La sala segunda del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida tras el sobreseimiento del Caso Navicoas. El 13 de junio es la fecha marcada para conocer si finalmente la causa se archiva de forma definitiva o si, como pide la organización, se abre juicio oral contra los responsables de hipotecar el Torreón de Lozoya y otros inmuebles de la ciudad para avalar un préstamo de 6,8 millones con el que se asumió la deuda de la empresa Navicoas.
A la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el fondo, la organización se muestra esperanzada de que el recurso finalmente prospere. El abogado de IU en la causa, Alberto López Villa, ha valorado la decisión del Tribunal como una inyección de confianza. “De este modo no se deja morir la vía penal y el enjuiciamiento de los directivos responsables. Además, en esta ocasión parece que contamos con el apoyo de la Fiscalía del Supremo”, ha apuntado.
El portavoz en el Ayto de Segovia, Ángel Galindo, ha mostrado su satisfacción por la noticia, pero muestra cautela ante el pronunciamiento final. “Vamos por el buen camino. Desde IU vamos a seguir trabajando para que se conozca la verdad y se haga justicia. No nos ponemos de perfil, nos estamos enfrentando a unas decisiones que en su día causaron un importante perjuicio a la sociedad segoviana”, ha asegurado.
Galindo ha recordado que este caso se archivó tras la retirada de la Fundación Caja Segovia como acusación particular, en base a un acuerdo con Bankia que supuso una importante cesión de patrimonio de la ciudad a la entidad bancaria. “El propio presidente de la Fundación Caja Segovia ha reconocido en medios que la misma gestiona patrimonio de todos los segovianos”. Ha remarcado que casi todas las personas imputadas en el caso del Torreón son del PP y del PSOE, tres de ellos diputados provinciales en activo.
Para el procurador de IU-Equo en las Cortes, José Sarrión, “es una muy buena noticia” saber que, a pesar del archivo de otras partes de este caso, éste sigue hacia adelante y que existe una posibilidad de sentar en el banquillo a los responsables”. Sarrión ha señalado la importancia de que “la impunidad no sea la respuesta por un presunto delito económico en el que se ha dilapidado dinero público”.
