El pasado día 20 de septiembre ha tenido lugar un encuentro entre la dirección de IUCyL y las organizaciones feministas con el fin de abordar el calendario para los próximos meses.

En la carta de convocatoria a este encuentro se decía que “el Siglo XXI nos ha situado ante enormes problemas que tiene que ver con la desigualdad social y económica, la pobreza, la escasa calidad democrática, el deterioro del medio ambiente, las violencias machistas, etc.

Esta realidad se agrava en nuestra comunidad autónoma con una despoblación galopante, una población envejecida, unos pueblos y ciudades donde nuestra juventud tiene que qué marcharse aunque no quiera para realizar su proyecto de vida”

Izquierda Unida de Castilla y León lleva un año de su nueva andadura política y dos años con José Sarrión como procurador en las Cortes de Castilla y León; uno de los retos que nos hemos planteado es el realizar encuentros con movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos

La nota continúa exponiendo lo siguiente “desde la humildad y el máximo respeto apostamos por el feminismo ante el sistema patriarcal, firmemente convencidas y convencidos de que el feminismo es la revolución pendiente y que la construcción de un nuevo modelo de sociedad no podrá hacerse sin la superación del patriarcado.”

En la citada reunión se abordaros los siguientes temas:

1.- Paro internacional de mujeres 8M 2018.
2.-Pacto de estado y desarrollo en nuestra comunidad.
3.-Jornadas sobre presupuestos con perspectiva de género en las Cortes de Castilla y León.

En la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos sobre los tres puntos sometidos a debate. Sobre el primer punto, el Paro Internacional de mujeres para el 8 de marzo de 2018, se concluyó que había que trabajar con sindicatos y movimientos sociales para lograr un paro total laboral y de cuidados. Sobre el segundo punto se decidió solicitar a la Junta información sobre dónde se va a invertir la parte de que corresponde a la Comunidad en el desarrollo y financiación de este Pacto de Estado sobre el desarrollo. Y sobre el tercer punto se acordó que en el mes de noviembre de 2017 se celebraría unas jornadas en las Cortes sobre presupuestos y género.

Para finalizar también hubo acuerdos para trabajar sobre los vientres de alquiler, considerando esta actividad como “la última expresión de la esclavitud a la que el capitalismo y el patriarcado somete a la mujer”
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IU-Equo ha presentado una Proposición No de Ley, y un conjunto de preguntas escritas dirigidas a la Consejería de Fomento en relación a las reivindicaciones de un grupo de trabajadoras y trabajadores de Salamanca que utilizan el Tren todos los días para acudir a sus lugares de Trabajo en Peñaranda de Bracamonte y Ávila.

El Coordinador Local de Izquierda Unida, Francisco Javier Herrero Polo, se ha reunido con trabajadores salmantinos y que deben desplazarse a Ávila para recoger sus reivindicaciones. Estas previamente, en febrero de 2017, fueron remitidas a la Oficina de Atención al usuario de Renfe en Valladolid y a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla León, sin obtener respuesta por parte del ejecutivo autonómico.

Izquierda Unida califica de “justas y lícitas” las reivindicaciones. Desde el 28 de Noviembre de 2016, los habitantes de las provincias Ávila y Segovia disfrutan de una reducción en sus abonos transporte mensuales en tren, desde Ávila y Segovia hasta Madrid, entorno al 50%, gracias a un convenio suscrito por la Junta de Castilla León con Renfe. Este colectivo de cuarenta trabajadoras y trabajadores charros reivindica disfrutar de unas condiciones similares en sus abonos transporte desde Salamanca y Peñaranda de Bracamonte hasta Ávila, así como desde Salamanca hasta Peñaranda de Bracamonte.

Izquierda Unida en Salamanca considera que la actual situación supone un agravio comparativo entre los diferentes habitantes de Castilla y León , según su provincia de origen y de trabajo, al dejar fuera de dicho Convenio a la provincia de Salamanca, siendo los trayectos señalados Salamanca-Ávila y Salamanca-Peñaranda, muy similares a los Ávila-Madrid y Segovia-Madrid.

Además, Izquierda Unida de Salamanca considera que colateralmente multitud de trabajadores, estudiantes y otros colectivos que realizan desplazamientos diarios entre Ávila -Salamanca y Peñaranda-Salamanca, al ver reducido el precio del abono, optarían por el tren como medio de transporte.

Para Izquierda unida, las ventajas de establecer un Convenio entre Renfe y la Junta de Castilla y León que amplíe el existente son claras:

-Se trataría a todos los usuarios trabajadores que utilizan la línea férrea en igualdad de condiciones, eliminando un agravio comparativo

-Se descongestionaría el tráfico por carretera y se apostaría por un medio de transporte, el ferrocarril, más social, ecológico y Público. Redundando esto en la Seguridad Vial y Laboral, puesto que el realizar 100km o 5o km conduciendo el coche propio después de una Jornada Laboral no está exento de riesgos.

-Además, la medida ayudaría a fijar la población en la provincia de Salamanca de aquellas personas que trabajaran en la de capital abulense, como el actual Convenio en vigor ayuda a que Ávila o Segovia no pierdan población por el desplazamiento de sus habitantes a Madrid.

Es en base a esto, que Izquierda Unida ha registrado una Proposición No de Ley en la que solicita que el actual Convenio entre RENFE y la Junta de Castilla y León comprenda una rebaja del Abono, Joven y Ordinario, en todo el trayecto ferroviario entre Salamanca y Madrid, igualando las condiciones de acceso al transporte Público, Social y Ecológico que es el Ferrocarril para todo el Corredor del Sur de Castilla y León hacia Madrid.

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IU-Equo solicita la comparecencia del Consejero de Educación en sede parlamentaria para dar cuenta de los casos de acoso escolar en los centros concertados de la Comunidad.

Recientemente IU-Equo ha conocido una resolución del Procurador del Común sobre un supuesto caso de acoso escolar en un centro educativo concertado de la Comunidad. En concreto, el alumno ha sufrido un acoso continuado por parte de sus compañeros desde los cinco años –en la actualidad tiene 8 años-.

El Procurador del Común recuerda que la autonomía pedagógica, de organización y de gestión reconocida a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, no exime a la Administración educativa de intervenir y dar solución a los conflictos de convivencia.

El alumno ha sido atado a una portería del patio y le han dado balonazos, le han peguen, acosado psicológicamente e, incluso, los familiares de los niños agresores le han increpado en la fila para acceder a su clase. A pesar de las quejas planteadas por los padres al centro y las reuniones mantenidas entre ambas partes, el inspector de Educación tan sólo ha tenido conocimiento de los hechos hasta que en el curso pasado se abrió un expediente sancionador a dos de los alumnos agresores.

En la resolución del Procurador del Común se alerta de una posible responsabilidad patrimonial por parte de la Administración educativa, el descuido de la potestad sancionadora de hechos ciertamente graves, y, en tanto que el inspector de Educación habría de estar informado de la tramitación de los procedimientos sancionadores, la Administración educativa habría de haber advertido las irregularidades surgidas en la tramitación de dichos procedimientos y posicionarse al respecto en el marco de un presunto supuesto de acoso escolar.más »

En respuesta al Grupo Compromis en el Senado a tenor de una pregunta sobre el Proyecto de explotación de la mina de uranio en Retortillo, el Gobierno de España ha recordado que debe ser la comunidad autónoma quien evalúe los posibles riesgos de la actividad química de los minerales objeto de explotación y/o de sus subproductos o residuos.

En este sentido, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha preguntado al ejecutivo autonómico si debería iniciarse “definitivamente” una nueva evaluación medioambiental de la mina de uranio en Retortilo.

Asimismo, recuerda que la administración autonómica ha aprobado la concesión de la explotación de la mina sin evaluar los riesgos que conlleva dicha actividad, y sin establecer medidas para proteger a la población de las consecuencias para la salud. Además, diversos estudios han alertado de la incidencia en la salud de trabajadores vecinos de los municipios cercanos. Por este motivo, Sarrión interroga sobre las medidas adoptadas y contempladas para minimizar el impacto en la salud.
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