Izquierda Unida de Castilla y León se adhiere a la iniciativa planteada por el Movimiento de Renovación Pedagógica ‘Concejo Educativo’ de proponer una paralización de los aspectos más graves de la LOMCE en 2015 -2016.
El documento, compromete en siete puntos un plan para anular los efectos más negativos de la LOMCE y poner en marcha algunas medidas “inaplazables”, que quedarían reflejadas en una ley de urgencia, que paralizaría la LOMCE en el curso 2015-16, “evitando un proceso de deterioro irreversible”.
De hecho, Izquierda Unida ya ha iniciado este camino, impulsando un acuerdo de todas las fuerzas políticas a nivel estatal para derogar la LOMCE tras el 20D.
Además, la formación política va más allá, participando activamente en la construcción de un ‘Acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación’, elaborado desde la base y de forma participativa con la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes. IUCyL señala que, “no podemos permitirnos que la próxima ley se diseñe parcheando la actual, sin solucionar, previamente, los problemas de fondo que la educación vive en estos momentos”.
La normativa paralizaría las pruebas de evaluación externa en todas las etapas, así como el uso público de resultados de pruebas diagnósticas que “solo serviría para establecer ranking en los centros, reforzar el elitismo y la segregación, en vez de aportar los medios para cubrir las necesidades detectadas en los centros educativos y su alumnado”.
Asimismo, el nuevo texto aseguraría una titulación única para la educación obligatoria, con el objetivo abrir todas las opciones de estudio tras esa etapa, “incluyendo de forma inmediata desde la anulación de la opcionalidad como herramienta para segregar al alumnado, hasta el restablecimiento de opciones que han ayudado a conseguir la titulación básica, como es el caso de los programas de diversificación curricular”.
El proyecto de una nueva Ley Educativa, inclusiva, participativa y democrática recuperaría, del mismo modo, el poder de decisión y las competencias de los consejos escolares y claustros, y, con urgencia, respecto al nombramiento de la direcciones de los centros. Y a dejaría sin aplicación el valor académico que la LOMCE da a la asignatura de religión confesional, exigiendo, además, el mismo criterio de ratio que exista para otras asignaturas, “tal y como recoge el programa de IU, que establece que toda religión tiene que estar fuera de la escuela y desarrollarse, en todo caso, en el ámbito de lo personal”.
De la misma forma, el documento aseguraría el derecho a la educación en igualdad, por encima de cualquier otra condición y elección, racionalizando el acceso del alumnado en las distintas etapas de la educación general básica, anulando cualquier medida que pueda dar lugar a la segregación como, por ejemplo, el distrito único. Y a recuperar el nivel de recursos, ratios y plantillas en los centros públicos anteriores a la política de recortes, en un plazo de dos años, estableciendo criterios de dotación económica a los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria.
