La propuesta dirigida a evitar la instalación de una macrogranja de 20.000 cabezas de vacuno, un modelo de producción intensiva que lejos de generar empleo, fijar población y garantizar riqueza para la zona, busca servir para satisfacer las necesidades de materias primas de las multinacionales del sector de la alimentación.

José Sarrión expone que “creemos que no es el camino para luchar contra la despoblación ni contra la falta de desarrollo económico en las comarcas de Castilla y León, planteamos la ganadería extensiva, menos lucrativa para las grandes multinacionales, muy rentables para los pequeños ganaderos. Competir desde una ganadería familiar, sostenible y pequeña, contra la gran industria láctea, con la sola herramienta de la lógica del mercado, es condenar a los ganaderos y ganaderas de esta región a la desaparición”

Según estimaciones realizadas por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la instalación de esta macro-vaquería vendría a sustituir a 432 explotaciones de su entorno (un tercio del total de explotaciones de Castilla y León) o, lo que es lo mismo, a destruir 726 puestos de trabajo directos en el medio rural. La producción de estas 20.000 vacas supondría el 28 % del total de la leche que se recoge en la actualidad en nuestra Comunidad.

“Desde el fin de las cuotas lácteas en abril del 2015, han desaparecido 2.000 explotaciones en nuestro país, incapaces de soportar unos precios en origen por debajo de los costes de producción”. Ha explicado Sarrión.

El impacto medioambiental de una granja de esta magnitud sería el equivalente a los residuos generados por 4.4 millones de personas, casi el doble de los habitantes de Castilla y León. Para sacar dichos residuos serían necesarias diariamente 200 cubas de 10.000 litros, lo que generaría a corto y medio plazo la contaminación de los acuíferos de toda la zona.
Sarrión explica que “Son igualmente preocupantes los riesgos que la enorme concentración de animales en una misma explotación conllevaría para el status sanitario de la cabaña ganadera de nuestra comunidad, ya que las consecuencias de una hipotética epidemia o zoonosis tendría gravísimas repercusiones económicas y comerciales, tanto para el conjunto de los ganaderos como para los presupuestos de la Administración autonómica”.

“No debe de olvidar la Junta de Castilla y León” concluye Sarrión “que son las pequeñas y medianas explotaciones familiares las que luchan contra la despoblación de nuestras zonas rurales y garantizan la producción de alimentos de calidad.
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IU-Equo ha presentado una batería de preguntas escritas dirigidas al ejecutivo autonómico; en concreto, al Protectorado de Fundaciones -órgano dependiente de la Junta de Castila y León- relativas al acuerdo entre Bankia y la Fundación Caja Segovia por el que se suprimió la hipoteca del Torreón de Lozoya.

IU-Equo quiere conocer si la Fundación solicitó autorización previa al Protectorado de Fundaciones para la cesión de patrimonio a Bankia como consecuencia de la firma de dicho acuerdo entre ambas entidades, qué argumentos se dieron para justificar la cesión de este patrimonio y si el Protectorado lo autorizó y si conoce el texto íntegro del documento del acuerdo.

Mediante este acuerdo, firmado en julio de 2017, el Torreón de Lozoya y otros edificios quedaron libres de cargas. La Fundación, por su parte, cedió a Bankia su participación en el edificio que ambos compartían en la avenida del Acueducto, que equivalía al 28%y está valorado en 1,5 millones de euros. De esta forma, el edificio pasó a ser propiedad al 100% del banco. Este acuerdo también supuso la retirada de la Fundación como acusación particular en el caso Torreón y el sobreseimiento de la causa, “lo que está librando a varios miembros de PP y PSOE de sentarse en el banquillo”, señala el procurador de IU-Equo, José Sarrión.

Según el artículo 19.3 de la Ley 13/2002 de Fundaciones de Castilla y León, "será necesaria la autorización previa del Protectorado para enajenar bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional o estén vinculados directamente al cumplimiento de fines, o su valor sea superior al 20% del valor total del grupo de bienes o derechos de la Fundación de la misma naturaleza que los que se pretende enajenar, así como para establecer cargas y gravámenes sobre ellos”. La ley establece además que la transmisión de bienes o derechos de la Fundación en los supuestos en que no sea necesaria la previa autorización del Protectorado se comunicará de forma detallada al mismo.
A pesar de las numerosas ocasiones en las que IU ha solicitado la publicación de este polémico acuerdo (tanto a la propia Fundación como al representante del Ayuntamiento en la misma) el documento aún no se ha hecho público a día de hoy. “Se escudan en que la Fundación es una entidad privada y que los patronos actúan a título personal. No hay que olvidar que el propio presidente, Javier Reguera, reconoció en los medios que desde la Fundación se está gestionando “un patrimonio que es de todos los segovianos, en cierta medida”. Cabe recordar además que Juana Borrego dimitió como vicepresidenta de la Fundación por la firma de “oscuros acuerdos” con Bankia”.

Tras la negativa del concejal Andrés Torquemada a responder las preguntas realizadas en el Pleno del Ayto de Segovia por el concejal Ángel Galindo, IU-Equo ha registrado las cuestiones en el parlamento autonómico. “Torquemada continúa con una actitud antidemocrática que refleja una apropiación de las instituciones públicas”. Desde IU-Equo pedimos que si no va a informar al órgano que le eligió como patrono (el Pleno) dimita y deje de utilizar las instituciones como su fueran su cortijo. “No es una cuestión jurídica, sino democrática”.

Además, Sarrion recalca que “estas actitudes caciquiles no son dignas de un cargo público elegido por sufragio universal, como los demás concejales del Ayuntamiento, algo que nos obliga a actuar con total lealtad hacia quienes representamos, sin que quepa secretismo u oscurantismo respecto a cualquiera de sus actuaciones en esta Fundación. Se permite decir que él actúa a nivel personal, cuando debería defender los intereses de la ciudad de Segovia”. más »

La orden por la que se establecen las convocatorias de plazas para profesores fue objeto de debate en la Comisión de Educación. En ella José Sarrión planteó el problema enquistado y sin voluntad de solución por parte de la Junta de Castilla y León, que supone la situación del personal interino de la enseñanza.

“Estamos ante un conflicto enquistado de toda la comunidad educativa cuyos índices de interinidad resultan insoportable por su dimensión. La Junta de Castilla y León no quiere darle una solución adecuada”.

Hasta ahora, las convocatorias que la Junta orea a bombo y platillo son insuficientes. No palían, en lo más mínimo la situación de injusticia estructural que supone mantener en el tiempo esta situación de interinidad.

“Las personas que se encuentras dando clases en situación de interinidad lo son después de haber aprobado el examen de oposición, tanto en primaria como en secundaria, y que se ven obligadas a volver a realizarlo a pesar de haber pasado años trabajando en la educación pública. De nada les sirve tener el aprobado, el notable o el sobresaliente”.

Esta situación de precariedad enquistada hace que las personas, a pesar de haber sido formadas en Castilla y león, se planteen abandonar la comunidad al no encontrar aquí una oferta de trabajo digna y de calidad.
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En los últimos tres años el SACYL ha dotado a los hospitales de Castilla y León, concretamente en Valladolid y en Salamanca, de plazas en personal de comunicación y se ha olvidado de Burgos y, más concretamente del HUBU, al igual que el Hospital de León, hospitales éstos que carecen de especialista en labores de comunicación y que son atendidas por la directora médica de dicho hospital.

En relación a esta falta de profesionales en ambos hospitales José Sarrión ha expresado que “ambos complejos hospitalarios, siendo universitarios y perteneciendo a los 4 GRANDES de la comunidad, no cuentan con ningún técnico de comunicación”.

El flujo de información demandada y suministrada a los medios de comunicación por el HUBU es prácticamente diaria, como de hecho se refleja en los principales medios locales y regionales. Es por ello que nos parece un parche inaceptable el intrusismo que supone que una persona ejerza una función para la que no ha recibido preparación.

Hay que añadir que desde el departamento de comunicación de los hospitales no solo se impulsa la estrategia comunicativa interna y externa sino, además, se llevan a cabo las relaciones con los medios de comunicación, instituciones, fundaciones, asociaciones y ONGs para organizar eventos que contribuyan a la divulgación de las acciones investigadoras y científicas generadas por el sector sanitario.

Sarrión ha manifestado que “esto da una idea de la importancia que estos departamentos de comunicación adquieren para el buen desarrollo y funcionamiento de los hospitales. No entendemos el motivo por el cual se priva a León y a Burgos de estos instrumentos tan útiles”

Con este agravio comparativo en la dotación de personal técnico, SACYL demuestra una vez más que el HUBU y el Hospital de León son hospitales “distintos” y discriminados frente a otros de iguales características en la región.

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