El Coordinador de IUCyL y procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha reivindicado la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica en la paralización definitiva y urgente del proyecto de mina de uranio y planta de procesamiento entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, en Salamanca.
“La lucha contra el éxodo rural y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que viven en la provincia de Salamanca continuará sometida a riesgo mientras no se paralice de cualquier tipo de actividad de minería de uranio en las comarcas afectadas. Ya que esta no sólo no redunda en beneficio de las poblaciones que las ocupan sino que, por el contrario, vienen a impedirles realizar las actividades económicas que representan su medio de vida”.
Recientemente, Sarrión, presentó una Proposición No de Ley para que el nuevo gobierno central manifieste su oposición a la instalación de una mina de uranio en Salamanca y paralice cualquier acción en la zona de Retortillo-Villavieja de Yeltes, relacionada con la mina en el ámbito de sus competencias, hasta que se resuelva la obtención de permisos por parte de la empresa Berkeley Minera España, S. L.
Tras las últimas informaciones, reivindica al secretario de Estado de Medio Ambiente “un golpe encima de la mesa” que ponga fin al proyecto de la compañía australiana Berkeley Resources (Berkeley Energia en España), y que tenga en cuenta las propuestas aprobadas por la mayoría de los partidos en la ponencia de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo; quienes votaron a favor de paralizar el proyecto, informar del mismo al Gobierno portugués como parte interesada y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que presente antes de julio un informe detallado del estado actual del proyecto.
Por su parte, Sarrión ha lamentado que el PSOE, a pesar de haber apoyado esta propuesta, haya rechazado otras cinco resoluciones que proponía el grupo UP, en el que se encuentra integrado Izquierda Unida, especialmente la resolución número 53, que instaba a “prohibir las actividades de minería del uranio en España y no otorgará permiso de explotación de ninguna mina”. “No es razonable oponerse a las minas de uranio sólo tras años de movilizaciones de los habitantes de las comarcas y al mismo tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos”.
