El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha solicitado al ejecutivo autonómico retirar la Proposición de Ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, presentada por el grupo parlamentario popular en el parlamento autonómico, y “un trato justo a los/as trabajadores/as de la Junta de Castilla y León”.
Sarrión ha interrogado al presidente autonómico por la toma en consideración de este Proyecto de Ley, “un compromiso electoral, que traen a esta Cámara al final de la Legislatura, en forma de Proposición de Ley, abstraído de la negociación colectiva”.
“Plantean una iniciativa que tiene por objetivo vincular la carrera profesional al cumplimiento de los objetivos de déficit. Es tremendamente grave. Esto no ocurre en otras comunidades autónomas, incluso en algunas provincias de Castilla y León”, recuerda Sarrión. Además, “hipotecan un derecho de los trabajadores con una medida incomprensible, someter la carrera profesional a recibir un incremento de las entregas a cuenta del doble de esta medida”.
Además, el procurador de IU-Equo, “no hay garantías de cumplimiento de la normativa puesto que se desarrollaría con otro gobierno”.
En su debate, Sarrión ha advertido que para la elaboración de esta Proposición de Ley se ha tenido como modelo la carrera profesional que se pacto en el SACYL en 2009; la cual, se encuentra paralizada desde 2010 y reabierta por orden de un juzgado.
También ha recordado la afrenta a profesores/as al hacerles elegir entre sexenios o la carrera profesional. “Tenemos a los maestros peor pagados de España, y los profesores de Secundaria son los penúltimos en salarios”.
Situación que se extiende a sanitarios puesto que en la disposición adicional cuarta “solo se hace referencia las guardias no pagadas en 2009, pero olvidan todas las guardias de años posteriores que debían haber subido como consecuencias a la de dicho año”.
Finalmente, Sarrión ha recordado el caso de los Trabajadores indefinidos no fijos de la Junta. “300 trabajadores/as de diversas titulaciones, declarados indefinidos por sentencia judicial, se les deja desamparados. No existe ningún cuerpo o escala específica para ellos, por lo que sólo podrían aspirar a cuerpos generales, no los cuerpos facultativos. Además del coste que supondría su despido. Todo, porque la Junta presente cumplir la Directiva de la UE que obliga reducir la temporalidad, pero sin aumentar el presupuesto y sin contratar nuevo personal”.
Unas actuaciones, apunta Sarrión, “en una Comunidad sonde se reducen 1.000 puestos de trabajo -600 vía amortización, 400 en diferido-, en las RPT sólo se sube el salario de manera efectiva a los Jefes de Servicio, no se acata una sentencia que obliga a la Junta a convocar 1.500 puestos de trabajo ocultados de forma fraudulenta en el último gran Concurso de 2014, y los empleados públicos cobran de media un 20% menos que la media de Administraciones autonómicas”.
