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IUCyL considera que las Inmatriculaciones son un asunto de estado, y la respuesta para aclarar que son Bienes de dominio Públicos tiene que ser política.

Izquierda Unida de Castilla y León, tras la presentación el 16 de febrero en el Consejo de Ministros del informe sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, quiere defender la importancia de un desarrollo legislativo que permita su recuperación para el dominio público.
El acuerdo 5.11 del pacto de legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE, decía que nos comprometíamos a llevar a cabo: “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

El patrimonio histórico de raíz religiosa, con independencia del uso que pueda desarrollarse en el mismo, forma parte de la riqueza cultural heredada por el pueblo y de ninguna manera puede permitirse que por inacción o trascurso del tiempo se pierda para las futuras generaciones.
IUCyL agradece la labor realizada por la Plataforma Recuperando en el debate y concienciación del patrimonio histórico inmatriculado por la Iglesia Católica. IU considera que los más de 10.000 inmuebles inmatriculados en Castilla y León, entre 1998 y 2015, tendrían que ser bienes de dominio público, independientemente del uso que se le diera a los mismos.
Cargos públicos y orgánicos de IUCyL: de Valladolid, Segovia, Palencia, Salamanca, León, Ávila y Burgos se han reunido ayer 25 de febrero con la Plataforma Recuperando interesados en conocer la situación de estas inmatriculaciones y qué pasos dar desde nuestra organización política y las instituciones en las que tenemos representación para conseguir revertir dicho escándalo monumental y que esas propiedades inmatriculadas pasen a ser bienes públicos.

IUCyL considera que recurrir a la vía judicial es una posibilidad que ya existía y consideramos que el Gobierno de España tiene que dar una solución política a este problema que se generó por una ley franquista y que no fue subsanado legislativamente hasta el año 2015. La Plataforma Recuperando estima que se produjeron unas 100.000 inmatriculaciones de Patrimonio Público a nombre de la Iglesia Católica en toda España desde la aprobación de la ley franquista en 1946 que permitía las inmatriculaciones. El listado facilitado por la Vicepresidenta del Gobierno es de propiedades inmatriculadas desde 1998 hasta 2015: templos como las Catedrales de Valladolid y de Segovia, y sus dependencias, iglesias, ermitas, cementerios, pero también garajes, solares, locales, …

IUCyL trabajará para articular fórmulas normativas que permitan declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno.

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