El procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en torno a la empresa Collosa-Llorente, responsable del mantenimiento, explotación y conservación de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia.
Dicha empresa es objeto de investigación por el presunto pago de comisiones a cambio de concesiones públicas en la llamada “Trama Eólica”.
Por este motivo, el procurador cuestiona si la empresa tiene subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública por parte de la Junta de Castilla y León o de cualquier otra Administración pública, cuántos contratos posee en la actualidad con el ejecutivo autonómico y cuántas UTE, en las cuales Collosa-Llorente tenía participación, poseían contratos con la Junta de Castilla y León.
Asimismo, el sindicato CGT asegura que la empresa “reprime y despide a dos trabajadores en su Base de Guijuelo, por su afiliación sindical y por defender los derechos laborales, intentando atemorizar y amedrentar al resto de la plantilla”.”Collosa-Llorente se ha negado en todo momento a la readmisión de los trabajadores, aun admitiendo la improcedencia de los despidos”, denuncia Sarrión.
El procurador de IUy-Equo quiere saber si el ejecutivo autonómico tiene conocimiento de la manera de proceder de la empresa, qué medidas piensan tomar, cuántos despidos improcedentes se han practicado en Collosa-Llorente o en las UTE en las cuales era participe mientras poseían contratos con la administración, y si la administración garantiza que en todas las concesiones de mantenimiento de carreteras adjudicadas a, o en las que participe, Collosa-Llorente cumplen con el número mínimo de trabajadores que recogen los pliegos de condiciones
Además, diversos medios de comunicación ha reflejado las quejas sobre el estado de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia, apunta Sarrión.
