Ante la situación de desamparo y abandono en la que se hayan muchas de las personas mayores en nuestra Comunidad por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León es alarmante. La realidad es que este Gobierno está llevando a cabo una política de dejación de funciones en cuanto al mantenimiento de un buen servicio público y de calidad.
Una actitud de por sí dañina para nuestro bienestar social pero más vergonzosa en una comunidad como la nuestra, con un alto índice de población envejecida donde la escasez de plazas en centros públicos hace que en algunas provincias haya lista de espera de hasta dos años, obligando a acudir a residencias privadas, y donde la pensión media ronda los 900€, mientras que las plazas privadas varían entre 1300 y 2000€ mensuales, para residentes de dependencia moderada, y entre 1700 y 2500€ para total dependencia.
No es solo una falta de compromiso de las Instituciones por crear residencias públicas que faciliten y dignifiquen la de vida de las personas mayores. Va más allá. Lo que se pone de manifiesto es todo un programa político encaminado a favorecer la privatización del sector y el enriquecimiento de las empresas que aprovechan ese vacío para generar negocio. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, anulando el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a la personas mayores de Castilla y León, en donde se enmarcan las residencias y los centros de día, es un claro ejemplo de ello. La sentencia anula el decreto no solo por carecer de la imprescindible memoria económica para su desarrollo, más grave aún es la anulación porque “determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 147/2001 –al que deroga el impugnado- sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional, etc.” considerando el Tribunal que no se justifica por qué el Decreto 2/106 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba.
La Comunidad de Castilla y León está obligada a atender estas necesidades y a velar por la calidad del servicio y la condiciones laborales de quienes lo desempeñan, mayoritariamente mujeres.
De las más de 720 residencias para mayores registradas en nuestra Comunidad el porcentaje de titularidad pública es minoritario ya que este gobierno ha preferido el concierto y la subvención de plazas en centros privados. Éste déficit, propicia el abuso de algunas empresas privadas que priorizan el criterio de la rentabilidad empresarial frente a cualquier otro, incurriendo incluso en abusos e ilegalidades laborales y sociales como los denunciados por las trabajadoras de la residencia Buellavista en Babilafuente, Salamanca. En este caso concreto los sindicatos ya han denunciado: falsificación de las plantillas de trabajo para superar las inspecciones; jornadas laborales que en ocasiones superan las 48 o 50 horas semanales; ingresos de salarios inferiores a los fijados en nómina o desempeño de funciones propias de enfermería por personal no cualificado. Todo ello para aumentar el margen de beneficios a costa de las trabajadoras y de la calidad prestada a las personas residentes.
Lamentablemente los abusos denunciados en la residencia Bellavista no son una excepción. En muchas residencias se constatan malas prácticas como falta de personal en limpieza y mantenimiento, valoración inadecuada de las necesidades de las residentes o la falta de respeto del tiempo de descanso entre turno y turno de cada trabajador/a.
La actitud que las Gerencias Territoriales asumen es en muchos casos inaceptable al preferir no intervenir ante lo que consideran “faltas leves”, conocedoras del problema que supondría eliminar la subvención de plazas públicas en centros privados.
Por estos motivos desde IU-Equo hemos registrado una batería de preguntas al ejecutivo autonómico para que se nos den explicaciones:
¿Cuántas residencias de titularidad autonómica pública existen realmente en la Comunidad de Castilla y león y qué porcentaje de plazas suponen frente al total existente? ¿Qué criterios de distribución por provincia se siguen a la hora de crear esos centros?
¿Cuántas plazas subvencionadas hay en toda la Comunidad y cuál es su distribución por provincias y con qué criterios?
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el buen servicio prestado a las personas residentes, el cumplimiento de los convenios laborales y para evitar fraudes como los de la residencia Bellavista de Babilafuente en residencias que tienen plazas subvencionadas con la Junta de Castilla y León?
