La plantilla de Emersan inició ayer una Huelga en el Servicio de Ambulancias, que se prolongará hasta el próximo Domingo 18 y que afecta a las trabajadoras y trabajadores que prestan Servicios externalizados para el SACYL.
Según Izquierda Unida de castilla y León, “Entre las reivindicaciones de la Plantilla se encuentra el cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector, cosa que Emersan, integrada a nivel nacional en Ambuibérica, no cumple. Según ha podido conocer la portavoz del Área de Salud de IU se da el caso de que hay trabajadores a los que aún se le deben 20 días de vacaciones del pasado 2018, como ejemplo”.
Además de esto, desde Izquierda Unida asumen la exigencia del Comité de Empresa de Emersan de que la Empresa y la Junta cumplan con los pliegos de condiciones de la parte del Servicio Público que el SACYL tiene externalizados, y que se prolongará hasta 2020, ya que queda la sombra de la duda de si las ambulancias que han de prestar el Servicio Público, por el que pagan todas las personas de Castilla y León, estén prestando servicios privados para Clínicas privadas o en estos días para corridas de toros o encierros a diversos Municipios en Ferias, constituyendo estos hechos un uso fraudulento del servicio público.
Francisco Javier Herrero Polo, Responsable de Organización de IU Salamanca, recuerda que ya en el pasado año 2018, la formación presentó una Moción en Cortes para que está duda quedará despejada mediante un servicio de seguimiento y asignación de cada ambulancia destinada al Servicio Sanitario Público. “Cómo no, se metió en el cajón y nunca se debatió, no fuera a ser que de viera que el Partido Popular no practica el Cumplimiento y Seguimiento de las condiciones del Servicio Público que tiene la obligación de prestar a todas las personas que habitan Castilla y León, y que paga religiosamente a Emersan” ironizaba el representante de la formación rojiverde.
La precariedad de las y los trabajadores de este servicio, unido a un grave problema en el transporte a la demanda y a la falta de personal médico en nuestra Comunidad Autónoma resulta especialmente lesivo para las personas que viven en medios rurales. Recientemente, en Puebla de Sanabria, la falta de personal supuso un riesgo para la población de la zona, que se agrava unido a la problemática propia del servicio de ambulancias. Según fuentes de prensa, la noche del 13 al 14 de agosto, el médico de la zona recibió un aviso sobre las 21:00 horas, pero al encontrarse el consultorio lleno de gente no pudo atenderlo hasta pasadas dos horas cuando, por fin, pudo desplazarse al mismo.
En esos 45 minutos que duró el desplazamiento por el aviso, además, el centro de salud quedó sin médico, únicamente con una enfermera, por lo que si hubiera ocurrido alguna urgencia no podría haber sido atendida.
Según la portavoz del área de salud, Carmen Franganillo, los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad en la huelga de personal de ambulancias podría vulnerar el derecho a la huelga, puesto que se han fijado unos servicios mínimos que no son tales, por si fuera poco, atendiendo a las necesidades de las empresas taurinas, que deberían hacer frente ellas mismas a estos gastos.

Para finalizar, Carmen Franganillo, desde el área de Izquierda Unida, exige a la Junta que atienda desde lo público las necesidades de servicios de la Comunidad, dejando de derrochar el dinero de todas y todos en concesiones que ni garantizan un servicio de calidad ni crean empleo de calidad y a la Inspección de Trabajo, mano dura con las empresas que incumplen los convenios.

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Desde IUCYL siempre hemos considerado una anomalía que las Escuelas Infantiles dependan de la Consejería de Familia y no de la de Educación.
La educación en todas las fases de la vida, desde los 0 años, debe estar incardinada en la Consejería de Educación. Como bien reivindica el personal que presta servicios en estas Escuelas, la educación de 0 a 3 años es la etapa más importante en el desarrollo de las personas, donde los cambios hay que tenerlos más en cuenta como así lo explican los últimos estudios neurológicos o estudios de investigadores como Piaget. Es ya hora de que se valore esta etapa educativa como se merece y las Escuelas Infantiles pasen a ser consideradas una etapa educativa más, incluyéndolas en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

La dignificación de la figura de las educadoras y educadores infantiles es también urgente. Si queremos lo mejor para la infancia, no podemos maltratar a quienes se dedican a su educación desde la más temprana edad.

Esa dignificación incluye el respeto a su derecho a la negociación colectiva, incluidos los calendarios laborales y una jornada laboral como la del resto del personal de la Consejería de Educación: 35 horas semanales y un máximo de 7 horas diarias. Al igual que el resto de educadores/as, también quienes trabajan en las Escuelas Infantiles necesitan periodos de descanso y formación, así como tiempo para programar, actualizar sus currículos y ponerse al día en las innovaciones pedagógicas.

Las Escuelas Infantiles no solo son un recurso para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras con hijas e hijos, sino que son también un recurso para socializar a las y los menores así como facilitar su inserción en el sistema educativo. Es fundamental que en esa primera etapa de su vida, los y las menores tengan a su disposición los mejores medios y recursos para ello, incluido el incremento de personal dedicado a su educación y atención.

Por todo ello, apoyamos las movilizaciones anunciadas por los sindicatos y trabajadoras/es de las Escuelas Infantiles públicas y exigimos a la Junta de Castilla y León que se siente ya a negociar sus calendarios y jornada laboral, así como que acuerde el traspaso de la gestión de las Escuelas Infantiles a la Consejería de Educación y la contratación del personal necesario para una adecuada atención a las niñas y niños que acuden a estas Escuelas.
También las escuelas públicas municipales deben formar parte de la red de centros públicos, creando más plazas y más centros para que toda la gente pueda optar a una plaza. Nosotros y nosotras abogamos por una escuela pública desde 0 a 99 años.
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Tras la sesión de investidura desarrollada el pasado martes, Izquierda Unida Castilla y León considera que el acuerdo PP y Ciudadanos es ofensivo para las personas de la Comunidad.

Nada queda de las afirmaciones regeneradoras con las que Ciudadanos realizó su campaña electoral. Un acuerdo de sillones ha dado lugar al fin de las propuestas de transparencia que el partido naranja venía afirmando durante la campaña. Al final se llega a un acuerdo “mercadeando sillones” en Ayuntamientos y Diputaciones como Burgos y Palencia, donde las premisas de regeneración no se han cumplido y manteniendo las instituciones al PP de la Gürtel, Enredadera, Eólicas, HUBU, etc… y con el apoyo de la extrema derecha a la que no se quieren juntar.

Un acto de traición a su programa y discurso que, sin embargo, no debería tomar a nadie por sorpresa, teniendo en cuenta el papel de muleta que en la pasada legislatura ya desarrolló el partido naranja, sirviendo de sostén gratuito al Partido Popular en cada Presupuesto de la Comunidad. La nueva legislatura supone más de lo mismo.

Desde Izquierda Unida Castilla y León condenamos la desaparición de propuestas en materia de regeneración democrática, tales como la eliminación de la Administración B o “paralela”, la reversión a lo público del Hospital de Burgos o el establecimiento de mecanismos eficaces para perseguir la corrupción.
Especialmente sangrante es el hecho de que Ciudadanos haya renunciado por la vía de los hechos a retirarle la concesión de RTVCyL a Méndez Pozo y Ulibarri, a pesar de que escasos días antes de las Elecciones Autonómicas firmaron una denuncia a fiscalía contra el primero. Queda demostrado que la supuesta posición crítica de Ciudadanos contra la corrupción no era más que una ficción electoralista, que desaparece en el momento en que se produce un reparto de poder.

Frente a esta situación, desde Izquierda Unida Castilla y León seguiremos trabajando desde los Ayuntamientos y Asambleas de base, en contra de la corrupción, los recortes y las privatizaciones, en defensa de una Castilla y León para sus trabajadores y trabajadoras, frente a la especulación y los grupos políticos y empresariales que se enriquecen a su costa.

Por estos motivos haremos un llamamiento a la sociedad civil a seguir movilizada para garantizar derechos conquistados y seguir denunciando corruptelas, y no renunciar a través de la movilización a la sociedad que necesita la clase trabajadora.
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Con los últimos datos conocidos, referidos a mayo de 2019, el paro registrado en nuestra Comunidad se sitúa en 140.411 personas (-3,2%), 82.443 mujeres y 57.968 hombres y la tasa de paro registrado en el 12,7%.
La lacra del paro sigue afectando mucho más a mujeres y jóvenes menores de 25 años, tanto en nuestra Comunidad como en el resto del Estado.

Por sectores de actividad, en Castilla y León el descenso del paro registrado en el mes de mayo se ha extendido a todos los sectores, con mayor incidencia en el sector servicios con 2.286 desempleados menos, seguido de la agricultura con 873 menos, la construcción con 782 menos y la industria con 650 menos. El colectivo sin empleo anterior se ha reducido en tan solo 91 personas (-0,6%).

En términos interanuales, el paro registrado desciende en nuestra Comunidad en el último año en 10.013 personas y en España en 172.639 menos. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León son 12.372 más que hace un año, y en España hay 526.446 más.

Sin embargo, los contratos realizados siguen siendo temporales en su inmensa mayoría, 92,5%, y en este mes los indefinidos fueron 6.703, suponiendo el 7,5% del total (en España suponen el 8,9%); además, en este mes de mayo el 33,9% del total de los contratos lo son a tiempo parcial, esto es, uno de cada tres contratos registrados. En términos netos, en cifras absolutas y porcentajes, en Castilla y León, una de cada cuatro personas trabajadoras asalariadas tiene contrato temporal y casi una de cada cinco asalariadas lo es a tiempo parcial.

Aproximadamente 68.300 personas inscritas como desempleadas en Castilla y León no perciben prestaciones de desempleo, con una tasa de cobertura inferior a la media estatal. Solo un 55,2% de las personas desempleadas en nuestra Comunidad percibe algún tipo de prestación, frente al 59,1% en el Estado.

Es urgente la inmediata derogación de las Reformas Laborales – la del PSOE y la posterior del PP-, para poder construir un nuevo marco normativo que dignifique el trabajo. No es suficiente la subida del salario mínimo si luego se imponen contratos a tiempo parcial no deseados por las personas así contratadas. La legislación actual no sirve para potenciar el empleo estable y con derechos.
Es necesaria la modificación de las normativas sobre contratación, apostando por la contratación indefinida, la causalidad en la contratación temporal, modificando claramente el contrato a tiempo parcial y el contrato de formación, entre otros, y combatiendo el fraude en la contratación temporal.

Es además imprescindible definir con los agentes sociales un Plan de Empleo y Formación que haga frente al desempleo de larga y muy larga duración, cuyo objetivo ha de serla creación de empleo digno y de calidad y en el que han de implicarse todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) y gestionado desde lo local. Un nuevo modelo productivo, donde se de cabida al empleo verde, a la rehabilitación, a los cuidados de nuestro entorno y de las personas, lo que revertirá además en beneficios sociales.
Urge también una mejora sustancial de las normativas sobre protección al desempleo (nivel contributivo, subsidios, etc.), así como la derogación del IPREM y su sustitución por el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).


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