la denominación a los actos contra la administración, en lugar de los delitos contra la misma. Entendiendo por actos aquellos delitos contra los trabajadores, y hechos que supongan abuso de poder o de superioridad.
Asimismo, la formación política propone que la investigación se lleve a cabo por el Comisionado de Transparencia, dependiente del Procurador del Común, en lugar del Servicio de Inspección de la Junta. “Parece lógico que quien investigue a altos cargos de la Junta sea una institución de control independiente de la misma, en lugar de un departamento dependiente de la misma como propone el PP; con el fin de preservar su independencia y objetividad”. En el caso de que se incoe un procedimiento penal, IUCyL-Equo, exige la personación de la Junta de Castilla y León deberá como acusación particular y perjudicada, en defensa de los intereses de la Administración.
Del mismo modo, Sarrión demanda la supresión de la propuesta del PP de considerar falta grave la presentación de informaciones cuando de las actuaciones llevadas a cabo se derive su falta de fundamento. “Nos parece que esta propuesta del PP inutiliza esta Ley y le da la vuelta, convirtiendo al informante en investigado. El ordenamiento jurídico español ya sanciona la acusación y denuncia falsas”.
Además, en los casos el Comisionado de Transparencia considere que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa, IUCyL-Equo apunta a la obligatoriedad de la incoación de expediente disciplinario. “La Ley puede ser inútil si la apertura o no de expediente queda al arbitrio de la propia administración. Además, la remisión de copia del expediente permitirá al comisionado controlar la correcta actuación administrativa”, recalca Sarrión.
Sobre las garantías de protección del informante, el procurador de IUyL-Equo demanda que no se terminen con el procedimiento. Y en el caso de que se produzca cualquier modificación de las condiciones de trabajo del informante tras su denuncia, poder solicitar su traslado, estableciendo un período de dos años siguientes a la comunicación de la información.
Finalmente, Sarrión exige castigar con máxima sanción a cualquier acto de represalia o discriminación que se realice en perjuicio de la persona que ha comunicado información, y que sea consecuencia de dicha comunicación.
