Desde el Área de Educación de IUCyL queremos trasmitir a la opinión pública nuestro malestar por el trato y las actuaciones que la Consejería Educación ha llevado a cabo con la Enseñanza de Personas adultas, sobre todo, en lo relacionado con dos campos básicos de la misma: la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas (ESPA) presencial y los discentes de la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas a Distancia (ESPAD) internos en Centros Penitenciarios.

Sobre el primero, la ESPA presencial, debemos situar, antes de nada, el contexto en la que se encuentra ante el inicio del periodo de suspensión de las clases en las aulas: como viene establecido el 12 de marzo, último día lectivo presencial hasta ahora, los módulos del segundo cuatrimestre apenas llevaban funcionando poco más de tres semanas, pues se habían iniciado a mediados de febrero. Este dato es relevante cuando se hable de evaluación y de calificación, pues a esas alturas, lógicamente, en la mayor parte de los casos no contaban prácticamente con ninguna anotación por parte de las docentes. A ello debemos añadir la situación social en la que se encuentra un alto porcentaje del alumnado asistente a esta modalidad educativa, con recursos económicos modestos. Para muchos de ellos, y no solo personas inmigrantes, contar con una buena, y cara, conexión a Internet es un lujo impensable y en algunos casos, hasta contar con un teléfono móvil, no ya «inteligente», sino sencillo.

Ante ese panorama poco alentador, desde las Inspecciones de las diversas Direcciones Provinciales se moviliza a los equipos directivos de los CEPA, estos a su vez a los tutores, profesores... para que contacten con este alumnado y éstas transmitan las carencias y limitaciones tecnológicas que tuvieran para proseguir el desarrollo telemático del curso. Esto despierta positivas expectativas entre el profesorado y el alumnado en que la Administración regional pueda contribuir a atenuar e, incluso, solventar estas dificultades, mediante la cesión de equipos, distribución de las famosas tarjetas SIM, etc.

Pasadas varias semanas, todas estas ilusiones se han desvanecido por completo, pues ni una sola de esas posibles soluciones ha llegado a los Centros de Adultos de la región, con lo cual el grado de abandono y de «desaparecidos» entre los discentes es extraordinariamente elevado. Eso sí, desde la propia Administración se ha hecho llegar a los docentes que estos justifiquen individual y pormenorizadamente las causas del abandono de los alumnos, el por qué no superan los objetivos programados en las diversas materias, la causa de la no promoción o titulación... Algo un tanto kafkiano, sí.

Como también comentábamos al principio, otra situación complicada se ha producido con los alumnos de la ESPAD internos en Centros Penitenciarios. Desde el comienzo del confinamiento, estos se encuentran absolutamente aislados, sin que las compañeras maestras puedan acceder a estos centros, sin posibilidad alguna de conectarse, ni siquiera pudieron hacer los exámenes previstos de la segunda evaluación, no hablemos ya del tercer trimestre (en la modalidad de distancia los módulos abarcan todo el curso escolar)... Ante este reto ninguna de las administraciones concernidas han, siquiera, intentado buscar una solución para estos alumnos, que han visto truncadas de raíz sus expectativas de superar estos cursos o, incluso, obtener un título básico para su futuro como es el de graduados en Educación Secundaria, al menos, de momento.

Por lo expuesto, solicitamos a la Consejería de Educación, aunque posiblemente sea ya demasiado tarde, que demuestre empatía y compromiso real con la educación de personas adultas en nuestro territorio, y no la mantenga en una situación completamente marginal como se ha puesto de manifiesto en este estado de excepcionalidad.

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La Coordinadora autonómica de Izquierda Unida de Castilla y León organizada telemáticamente por motivos de la pandemia hemos elegido como nuevo Coordinador General de la formación política a Juan Gascón, militante de Izquierda Unida en Palencia.

La Coordinadora ha elegido al nuevo Coordinador de IUCyL con un resultado del 79% a favor, un 4% en contra y un 17% de abstención.
El nuevo Coordinador de IUCyL, Juan Gascón, conocidos los resultados, ha querido felicitar y agradecer su elección a las y los compañeros que, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, donde nos ha cambiado la forma de trabajar a la propia organización, tenemos que dar respuesta política a esta crisis y trasladar propuestas para que en la CCAA no se deje a nadie atrás.

Una CCAA donde la pandemia ha causado un gran dolor, siendo de las más castigadas y viendo que la Junta de Castilla y León debe garantizar un escudo social ya que en anteriores crisis económicas al final la clase trabajadora era quién sufría con más repercusión.

Este mecanismo no es la que nos hubiera gustado, sino que la Asamblea que nos tocaba celebrar en estas fechas se pospondrá hasta que podamos hacerla de forma presencial con todas las garantías sanitarias. Aun así la Coordinadora de IUCyL, máximo órgano entre Asambleas, ante la situación excepcional necesitamos estar representados la izquierda de Castilla y León con voz propia que defienda los intereses de la clase trabajadora.

Además, se han producido dos cambios en la dirección donde Félix Iglesias deja la responsabilidad y es sustituido por Juan Miguel Romo que será el nuevo Responsable de Redes Sociales. También se ha aprobado que Guillermo Ubieto sea el responsable del Área de Consumo.
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Izquierda Unida de Castilla y León considera positivas, pero insuficientes las medidas al sector de la Cultura que ha tomado el Gobierno, por dejar fuera a una importante parte de trabajadores del sector. Por ello, Izquierda Unida de Castilla y León, y con la participación de trabajadores y trabajadoras del mundo de la Cultura y los Festejos, plantean una batería de 22 medidas complementarias a las aprobadas por el Consejo de Ministros para el Sector. Izquierda Unida de Castilla y León señala que las medidas se centran en los trabajadores técnicos de la Cultura, en las personas que trabajan en la temporada de Fiestas de los barrios y municipios de nuestro país, a través de orquestas, discotecas móviles, etc. y en el sector de la Música grabada y en vivo.

Medidas que IUCyL considera que deberían ser tenidas en cuenta por el gobierno, a fin de ampliar y complementar el llamado “Escudo Social frente a la Crisis del COVID-19”. La formación de izquierdas, a través de afiliados y simpatizantes del sector de las Artes Escénicas y de la Música, y en contacto con Coordinadoras de Trabajadores de Teatros y Artes Escénicas, ha elaborado una lista de 22 medidas cuyo objetivo es lograr que, mientras los efectos de la COVID-19 en España no permitan la celebración de eventos culturales, musicales, artísticos y de festejos populares masivos, el Sector y sus trabajadores permanezcan cubiertos ante los efectos de la imposibilidad de realizar sus trabajos.


“Las medidas adoptadas por el Gobierno para el Sector Cultural dejan fuera de la cobertura a los técnicos y a los trabajadores del Sector menos cubiertos por la legislación y normativas de este, las personas autónomas fundamentalmente las trabajadoras y trabajadores, técnicos y técnicas y el sector de los festejos.”


Para ello Izquierda Unida de Castilla y León planteará la modificación de varios puntos del acuerdo de medidas sobre él sector cultural. El fin es que las medidas de protección económica a los trabajadores de la Cultura alcancen a “técnicos y técnicas que no cotizan en el epígrafe de artistas generalmente; que aquellos que sean autónomos y autónomas en el sector, vean prorrogadas las ayudas porCOVID-19 hasta que las salas, teatros y demás recintos puedan funcionar al 100% de su capacidad; o que a los trabajadores y trabajadoras de Orquestas y Discotecas Móviles, se incluyan en las medidas de ERTES, durante los meses que van de Junio a Octubre, por ser la temporada restante de 2020, siempre en base a los certificados de empresa de la pasada temporada 2019 en el sector. Junto con otra serie de medidas que atañen a la música grabada, la posibilidad de modificar las normativas para aplazar y devolver entradas de festivales y conciertos, y un largo etc.” señalaba Francisco Javier Herrero Polo, trabajador técnico de la Cultura y militante de Izquierda Unida Castilla y León.


También plantean medidas como el refuerzo de la Prevención de Riesgos Laborales del sector, Concursos Públicos destinados a la puesta en marcha de producciones teatrales y musicales, o medidas de Consumo que permitan el cambio de fecha de eventos programados en este 2020 que aún continúan en el aire.

Las medidas propuestas por IUCYL ayudarán a aliviar la vida de más de 10000 personas que dependen del sector festejos en nuestra comunidad y de todas las trabajadoras y trabajadores del resto del país.
Desde la formación quieren recordar que dichas medidas se pueden encontrar, de una u otra forma, en muchas de las tablas reivindicativas de las Asociaciones y Representantes sindicales de los trabajadores técnicos de teatros, festivales, orquestas o estudios musicales del país.
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En IUCyL continuamos preocupados por la situación de algunas residencias de mayores de nuestra Comunidad Autónoma, que han vivido un episodio lamentable para las personas residentes, sus familiares, las trabajadoras y la sociedad en general.

 

La ciudadanía de Castilla y León no entiende por qué la Junta no ha tenido una actitud más activa y ágil en la atención y medicalización de estos centros privados y porque continua sin facilitar información sobre donde se producen los fallecimientos de ancianas y ancianos y la cantidad que ha habido en cada una de las Residencias.  Información que sí se da sobre los centros públicos.

 

Consideramos que el cuidado de nuestras personas mayores debe ser un trabajo digno y esencial, un bien común no mercantilizado ni sujeto a lucro económico. Sin embargo, el 98% de los 1239 centros de Castilla y León son privados, aunque reciben parte de sus ingresos de fondos públicos a través de la concertación de plazas, que tienen que estar registradas y autorizadas por la Administración autonómica. Algunas de estas residencias privadas tenían carencias de personal, ahorraban en material básico y mantenimiento, reducían la calidad de servicios y degradaban la atención y las condiciones higiénicas y de alimentación de las personas mayores.

 

IUCyL considera que se debe investigar las responsabilidades en este modelo de residencia privada que se ha mostrado socialmente ineficiente e inhumano y cómo ha podido pasar semejante catástrofe en algunas de estas Residencias privadas.

 

Es por ello que Izquierda Unida de Castilla y León hemos presentado una denuncia a la Fiscalía provincial de Palencia para que se investigue las actuaciones llevadas a cabo en la Residencia de San Bernabé y San Antolín de Palencia.

 

“Desde IUCyL se denuncia que el caos producido en esa Residencia, la falta de información a las familias sobre el estado de salud de las personas residentes y la negativa de la dirección de la Residencia a realizar pruebas diagnósticas a las personas residentes que habían estado en contacto incluso con personas fallecidas por COVID-19 así como a que las personas enfermas fueran hospitalizadas, pudiera haber provocado o acelerado el fallecimiento de algunas de las personas residentes”.

 

También denunciamos a la Fiscalía la tardía respuesta de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, más preocupada por “telefonear” a la directora para que no asustara a las familias que por solucionar de verdad el grave problema sanitario existente en la Residencia.

Denunciamos igualmente la tardanza en dotar a todo el personal de la Residencia de los equipos de protección adecuados para evitar ser fuente de transmisión del virus a esta población sensible, a sus familiares y a los propios trabajadores.

 

IUCyL considera que, tales hechos revisten indiciariamente los caracteres del delito de homicidio imprudente, tipificado y penado en los artículos 142 y relacionados del Código Penal.

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