Iniciativa de Izquierda Unida-Equo convergencia por Castilla y León para su debate en Comisión
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1- Instar al Gobierno de la Nación a reformar el real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mazo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caos de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en el caso de pequeños empresario y autónomos. Dicha medidas debe ser aplicad de forma inmediata, independientemente de la tramitación de la Ley. Por acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, el embargado podrá continuar en el uso de la vivienda a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo. Ese pago no deberá de ser, en ningún caso, superior al 30% de sus ingresos y deberá garantizar una cantidad mínima para los gastos básicos.
2- Instar al Gobierno de la Nación a reformar el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mazo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de las personas cuya única forma de ingreso sea el bien a embargar.
3- A que en el marco de sus competencias, garantice la función social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabitadas, para en su caso, sancionar las vivienda que estén en manos de personas jurídicas y fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas, con la idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler.