El Procurador en las Cortes de Castilla y León por IUCyL-Equo, José Sarrión, ha presentado once enmiendas parciales al Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castila y León con el objetivo de mejorar la ley en determinados aspectos.
En referencia al régimen jurídico de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y de las entidades a ellas adscritas, el procurador propone incorporar a su ámbito de aplicación al Procurador del Común y los Presidentes del Consejo de Cuentas, del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social; así como las personas titulares de los puestos de trabajo cuyo nombramiento se realice por Decreto.
IUCyL-Equo señala que el nombramiento estará limitado a 8 años, con independencia del puesto que ocupe. Es decir, el período límite de aplicará con carácter general y no sólo a los titulares de una consejería. Además, no podrán ostentar cargo público en la Administración quien haya sido condenado por delitos que genera una especial sensibilidad social -delitos contra los trabajadores, de acoso, de odio, de maltrato por razón de género o contra menores-.
En la toma de posesión del cargo deberá suprimirse “con lealtad al Rey” y las obligaciones derivadas de su nombramiento exigirán hacer público su participación en sociedades radicadas en paraísos fiscales; así como titulares de cuentas radicadas en los mismos.
El título II, referido al ejercicio del alto cargo, el procurador de IUCyL-Equo, demanda que la administración del patrimonio personal o familiar, no se ostente participaciones directas o indirectas en empresas o entidades que tengan contratos, conciertos o convenios con el sector público autonómico o bien que sean subcontratistas de tales empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante de dicho sector público. Y, posteriormente al cese del cargo, la prestación de servicios en entidades privadas se deberá extender a todos los ámbitos, tenga o no experiencia previa en las mismas.
Finalmente, Sarrión propone que los debates públicos durante la campaña electoral de los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León se extiendan a todas formaciones políticas con tengan representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León.
