El pasado 19 de octubre de 2017, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el anuncio de información pública relativa al expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia, solicitado por Berkeley Minera España, S.L. de las fincas afectadas por la mina de Retortillo.
IU-Equo interroga al ejecutivo autonómico si considera urgente expropiar terrenos para un proyecto que no puede ponerse en marcha en los próximos meses.
“La declaración de urgencia en un procedimiento de expropiación forzosa se prevé en situaciones excepcionales, y que no se dan en este caso”, argumenta el procurador de IU-Equo, José Sarrión. “Los intereses de una empresa no pueden urgir a la Junta de Castilla y León a resolver sus pretensiones”.
IUCyL recuerda que Berkeley S.L. carece de Licencia Urbanística del Ayuntamiento de Retortillo para iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones proyectadas, “por lo que no hay ninguna urgencia en expropiar unos terrenos en los que no se puede construir nada”. Además el Gobierno del Estado ha suspendido “indefinidamente” el procedimiento de autorización de construcción de la Planta de tratamiento de mineral prevista. Y están en curso distintos procedimientos judiciales en relación a las autorizaciones concedidas para el proyecto minero.
“¿El ejecutivo autonómico va a impulsar un proyecto pendiente de resoluciones judiciales en las que se ha personado la Junta de Castilla y León?”.
“El Gobierno autonómico debe velar por los intereses de los ciudadanos que habitan esta Comunidad y no favorecer los de una empresa multinacional de origen australiano”. En este sentido, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de la capital salmantina, han aprobado mociones en contra de los intereses de la minera, recogiendo el sentir unánime de la población, “por lo que sería inconcebible que se favoreciera, por vía de urgencia, un procedimiento de expropiación de un proyecto perjudicial para los castellanos y leoneses”.
