Desde las organizaciones sindicales están detectando un problema entre las y los trabajadores que no pueden tener el teléfono disponible en el puesto de trabajo. Entre las conversaciones que hemos tenido, en el sector industrial nos han comentado que no pueden acudir a consulta médica telefónica porque en las empresas no se permite tener el móvil durante la jornada laboral.

Entendemos que durante la parte más cruda de la pandemia se tomara la decisión de que la consulta de atención primaria se hiciera de manera telefónica, pero no que lo excepcional se convierta en definitivo cuando podemos preparar las consultas para atender presencialmente a quienes lo soliciten.

Desconocemos de qué manera estas empresas están dando bajas médicas a sus trabajadores y trabajadoras sino se les permite siquiera la atención sanitaria telefónica e invitamos a los Comités de prevención de seguridad y salud a que se pronuncien a favor de establecer medidas de atención a los y las trabajadoras que están en estas circunstancias.
Desde IUCyL hacemos una llamada a la Consejería de Sanidad para que las y los pacientes puedan acudir a las consultas médicas presencialmente de manera ordinaria. Y a que implemente las medidas necesarias para que no se produzca un deterioro de la atención sanitaria en nuestra Comunidad, entre ellas la contratación de personal sanitario y auxiliar para adaptar la atención sanitaria durante la vigencia del COVID-19.

La atención telefónica debería ser excepcional en atención primaria y hospitalaria. Y no puede ser una reacción estratégica que tape la falta de personal sanitario, ya que hace más difícil la prevención y la atención sanitaria adecuada en la mayoría de enfermedades donde se está recetando y diagnosticando sin una atención presencial.

Es inevitable que se recuperen las consultas presenciales entre pacientes y profesionales de la salud, no solo para solventar determinados problemas que se están produciendo en empresas que precarizan la salud de las y los trabajadores de Castilla y León sino porque los diagnósticos que se pueden hacer con la exploración y observación son más adecuados que en el caso de la atención telefónica. Y la salud tiene también que ver con una relación entre profesional y paciente que tiene que ver con la confianza mutua y con la relación directa entre ambos.

A IUCyL le sigue preocupando la voluntad de la consejería de Sanidad de modificar el servicio sanitario en las zonas rurales precarizándolo, centralizándolo en las cabeceras de comarca y colaborando en vaciar más lo pueblos de Castilla y León. Sobre todo, en estas fechas en las que la población rural de Castilla y León aumenta por la presencia masiva de personas que tuvieron que irse de nuestra Comunidad y vuelven a los pueblos de forma testimonial y unos días, al no haber podido encontrar en Castilla y León una tierra donde poder llevar a cabo sus proyectos de vida y los de sus hijos e hijas.
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Desde IUCyL queremos reclamar que se atiendan las solicitudes de comisiones de servicio humanitarias al personal docente de la Consejería de Educación de Castilla y León en las mismas condiciones que el resto de años.

IUCyL critica que tras el esfuerzo de los y las profesionales de la educación pública y el compromiso de las familias y el alumnado y una finalización del curso académico ejemplar, la Consejería de Educación de Castilla y León hace dejación de funciones en la valoración de las solicitudes de comisiones de servicio en atención a situaciones sobrevenidas del profesorado para el curso académico 2020/2021.

La Consejería de Educación ha decidido que este curso, en el que más circunstancias excepcionales pueden darse por causa del COVID-19, no se reúna la Junta Evaluadora de las solicitudes de forma ordinaria, por lo que los y las docentes con situaciones sobrevenidas que requieran de una comisión de servicio de este tipo no tendrán respuesta en tiempo y forma antes de que comience el curso.

Lógicamente, este proceso debería realizarse antes de que se establezcan las preceptivas vacantes para personal interino donde debería producirse un sustancial incremento del personal docente de cara al próximo curso para garantizar una vuelta segura a los centros educativos.

Desde IUCyL reclamamos que se invierta en educación pública por parte de la Junta de Castilla y León la misma cantidad proveniente del fondo COVID del Gobierno Central (1.600 millones de euros para toda España) y desde la Comunidad Autónoma se solicite al Gobierno la utilización de fondos específicos provenientes del acuerdo europeo para educación pública.

El curso escolar 2020-2021 será excepcional y ante circunstancias excepcionales la Consejería de Educación tendría que estar planificando en los Centros está excepcionalidad, contando con los y las directoras de los Centros educativos, los sindicatos y las familias para minimizar el riesgo de extensión del virus en los centros educativos, garantizando la escolarización presencial del alumnado con todas las medidas de seguridad, higiene y sanidad necesarias.

El Coronavirus ha agudizado algunas carencias de la escuela pública, sobre todo para el alumnado con más dificultades, a quienes tienen más problemas por la brecha digital y ello hace que los Centros y las autoridades educativas tengan que tener un plan de contingencia por si hubiera rebrotes en los centros o localidades, para que toda la Comunidad Educativa supiera cómo actuar.

Lamentamos la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León respecto al incremento de personal en los Centros públicos, ya que con el mismo personal y medios que el curso pasado no se va a poder llevar a cabo el próximo curso.

Desde IUCyL también reclamamos a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación el mismo compromiso en el ejercicio de sus funciones que el que ha demostrado el personal docente durante la pandemia, y que atienda las solicitudes de comisiones humanitarias con la rigurosidad que requieren.
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Izquierda Unida de Castilla y León reclama que la Junta de Castilla y León lleve a término la legislación contra el Ozono tal y como sentencia el Tribunal Supremo. Nos parece lamentable que, ante estos temas tan relevantes para la salud pública, tenga que ser Ecologistas en Acción quien recurra hasta altas instancias judiciales para que la Junta haga su labor y elabore planes de calidad del aire para controlar el ozono troposférico en nuestra Comunidad.

El ozono troposférico es un gas contaminante secundario muy complejo que se forma a partir de otros, entre ellos, los producidos por los tubos de escape de los coches o los hidrocarburos. Provoca irritación de ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

El Ozono malo es el contaminante más extendido y el que afecta a mayor cantidad de población. Los índices de este contaminante se superaron en las zonas de Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y sur y este de Castilla y León. Diversos cálculos estiman que la contaminación afectaría en Castilla y León alrededor de un millón y medio de personas.

Se trata de llevar a cabo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (noviembre de 2018) que el ejecutivo autonómico recurrió al Tribunal Supremo y que este ha desestimado. La Junta de Castilla y León se escudaba en la naturaleza “suprarregional y transfronteriza” del gas y en que las medidas locales tienen “muy poca incidencia sobre la presencia de esa sustancia en la atmósfera”. Pero el Tribunal Supremo desautoriza este planteamiento, lo que implica que tiene que hacer una propuesta de plan para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación en Castilla y León, aunque no haya un plan Estatal.

Además, IUCyL llevará a todos los Ayuntamientos de Castilla y León donde tiene representación mociones sobre la necesidad de realizar planes de calidad del aire en todas las ciudades de nuestra Comunidad para reducir los índices de contaminación por Ozono en nuestra Comunidad. Y llevará la propuesta al Grupo parlamentario de Unidas Podemos para la elaboración de una Plan estatal de calidad del aire en España.
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Desde que se declarara el estado de alarma en España los centros educativos de Castilla y León han permanecido cerrados y no volverán a abrirse hasta septiembre. Nos extraña que el plan de la nueva normalidad de la Junta de Castilla y León sea no tener un plan para adaptar el sistema educativo a la pandemia del Coronavirus.

Desde IUCyL no entendemos que en la instrucción de la Consejería de Educación de Castilla y León con el protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva no haya apenas cambios con respecto a cursos anteriores y que se cargue con la responsabilidad del funcionamiento a los equipos directivos de los centros educativos sin apenas inversión, ni siquiera una previsión de los fondos aportados por el Gobierno de España para la Escuela Pública.

Que los exámenes de septiembre vayan a ser de manera presencial y volver a las aulas sin tener correctamente planificado qué va a suceder en función de la evolución del virus en las diversas zonas educativas nos parece un error que se pudo cometer en marzo por falta de previsión pero que no debe volver a suceder ante un rebrote en algunas zonas de Castilla y León o en toda la Comunidad.

IUCyL exige que la vuelta a la normalidad sea sin riesgos: para el alumnado, para las familias, para el profesorado y con garantías de afrontar una educación pública y de calidad que hoy tiene más necesidades de políticas públicas que antes de la pandemia.

El número de alumnado por aula, que se incrementó con los recortes en Educación en la crisis económica del 2008, es un impedimento para llevar a cabo metodologías activas, para la atención a la diversidad y para los apoyos necesarios al alumnado. A todo ello, se suma la imprescindible adaptación de todos los currículos para la recuperación de las competencias no adquiridas el curso anterior, la necesaria formación del profesorado y del alumnado en las nuevas tecnologías y la lucha para disminuir la brecha cultural y digital que la pandemia ha agudizado.
Por todo ello desde IUCyL, junto a las organizaciones que conforman la comunidad educativa, reclamamos una mayor inversión en Educación Pública que nos acerque a la media europea del 7% del PIB, para que permita: entre otras medidas, bajar ratios y aumentar plantillas. Unas medidas que hoy más que nunca exigimos a la Junta de Castilla y León para poder garantizar la salud de la comunidad educativa y afrontar las nuevas necesidades educativas, que se desprenden de las tareas marcadas en las Instrucciones de la propia Consejería.

Seguir igual que hasta ahora, es abocar al cierre de los centros en el inicio del curso. Es necesario que los equipos directivos de los centros sepan con qué plantilla y medios cuentan el próximo curso, porque, de lo contrario, supone que la “nueva normalidad” no solamente no es nueva, si no que se descargan todas las responsabilidades sobre los Centros educativos, los equipos directivos y el profesorado.

Desde IUCyL pensamos que el momento de apostar fuerte por la educación pública y de calidad, porque es la que garantiza el derecho a la educación para todas y para todos. Para ello exigimos una mayor inversión para, en un primer momento revertir los recortes en educación, y para ponernos a la altura de la inversión de la media europea después, para los cual cuenta con las mayores aportaciones del Gobierno del Estado y las que la Junta tiene que realizar reflejándolo en sus presupuestos.
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