IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León exige la inmediata y urgente retirada de la convocatoria de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional por “continuar por los mismos derroteros de privatización, recortes y estrangulamiento de la investigación pública de la Comunidad”.
Del mismo modo, se propone que el diseño de cualquier convocatoria cuente con el acuerdo de la comunidad científica de las Universidades Públicas de CyL. Solicitud que ha sido presentada en rueda de prensa junto al procurador de IUCyL-Equo, José Sarión y el miembro del Área de Educación de IUCyL, Bernardo Martínez.
La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, señala el procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, insiste en tres anomalías fundamentales que “dinamitan” la I+D en nuestra Comunidad. Se excluye de facto la financiación de cualquier proyecto de investigación básica o de todas las ciencias jurídicas y sociales; se impone la obligatoriedad de contrato o convenio con una empresa privada en el momento de solicitud de subvención, y se expulsa a los jóvenes investigadores, al establecer como condición no haber realizado la investigación y la tesis en la misma universidad en la que vaya a ser contratados. “Nos encontramos ante una medida irracional, contraria a los principios de la ética investigadora y con una clara tendencia mercantilista y privatizadora. La investigación no puede ser decidida por las empresas, sino por la comunidad educativa en diálogo con la sociedad y el gobierno autonómico”
La Proposición No de Ley solicita su retirada y el diseño de una convocatoria acordada con toda la comunidad científica de las universidades públicas de Castilla y León, que no imponga la exigencia de tener ninguna colaboración empresarial y que no excluya de facto la financiación a la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales.
Asimismo, Sarrión avisa de peligro que corre la investigación al centrarse solo en la investigación aplicada. “Par que exista la aplicada debe darse, previamente, la básica. Si condenamos la investigación a criterios mercantilistas, estamos condenando la investigación. Corto placismo estéril que va a condicionar la investigación en la Comunidad”.
Por su parte, el profesor universitario y miembro del Área de educación de IUCyL, Bernardo Martínez, censura que esta orden cae “en los mismos errores” que la del año anterior y supone “una burla a los investigadores”. Y recuerda que la comunidad investigadora de CyL comenzó a alzarse contra la política de investigación de la administración autonómica en la anterior convocatoria de ayudas de 2014, en la que se quedaron fuera del programa de financiación el 80% de los proyectos presentados de las Universidades de Castilla y León. Una batalla que conntó con el apoyo de más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad través de la plataforma de Internet Change.org, que mediante una carta destinada a la Consejería de Educación exigian el cumplimiento de los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades. Requerimiento desoído por la Consejería de Educación que, “no haizo sino acelerar lo que es ya una ‘muerte anunciada’ de buena parte de la investigación en Castilla y León desde 2008, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como la investigación básica”.
