El Partido Popular ha presentado una propuesta para blindar, de forma acrítica, el periodo de la Transición y someter a votación su visión sesgada y partidista de la idea de España.

“Detectamos que el bloque de la derecha vuelve a someter a una visión sacralizadora un periodo vital de la historia de nuestro país. Un periodo en el que la izquierda realizó un gran sacrificio, en un momento en que se nos hizo elegir entre una Constitución incompleta y una vuelta a una dictadura sanguinaria” ha expuesto Sarrión en la defensa de la enmienda que ha presentado.

“La Izquierda acepta el libre mercado y la monarquía a condición de lograr derechos civiles y sociales. Estos derechos han sido laminados por leyes mordazas y por unos recortes que han arrojado a una gran parte de la población a la miseria. Consideramos roto ese consenso y por ello es por lo que proponemos que se tiene que permitir al pueblo español que pueda decidir el modelo de estado, derecho que se les negó en el 1978, es necesario que el pueblo pueda elegir entre monarquía y república.” Ha explicado Sarrión.

Sarrión ha explicado el motivo de la enmienda que presenta va en la dirección contraria a lo que propone el PP. “El PP utiliza la Constitución para alentar el enfrentamiento entre ciudadanos, pensamos que la aplicación del art. 155 ha contribuido a ahondar el problema político catalán y no a solucionarlo. Nosotros proponemos que exista una visión crítica de la Transición, un apoyo a la diversidad lingüística, y sobre todo, una apuesta por poner por encima de los propios símbolos, el artículo 20 de la Constitución que consagra la libertad de expresión. Nos avegüenza ver tuiteros en la cárcel, cantantes censurados y personas que tienen que comparecer ante la justicia por emitir su opinión sobre religión”




PDF TEXTO ENMINDA PRESENTADA
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El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha calificado de “auténtica chapuza” la actuación del ejecutivo autonómico en materia de servicios sociales. En concreto, se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha anulado el decreto que regula los centros sociales de mayores en la Comunidad.

Tras conocer la intención del ejecutivo autonómico de recurrir la sentencia, ha interrogado a la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades si cree que las cosas se han hecho correctamente.

“Es de extrema gravedad ver desaparecer un Decreto por vía judicial. Sorprende las afirmaciones que se encuentran en la sentencia del TSJCyL, donde se señala una vulneración del principio de transparencia”, ha recordado Sarrión. “Pero lo llamativo, es que el Consejo Consultivo de Castilla y León advirtió a la administración autonómica que no se cumplían los 15 días naturales y hábiles para los trámites de consulta previa y audiencia, respectivamente”.
Asimismo, advierte, que tampoco se ejecutó la participación adicional, no se proporcionó texto durante el trámite de audiencia. “Recogen opiniones de entidades privadas pero no entidades locales”.

“La actuación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha sido una auténtica chapuza, confío en que no se vuelva a repetir”.más »

La toma en consideración sobre la Propuesta de Ley se debatirá el miércoles 12 de diciembre en el pleno de las Cortes. Este es el primer trámite parlamentario para su posterior aprobación. El gobierno de Herrera tiene prisa porque la tramitación la ha realizado por la vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los tiempos y deja menor margen para un debate sosegado.

“Esta ley es la confirmación de que el Partido Popular hace una apuesta por un tipo de minería que especula y no crea riqueza, además de destruir, por la agresividad de su modo de explotación, entornos naturales” ha explicado José Sarrión. “Nuestro voto mañana y también a lo largo del periodo de tramitación de esta ley, será negativo. No se puede engañar con una promesa de creación de empleo a zonas y comarcas abatidas cuando el modelo de minería que se proyecta apenas va a generar puestos de trabajo.”

Sarrión ha aclarado que “si la ley llega a tramitarse, en el último debate, antes de su definitiva aprobación en el pleno de las Cortes, nosotros presentaremos una enmienda a la totalidad para corregir este nuevo despropósito de la Junta de Castilla y León”.

El procurador de IU-Equo ha comentado que “sabemos lo peligrosos que resultan proyectos como las minas de feldespato en la sierra de Ávila y la mina que se está queriendo abrir en Salamanca para la extracción de uranio. Estos proyectos, de realizarse, dejarían una huella negativa y de destrucción en unas comarcas al dificultar un posterior desarrollo económico de la zona debido a lo contaminantes y lesivas que son estas explotaciones”.

“Existen muchas vías para el desarrollo económico de la Comunidad. Pocas de estas vías se explotan teniendo en cuenta la naturaleza rural y la característica que requiere un modelo económico, basado en pequeñas y medianas explotaciones, que fije empleo en las comarcas y combata la despoblación. La producción a escala, típica de un capitalismo depredador, no sirve para garantizar el futuro de Castilla y León, y parece ser que el Señor Herrera todavía no lo ha terminado de comprender” ha concluido Sarrión.
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Hace 20 años, había 91.800 alumnos y alumnas en escuelas rurales en toda España. Durante el curso 2015 2016 su escolarizaron disminuyó hasta los 75.664 alumnos y alumnas en centros rurales en España, lo que representa un 17.57% del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas, según los datos de Consejo Escolar del Estado. En Castilla y León de los 21.425 niños y niñas de 3 a 11 años que empezaron el curso en septiembre de 2007, quedan apenas 15.213 este curso 2018, lo que supone una pérdida del 29,8%.

La despoblación de las localidades pequeñas ya no es el único gran enemigo de este tipo de centros, pues a ello se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios que llegan con ella y que hacen temer a docentes y familias de pueblos por un modelo de escuelas pequeñas en las que alumnos y alumnas de infantil a secundaria comparten aula y profesorado.

Empieza a calar en determinadas políticas públicas educativas que hay que ir abandonando la escuela rural progresivamente porque, según éstas, supone "falta de igualdad de oportunidades; imposibilidad de socialización con otros alumnos de su misma edad; falta de atención, al estar agrupados en un mismo espacio alumnos con distintos niveles y falta de los medios". Sin embargo, los expertos y expertas en educación rural, muy al contrario, afirman que las escuelas rurales no solo suponen uno de los mecanismos fundamentales para combatir el desarraigo social y cultural, sino que exigen una educación inclusiva, donde el alumnado de ciclos inferiores es apoyado por el alumnado de cursos superiores, se trabaja en grupo y se aprende a cooperar. La escuela rural, insisten, obliga a repensar el sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de un alumnado diverso y no al revés, como suele ser lo habitual. La socialización y la convivencia se hace global e intergeneracional y no únicamente con los de la misma edad, algo que deberíamos aprender a plantear en el resto de los centros educativos. Es decir, que debería ser un ejemplo y modelo de cómo plantear la educación en el sistema educativo.

Al contrario de lo que dicen esas voces agoreras contra la escuela rural, ésta fomenta la convivencia de distintas edades en el mismo espacio, potenciando así la solidaridad y la igualdad, donde los peques ven en los mayores buenos referentes como compañeros y compañeras, amigas y protectores, fomentando el respeto mutuo. En la escuela rural se lleva a cabo una educación global adecuada a los tiempos y a su entorno, con grupos de alumnos y alumnas que permiten personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una evaluación integral. La relación con el entorno permite favorece la experimentación y la pedagogía activa. Favorece la integración del alumnado con el medio en el que vive.

Es cierto que desde las Administraciones se debería equipar mejor a los centros rurales si hay una apuesta clara por su pervivencia, con buenos recursos técnicos y humanos adecuados a esas edades, pero para eso se necesitan políticas públicas educativas de inversión con criterios pedagógicos, y no solo económicos. Pero debemos pensar que además del profesorado, las escuelas rurales cuentan con la ventaja de una extraordinaria colaboración de las familias. La implicación de la comunidad educativa y de todos los vecinos y las vecinas, al ser zonas rurales, supone un valor añadido impagable.

Por eso, la defensa de las aulas rurales es, para IU, la defensa de la Educación Pública y, a su vez, la defensa de decenas de pequeños municipios de la región que ahora ven como sus más pequeños alumnos y alumnas cruzan la calle para ir a la escuela y que si desaparecen las escuelas de sus pueblos tendrán que hacer decenas de kilómetros para terminar en centros alejados de sus núcleos familiares y de convivencia. El cierre de centros unitarios es un atentado contra las zonas rurales, porque cuando un pueblo sufre el cierre de un colegio comienza su decadencia. Si en 2007 había en funcionamiento 200 CRA en Castilla y León, ahora la red es de 182 y, si hace algo más de diez años daban servicio a 845 localidades, hoy atienden a niños y niñas de 584, según los datos facilitados por la Consejería de Educación de CyL.

Además, desde IU entendemos que cerrar escuelas rurales responde, única y exclusivamente, a buscar un ahorro a costa de la educación y seguir laminando la escuela pública en lo que es ya, claramente, un plan preestablecido. Una vez más, a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones que más afectan a la ciudadanía solo se pone en la balanza los números y el dinero.
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