Según Juan Gascón, Coordinador de IU, “Recientemente, diversas noticias aparecidas en los periódicos de la CCAA hablan de los cierres de camas de nuestros hospitales en verano. Además, numerosas quejas nos llegan desde las zonas rurales, donde, en verano, y con mayor población flotante, se agrava aún más la ya precaria situación de los consultorios, al no haber personal sanitario suficiente para cubrir las vacaciones. Todo ello en un momento en el que la alta incidencia de la Covid-19, sobre todo entre la población no vacunada, amenaza con la saturación del servicio. Está claro que la no renovación de los contratos COVID lo van a pagar la población y el personal sanitario. Hecho este del que ya advertimos. Además, el aumento de la presión sobre atención primaria supone un empeoramiento de cuadros clínicos previos, o que las personas usuarias acaben en urgencias con patologías agravadas.”

Carmen Franganillo, coordinadora del área de salud de IUCyL “El portal de comunicación de la Junta informa de ya del cierre de 828 camas en la CCAA. Mientras, se producen derivaciones a hospitales privados, y aumentan las hospitalizaciones e ingresos por Covid, aunque lo más preocupante en este momento es la situación de la Atención Primaria, dado el tipo de población que sufren los contagios en este momento.

Las derivaciones a la privada es un problema que surge cada año. Esto significa en la práctica una peor atención, y, además más cara. Esta práctica significa un trasvase de fondos de la sanidad pública a la privada. Además, en algunos hospitales, muchas personas serán hospitalizadas en plantas que no corresponden a su patología.

No podemos olvidar que, aunque muchas personas que viven en las ciudades se van de vacaciones, cada vez son menos las familias que pueden hacerlo por causa de la “crisis”, y que, además, en esta época, vienen más turistas a nuestros pueblos, lo cual no sólo no supone una reducción de las personas a las que se atienden en cada hospital, sino que, en la práctica, aumenta.

Es un hecho conocido que muchas otras personas retornan a sus pueblos para pasar sus vacaciones, lo que aumenta considerablemente la población en estas zonas, y que todo ello debe ser absorbido por los consultorios rurales, que están bajo mínimos. El hecho de que se cierre las plantas hospitalarias se debe, sobre todo, a la falta de personal de enfermería y auxiliares, y no a las explicaciones que da la Junta, hablando del parón estival de intervenciones quirúrgicas, o de la necesidad de dar vacaciones, algo que ya debería preverse cada año, época que, en todo caso, debería aprovecharse para disminuir las listas de espera.”

A pesar de que las vacaciones del personal sanitario se gestionan de forma que nunca esté descansando más de un 25% de la plantilla, los problemas son evidentes, dado que el 90% del personal médico y el 80% de enfermería no suelen ser sustituidos nunca.

Para Izquierda Unida, “El problema es estructural. La falta de previsión no es casual, sino fruto de las políticas neoliberales que tanto la Junta como el Gobierno Central han llevado a cabo durante décadas.

La pandemia ha tensado todo el sistema sanitario y ha mostrado muchas de sus carencias, problemas estructurales -principalmente falta de personal- que en el caso de Atención Primaria se vienen arrastrando desde hace años. Forma parte de un plan perfectamente estructurado para desmantelar la sanidad pública y llevarnos a un modelo donde se priman las mal llamadas colaboraciones público-privadas y los seguros privados. El objetivo es hacer negocio con nuestra salud, lo que supone una vulneración de nuestros derechos como ciudadanos.”
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Hace casi tres meses, IUCyL denunciaba presiones por parte de la Junta de Castilla y León al Consejo de Seguridad Nuclear a favor de la apertura de la mina de uranio en Retortillo, por medio del antiguo Director General de Energía y Minas, Sr. González Mantero, como dejó claro la comparecencia del presidente del CSN en la Comisión de Transición Ecológica y reto demográfico del Congreso de los Diputados.

IUCyL no entiende por qué la Junta insiste en posicionarse de parte de la empresa multinacional en lugar de respetar el informe técnico del CSN, que concluye que existen gran cantidad de deficiencias en la propuesta presentada para el futuro almacenaje de residuos nucleares y respecto a la posible afección a los acuíferos por filtraciones.

IUCyL lamenta la posición del PP de Castilla y León tan cercana a los intereses de la multinacional australiana y tan lejana de los intereses de la gente y del medio ambiente de Castilla y León y que esta posición condicione la política medioambiental de la Junta.

IUCyL se muestra satisfecha con la propuesta técnica de denegación de la planta de uranio en Retortillo y de la posición política del grupo parlamentario de Unidas Podemos durante los últimos años contraria a este proyecto de mina, con las iniciativas presentadas en las Cortes de Castilla y León por José Sarrión, en el Congreso de los Diputados por Juantxo López de Uralde y en el Europarlamento por Sira Rego, así como la defensa de Ley de Cambio Climático y Transición energética aprobada hace unos meses que prohíbe la minería de Uranio en nuestro país mediante una disposición específica.

Castilla y León tendría que apostar por un modelo de industria propio que no sea residual como la de Berkeley en Retortillo, que la política industrial de nuestra Comunidad deje de mirar al siglo XIX para apostar por una política industrial del siglo XXI. Ayer fue un día histórico al conocer la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear y esta decisión será muy positiva para la salud y para el medio ambiente de Castilla y León.

IUCyL quiere poner en valor la labor realizada por las plataformas y movimientos que pusieron sobre la mesa política y mediática esta problemática y sin los cuales no hubiera sido posible la paralización de la construcción de la Mina de Retortillo. Especialmente agradecer la labor de Stop Uranio, de Salamanca Antinuclear y de Ecologistas en Acción por el trabajo incansable y por haber vertebrado la oposición social, desde hace más de diez años, contra esta descabellada propuesta.
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El pasado miércoles, el Ministerio de Consumo lanzaba una campaña que pretende sensibilizar y abrir un debate, sobre la necesidad de disminuir el excesivo consumo de carne en España por diversos motivos, tanto para la salud, como sobre la sostenibilidad de la producción de alimentos y medioambiente.

Dicha campaña se ha visto respondida con dureza y una notable falta de rigor por las patronales agroalimentarias (que lógicamente defienden su cuenta de resultados), partidos de la oposición y más sorprendentemente por instituciones como la Junta de Castilla y León, que a diario recomiendan a la población en el mismo sentido que el ministerio de Garzón.

Izquierda Unida ha observado, con estupor, la respuesta territorial y de algunos ministros del PSOE que, siendo parte mayoritaria del gobierno del estado, ha rechazado una propuesta que contempla en su pacto de gobierno y en varias estrategias previamente aprobadas.

Desde IU, recuerdan que el incremento en el consumo de carne está relacionado con el aumento de las enfermedades cardiovasculares o de diabetes (considerada por la OMS como pandemia, se la estima responsable de 4 millones de muertes al año, por distintas complicaciones relacionadas con ella). Señala también que las muertes relacionadas con la ingesta actual de grasas, sal y azúcares son superiores a las derivadas del tabaco, representando una de cada cinco muertes en el mundo. A su vez, según la OMS también existe un mayor riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. En el ámbito de la salud, IU señala también el componente de clase, que condiciona tanto en recursos como en tiempo disponible y acceso a la educación para la salud, variables que deben tenerse en cuenta en el análisis y acción en esta materia.

IU Castilla y León insta a la Junta, ante la airada respuesta de Francisco Igea, a aclarar si cambiará las recomendaciones en el ámbito de salud, contra la evidencia científica, para agradar a la industria cárnica de la comunidad. Desafortunadamente mientras en los colegios se estudia la pirámide alimenticia o el propio SACYL tiene guías donde indica reducir la ingesta de carne roja, nuestro Presidente Alfonso Fernández Mañueco anuncia una campaña para incentivar el consumo. Nos preguntamos si lo hará a cargo de los fondos Europeos no vaya a ser que la UE “nos de un tirón de orejas” por ir en contra de los acuerdos y la documentación que ha presentado el Gobierno de España a la EU.

En el ámbito medioambiental En España, los productos de origen animal son responsables del 80% de las emisiones asociadas a la dieta. De todo ello se hace eco el reciente informe de prospectiva “España 2050”, en el que se asume que para hacer frente los desafíos ecosociales, tendremos que cambiar no sólo la forma en la que producimos, sino también en la que consumimos bienes y servicios, y en particular reducir nuestra ingesta de alimentos de origen animal. Así, Izquierda Unida recuerda que una propuesta política que se diga ecológica no puede eludir el debate de la forma de producir y consumir bienes, menos aún rechazarlo frontalmente.

Sobre las declaraciones de diversas asociaciones agrarias, IU insiste en el modelo de defensa de la ganadería extensiva, de modelo familiar y de proximidad, que está siendo dañada por la ganadería industrial. El propio ministro, del cual han pedido la dimisión, ya ha aprobado medidas que facilitan la producción y venta segura de productos agroalimentarios de circuito corto de pequeñas explotaciones.

Por último, la organización autonómica, demanda rigor, serenidad y honestidad en un debate que trata de cómo se produce sin agotar recursos, y como consume sin dañar la salud.
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Tres años después de que la UDEF entrara en los Ayuntamientos de Palencia, León, San Andrés de Rabanedo o Villaquilambre, el Juzgado de Badalona donde estaba centralizado el denominado “caso enredadera” ha acordado remitir pieza separada a los Juzgados de Palencia y León que corresponda.

El Auto de inhibición a favor de estos Juzgados, que es definitivo tras haber resuelto la Jueza los recursos interpuestos por los imputados, acuerda la remisión de la documentación incautada en los ayuntamientos de Cistérnga (Valladolid), Palencia, León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre a los Juzgados que corresponda en función de la competencia territorial, remitiéndose al escrito de la Fiscalía en cuanto a la posible tipificación de los delitos.

La Fiscalía califica los delitos cometidos en cada uno de estos ayuntamientos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o delitos de falsedad en documento público, oficial o mercantil.

El Coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, organización personada como acusación particular en estas Diligencias Preliminares, asegura que van a seguir muy de cerca el desarrollo de estas investigaciones. Los delitos de que se acusa son muy graves y más si en los mismos están implicados cargos públicos.

Izquierda Unida de Castilla y León espera que la próxima llegada a los Juzgados de nuestra Comunidad de la documentación incautada en los ayuntamientos mencionados, así como el resto de documentación obrante en el Juzgado de Badalona relacionada con estos -escuchas telefónicas, etc. - sirva para dar un impulso a las investigaciones y pueda dirimirse cuanto antes quienes son los autores de los graves delitos que se investigan, pasando cuanto antes a la fase del juicio penal.
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