En la Comunidad de Castilla y León existe un déficit de transporte por ferrocarril. La reivindicación de apertura de la parte castellano y leonesa de la Vía de la Plata (La Robla, León, Astorga, La Bañeza, Benavente, Zamora, Salamanca, Guijuelo y Béjar) sigue siendo desatendida y está, por desgracia, fuera de los planes para el desarrollo del ferrocarril.

Se apuesta por la Alta Velocidad, por el AVE como síntoma de modernidad y de interconexión de la Comunidad con otras zonas del Estado. Pero lo cierto es que esta apuesta es engañosa ya que esta conexión no es real y deja fuera a muchas zonas y comarcas de una comunidad tan extensa como es Castilla y León.

La lucha contra la despoblación tiene varios pivotes en los que se apoya. Uno de ellos es posibilitar la movilidad, la conexión de los territorios. El ferrocarril es un arma clave para esta conexión y un modelo de transporte eficaz, limpio y sostenible. La apuesta por el desarrollo, ampliación y modernización de la red de ferrocarril convencional es, pues, una pieza clave para la tarea de evitar y combatir la despoblación y la desertización humana de los territorios castellanos y leoneses.

Las distintas plataformas que están peleando por la apuesta por el ferrocarril exponen y plantean como solución concreta que las líneas de tráfico convencional de ferrocarril sean mixtas para personas y mercancías y que se recuperen estaciones en el mundo rural para evitar que solamente sean las grandes aglomeraciones urbanas, de las que Castilla y León cuenta con apenas una veintena de un total de más de 2500 municipios, las que se beneficien de este medio de transporte.

También se aportan soluciones como la necesidad de los intercambiadores, las plataformas intermodales ferroviarias, líneas con vía doble electrificada y dotadas de señalización tipo ETCS y de gestión del tráfico tipo ERTMS, la regulación de velocidades medias sobre los 165km/h, entre otras cuestiones.

Es por todo ello por lo que apoyamos el ferrocarril convencional, el que une territorios y garantiza la movilidad de la gente y lo hace con el menor impacto medioambiental posible. Apoyamos también que sea prioritario el desarrollo de los transportes públicos, que este desarrollo sirva para descongestionar ciudades, para reducir la dependencia energética y para tejer una red que sirva tanto para la movilidad de las personas en el conjunto del territorio, como para el transporte de las mercancías, vital para apuntalar el trabajo y el futuro en esos mismos territorios.

El ferrocarril cumple esta doble función, pero no el modelo que une grandes núcleos de población, sino aquel que una lo mediano y lo pequeño, el norte y el sur, el espacio rural con el espacio urbano, por ello consideramos fundamental que el tren convencional recobre su importancia y que se trabaje, con los recursos suficientes, en el desarrollo de una red ferroviaria eficaz para lograr este objetivo.
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Los y las trabajadoras de Amazon están en huelga. Reivindican un convenio justo y cortar la deriva precarizadora que ha tomado la empresa tras llevar ya más de año y medio con el convenio caducado.

La propuesta empresarial pretende aplicar un recorte sustancial de los derechos que venían regulando el centro logístico de San Fernando, ya que quería eliminar la cláusula de garantía de incremento salarial, abaratar los puestos de trabajo y sus funciones y crear una triple escala salarial, además de una congelación de salarios para varios puestos.

A esto hay que añadir la reducción de la protección salarial frente a bajas por IT, el mantenimiento de la carga actual de trabajo en fin de semana, y la reducción del precio de la hora extraordinaria, además de la eliminación de medidas de conciliación como los días de asuntos propios o la flexibilidad a disposición de la plantilla, entre otros derechos.

José Sarrión ha declarado “Porque tenemos todavía la herida que está dejando el abuso de otra multinacional, Coca Cola, cuyo desprecio hacia las resoluciones judiciales marca, por desgracia, el camino de la impunidad de otras empresas, como el caso de Amazon, que ven que pueden saltarse las leyes, imponer condiciones leoninas a sus empleados y empleadas y salirse con la suya. Por todo ello vaya nuestra mayor solidaridad y apoyo a este colectivo de trabajadores y trabajadoras de Amazón.”
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El coordinador federal de Izquierda Unida ha intervenido en la Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo y Estatutos que se celebró en Madrid, desde donde ha señalado que “ahora nuestro proyecto es más un movimiento político y social, con más radicalidad democrática, más horizontal en la toma de decisiones y mucho más activo”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido los cambios en el modelo organizativo de esta formación y también en sus Estatutos que se han ratificado en la Asamblea y ha valorado que su dirección impulsa esta modernización porque “los modos organizativos tienen que ir parejos con los tiempos” y, además, esta es la mejor forma de “seguir sumando gente a nuestro proyecto”.

IU ha celebrado el fin de semana, en la sede federal en Madrid su Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo y Estatutos. En esta reunión cerca de 250 delegados y delegadas de todo el Estado han puesto el punto y final a más de cuatro meses de trabajo para mejorar los textos propuestos y elaborar enmiendas que sitúen aún más a esta formación entre las más avanzadas en materia de organización, participación y democracia internas de nuestro país.

La semana pasada todos/as los afiliados/as que lo desearon pudieron votar el texto de la Ponencia y las enmiendas, tanto por Internet como de forma presencial. El 81,61% de quienes participaron finalmente en este proceso -en concreto 3.841 afiliados/as, lo que supone el 19% del censo- respaldaron el texto central presentado.

Los cambios que se adoptan sitúan a Izquierda Unida como una “formación radicalmente democrática, cien por cien feminista, con una clara vocación de mayoría y preparada para la confluencia y para el encuentro con otros y otras”, según las ideas que se han manejado en todo el proceso.

Garzón abundó en ellas, indicando que “estamos cumpliendo los acuerdos de la Asamblea Federal de 2016. Ahora nuestro proyecto es más un movimiento político y social, con más radicalidad democrática, más horizontal en la toma de decisiones y mucho más activo”.

Indicó también que encajar todo ello para lograr “incorporar todas las propuestas políticas” es algo que “lleva su tiempo y sus ritmos” y requiere de un “proceso de adaptación”, por lo que pidió calma y paciencia hasta conseguirlo.

Constató que IU está compuesta por un “colectivo muy complejo y muy amplio”, lo que requiere de toda la atención y la mayor unidad posible de acción con vistas a alcanzar el objetivo de “seguir sumando” más gente que se incorpore al proyecto político.

“Hay debates abiertos -apuntó- que son profundamente legítimos y necesarios. Pero los mejores mecanismos de debate y decisión son aquellos más participados por la gente y por la base social”.

Alberto Garzón analizó que hoy en día “hay más trabajos precarios con horarios inciertos que impiden a la gente comprometerse en la militancia y la organización con el mismo ritmo y de la misma manera que lo hacían en los años 80 y 90”, por lo que hay que buscar nuevas formas de participación activa “y esta Asamblea va en esa dirección”.

Puntualizó también que “no estamos hablando de cuestiones meramente burocráticas, sino de aquellas que nos conectan con la sociedad”, por lo que indicó en un tono muy coloquial que “adaptamos y engrasamos el instrumento, pero lo importante siguen siendo los objetivos políticos que queremos conseguir”.

Garzón trasladó su optimismo ante el futuro político a los/as delegados y delegadas asistentes y aseguró que “creo que estamos en el buen camino, aunque quedan muchas cosas por hacer”.

Apuntó para corroborarlo que “hace tiempo aprobamos emprender y apoyar un proceso constituyente y realizar una oposición de izquierdas”, y en este camino, antes con el Gobierno del PP y ahora con el de Pedro Sánchez, “los hechos nos dan la razón”, pese a que sería mejor para el conjunto de la ciudadanía que no se estuvieran cumpliendo algunas de las cosas sobre las que se ha advertido.

A partir de esta Asamblea Izquierda Unida profundizará en cuestiones como la obligatoriedad de que todas las decisiones se tomen por sufragio universal, la articulación de revocatorios para los cargos públicos o la existencia de primarias obligatorias realizadas a través der sistemas proporcionales.

Llega la hora también de aplicar nuevas formas de participación, más flexibles en su acción diaria y adaptadas al conflicto, para ampliar así su radio de actuación y la efectividad que demandan las familias trabajadoras y las clases populares que siguen agobiadas por los graves efectos de la crisis.

Además, se avanza hacia la consolidación de una izquierda cien por cien feminista y compatible con la vida. Los textos acordados incluyen medidas como la limitación en los tiempos de intervención para igualar la participación de mujeres y hombres, así como la garantía de que siempre haya espacios de cuidados en las reuniones para facilitar el trabajo político de las mujeres.

IU refuerza su compromiso con la igualdad con medidas muy precisas como que tanto en las actividades internas como en aquellos actos a los que se invite a miembros de la organización no se confirmará la participación si el evento no es paritario.más »

El Coordinador Provincial de Izquierda Unida Segovia, José Luis Ordóñez, y la eurodiputada Ángela Vallina han logrado este miércoles arrancar el compromiso de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para seguir de cerca los daños al medioambiente causados por la planta de compostaje de Fuentepelayo. Tras estudiarse la denuncia de la Plataforma No más mierda en la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, su presidenta, Cecilia Wikström, ha instado a la Dirección General de Medioambiente a volver a analizar las posibles vulneraciones de la legislación europea en materia de gestión de residuos. Además, se enviará una carta al Gobierno local y a la Junta de Castilla y León para que den cuenta de las acciones que han llevado a cabo hasta ahora y de los últimos datos de que dispongan en torno a la planta.

Ordóñez, que ha defendido la denuncia presentada por la Plataforma no más mierda ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara, ha explicado que la vulneración de las directivas de gestión de residuos es evidente y ha pedido la intermediación de las instituciones europeas ante la inacción del Gobierno municipal y de la Junta, a quienes ha acusado de estar “haciendo la vista gorda”.

“La empresa unipersonal que gestiona la planta de compostaje de Fuentepelayo nunca produjo abono orgánico, que era para lo que tenía la licencia”, ha denunciado. Sino que lo que hizo fue “acumular residuos que compraba a las empresas a un precio más bajo que la competencia y como la planta no tenía suficiente capacidad, lo fue amontonando en tierras de labor que a su vez alquilaba a los agricultores a un precio más alto de lo habitual”.

“Con el paso de los años -ha proseguido-, los residuos se fueron pudriendo en esas tierras de labranza”, lo cual generaba, contaminación atmosférica en forma de olores, contaminación en las aguas por las filtraciones a través de la lluvia, y también contaminación en el propio terreno”. Además, “no sólo compraba residuos sólidos, sino que recibía lodos de depuradoras municipales, que también esparcía sobre las tierras de labor”, lo que acabó contaminando no sólo Fuentepelayo, sino los dos municipios colindantes.

Ordóñez ha insistido en que “durante años, la administración de Castilla y León hizo la vista gorda, lo mismo que el Gobierno municipal”, por lo que ha lamentado que se haya tenido que llegar a Bruselas y que haya tenido que ser “la propia ciudadanía la que haya acabado levantando la voz”.

Por su parte, Vallina, cree que la contaminación descrita por Ordóñez y acreditada por el Seprona “está fuera de toda duda” y que por tanto “queda demostrado que existe una vulneración de la directiva de tratamiento de residuos”. Así, ha exigido a la Comisión Europea que “dé una respuesta por escrito y que analice la información adicional” aportada por Ordóñez hoy. “Debe respetarse el principio de subsidiariedad y, sobre todo, si los Estados hacen dejadez de funciones en el campo medioambiental, la Comisión debe intervenir”, ha dicho.

La propia Comisión Europea, a través de un representante, ha reconocido la vulneración de la directiva, pero su posición inicial era la de no actuar al haber procesos judiciales abiertos. Sin embargo, la presión de ambos, pero sobre todo de la plataforma vecinal, ha conseguido que esta denuncia siga abierta en Bruselas y, tal y como ha anunciado la presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, “la Comisión Europea debe tener en cuenta las alegaciones e investigar el asunto”. Además, enviaremos una carta a las autoridades locales y regionales para que sean conscientes de que el Parlamento Europeo está al tanto y queremos que nos pongan al día”, ha dicho.
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