A petición de procurador de IU-Equo, Jose Sarrión, el consejero de Fomento y Medio Ambiente comparecerá mañana en sede parlamentaria, con el objetivo de dar a conocer las informaciones sobre materia de cobros para la mediación a favor del proyecto de la empresa Berkeley para la explotación de una mina de uranio en la provincia de Salamanca.
Asimismo, trasladará a los miembros de la Cámara, información relativa al funcionamiento, gestión y actividad de la planta de compostaje de residuos orgánicos de la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L., situada en la localidad de Fuentepelayo en la provincia de Segovia.
Mina de uranio
En septiembre del año pasado, IU-EQUO promovió una PNL solicitando la revisión de la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dictaba la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación de minerales de uranio, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca. Iniciativa que fue rechazada por la bancada popular.
El procurador de IU-Equo ponía de manifiesto en la iniciativa, que la declaración consideraba los residuos generados por la Planta de Tratamiento de uranio como fuente de radiactividad natural, pero no la catalogación de radiactivos.
Un proyecto, recuerda Sarrión, que debe contar con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Salamanca para aprobar el uso excepcional de suelo rústico en el terreno afectado por la mina. “Una información pública donde aparecen numerosos errores que la invalidan”.
Además, en relación con este proyecto minero, la administración autonómica expropiará terrenos para el desvío de la carretera comarcal SA-332. “No se entiende que se vaya a expropiar sólo las fincas afectadas por el desvío de la carretera y no todas las correspondientes al proyecto minero en sí”, apunta el procurador. Además, “para este desvío se han arrancado medio centenar de encinas de gran porte y se están realizando trabajos a pesar de no tener la propiedad de todo el trayecto previsto”.
“Actuaciones que llaman la atención, como el vallado perimetral de la zona minera, incluyendo los espacios considerados ZEC y ZEPA”.
Sarrión recuerda que la preocupación de IU-Equo es compartida por Gobierno portugués, que ha pedido información a la Junta de Castilla y León sobre el proyecto minero. Además de la presencia del miembro del Consejo Ejecutivo del Partido Ecologista ´Os Verdes´ de Portugal, Miguel Martins en el parlamento, en noviembre del año pasado, donde mostró su preocupación por la mina de uranio
Finalmente, Sarrión recuerda que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por el partido EQUO y Ecologistas que, entre otras cuestione, “argumenta la invalidez de la DIA por la ausencia del reconocimiento de ese carácter radiactivo de los residuos”.
Fuentepelayo (Segovia)
En referencia a la planta de compostaje de residuos orgánicos de Fuentepelayo en la provincia de Segovia, el procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión increpará al Consejero de Fomento y Medio Ambiente ante la situación denunciada por IUCyL-Equo en el parlamento autonómico. “El pasado 15 de diciembre de 2015 comprobamos in situ los olores, las 6.000 toneladas de residuos orgánicos -entre ellos caramelos, botes de garbanzos, patas de ovejas…, aguas residuales procedentes de mataderos, hospitales, industrias cárnicas o plantas depuradoras…”
“Miedo me dan, poco me tranquilizan, cuando afirman que actuarán como lo vienen haciendo hasta ahora”, ha afirmado el procurador. “En esta planta se están realizando actividades más allá de para las que tiene licencia, como vertidos en diferentes parcelas del pueblo, y hay un problema importante porque los olores en Fuentepelayo son nauseabundos; se puede estar contaminando el suelo y se puede generar un riesgo futuro para la zona agrícola”, ha manifestado.
La comparecencia responde a un conjunto de actuaciones parlamentarias realizadas en torno a Fuentepelayo, como una batería de preguntas escritas, una solicitud de documentación y una Proposición No de Ley.
