El pasado mes de febrero los colectivos LGTBI de Castilla y León tuvieron una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la que debatieron sobre la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, con el fin de dotar a la Comunidad de una ley que proteja a este colectivo.
Como fruto de este encuentro, la consejera admitió que la Junta de Castilla y León había adquirido el compromiso para que, antes de finalizar el año (2017), un proyecto de ley sobre esta materia llegase a las Cortes para el inicio de su tramitación. La consejera confió en cumplir con los plazos puesto que la consejería de la que es titular trabajará con un documento base, facilitado por los propios colectivos LGTBI.
Estamos a final del año en el que se suponía se iba a iniciar el debate de esta ley y no hay ningún hecho que corrobore que este proyecto esté o vaya a estar para su tramitación y debate parlamentario, a pesar de haberse aprobado una resolución a favor de esta iniciativa, presentada por IU, en el último debate sobre el estado de la Comunidad .
Por todo ello IU-equo ha registrado una pregunta a la Junta con el fin de que diga la fecha en la que piensa cumplir con su compromiso y llevar a las Cortes el proyecto de ley para el inicio de su debate.
José Sarrión ha declarado que “para este año, 2017, va resultar imposible que la Junta cumpla con lo que se comprometió: llevar a Cortes un proyecto sobre Igualdad para el colectivo LGTBI, e iniciar su tramitación” Sarrión ha lamentado que se haya convertido en un hecho recurrente la falta de palabra de la Junta de Castilla y León “ cuando se trata de llevar a la práctica aquello a lo que públicamente se compromete”
Sarrión también ha incidido en la idea de que “ahora sería un buen momento para abordar una ley así. En el Congreso, a iniciativa de Unidos Podemos, el grupo en el que está presente Izquierda Unida, ha conseguido que se de trámite a una ley estatal contra la discriminación del colectivo LGTBI”
Los grupos ultracatólicos y la extrema derecha han salido a criminalizar esta iniciativa estatal. “Posiblemente” continúa exponiendo Sarrión “estos grupos cuya intolerancia es sabida por todos, sean parte del motivo por el cual la Junta haya podido decidir guardar este proyecto en un cajón”
